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El ex senador y actual gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, podría ser citado como testigo en la causa en la que se investigan los presuntos sobornos que se habrían pagado en el 2000 para conseguir la aprobación de la Ley de Reforma Laboral. La medida fue pedida por los fiscales federales Eduardo Freiler y Federico Delgado, y se encuentra a resolución del juez federal Rodolfo Canicoba Corral.
Cuando, hace un mes, el arrepentido Mario Pontaquarto confesó que él había sido quien retiró el dinero de la SIDE, el gobernador puntano habría dejado trascender a distintos medios locales que “estaba dispuesto a contar todo lo que sabía”.
Los dichos motivaron que los fiscales quisieran conocer en detalle qué tiene para decir el gobernador que no hubiera declarado en otros momentos de la causa. Cuando se discutió la reforma laboral en el Senado, sólo cuatro senadores justicialistas votaron en contra. Uno de ellos fue Rodríguez Saá; los otros fueron el santacruceño Daniel Varizat, el entrerriano Héctor Maya y el puntano Carlos Sergnese.
En aquella sesión, mientras algunos legisladores del justicialismo afirmaban que votarían la reforma laboral por disciplina partidaria, Rodríguez Saá había señalado desde su banca que el tratamiento del proyecto era bochornoso. En su momento, esa afirmación fue muy tenida en cuenta por los fiscales federales. En tribunales se especulaba ayer con que Rodríguez Saá pudiera entregar su testimonio por escrito.