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La tentación de prejuzgar

 Por Mario Wainfeld

Lino Villar Cataldo mató de cuatro tiros a Ricardo Krabler quien había intentado asaltarlo y robarle un auto. Según Villar Cataldo el asalto fue violento, Krabler lo agredió, esgrimió un pistolón, lo amenazó de muerte. El arma es una Bersa 9 milímetros, Villar Cataldo es su titular.

Quedan por develarse muchos aspectos del hecho trágico, esenciales para sentenciar. Subrayemos que se revierte la carga de la prueba. El que mató no se presume inocente: debe acreditar que obró en legítima defensa, como alegó en Tribunales y en declaraciones periodísticas. Depende de varios factores: la gravedad de la agresión, la proporcionalidad de la respuesta, el tiempo que se tomó Villar Cataldo, entre muchos etcéteras.

Hechos de esta índole tientan a comunicadores y dirigentes políticos a convertirse en jueces infalibles y dotados de percepción extrasensorial: no precisan evidencias para pronunciarse. Así obraron formadores de opinión y la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. Esta dictaminó que “la víctima es el médico. No hay que perder de vista ese concepto”. Extraño e incoherente concepto, porque en otras causas como los Panamá Papers, los funcionarios convocan a esperar que “la Justicia decida”.

Da pena mencionar a un periodista conocido por su manodurismo que también sella el asunto y agrega “uno menos”, aludiendo al joven muerto. La consigna “Ni una menos” fue elegida por la sociedad civil para combatir la violencia machista. La similitud seguramente es casual, lo que no la priva de significación.

Eludiremos la tentación de “sentenciar” o, así más no fuera, especular. Es prematuro mientras quedan circunstancias pendientes de develación que abren un abanico amplísimo de desenlaces que van de una condena por homicidio calificado hasta la absolución.

Sobran discípulos de Isidro Parodi, aquel presidiario imaginado por Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, que descifraba cualquier enigma policial pese a estar encarcelado.

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Los criterios de Bullrich son tan deplorables cuan coherentes con su ideología. El ministro de Justicia, Germán Garavano, optó por refutarla, sin nombrarla: señaló que Villar Cataldo, Krabler y “la sociedad” son víctimas. Un baño de sensatez y un cachito de apego a la ley nunca vienen mal.

Krabler tenía familia, afectos. Ellos son víctimas, en cualquier escenario. Se los priva de respeto y se los destrata, se los deshumaniza.

Definir la calificación penal depende de la labor del magistrado y los fiscales. La pérdida de una vida es irreparable para la sociedad.

Las amenazas de allegados y amigos de Krabler atemorizan. Ojalá sean solo producto de la desolación y el dolor que no los legitima para ejercer violencia. Salteamos también la expresión “justicia por mano propia”, inexacta y brutal.

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Hemos evitado hasta acá mencionar que Villar Cataldo es médico. El licenciado en Comunicación Roberto Samar explicó, en una columna publicada en Página/12, que el martilleo de ese dato evoca al caso del Ingeniero Horacio Santos, un “justiciero” que tuvo triste fama hace más de veinte años.

Hablar todo el tiempo del “médico” que ultimó a “un delincuente” define roles sociales y valoraciones que redimen o excusan de antemano. La identificación del público con el ciudadano honesto y con título universitario se presume y se consigue, en gran medida. La empatía cultural funciona pero (¿porque?) se ejercita de modo abusivo. El autor de esta columna es de clase media y profesional graduado como Villar Cataldo, también tiene hijos. Puede sintonizar con los temores del hombre por la seguridad de su familia o con sus consejos para que “la gente no compre armas” o con la desolación que expresa por haber matado a otro ciudadano. Cuesta compartir su decisión previa de munirse de un arma de grueso calibre y tenerla a mano.

A este cronista, crítico de los cotidianos abusos de prisión preventiva, le parece aceptable que se concediera excarcelación extraordinaria a Villar Cataldo. Es una persona del común, sin poder para interferir en la investigación ni ha dado señales de querer rehuir el accionar de los jueces y fiscales. El criterio garantista debería expandirse a miles de casos pero eso no descalifica la resolución del juez de Garantías Lucas Oyhanarte.

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