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“Planeo recomendar al Directorio la aprobación de esta revisión junto con los desembolsos asociados, lo cual habilitará a la Argentina a recibir el reembolso de los 3100 millones de dólares”, expresó Anne Krueger, a través de un comunicado que leyó en conferencia de prensa el vocero del Fondo, Thomas Dawson. La nota firmada por la gerenta del FMI es una buena guía para entender la pulseada que se desarrollará en los próximos meses, con vistas a la negociación de septiembre, cuando haya que fijar las metas fiscales para el 2005 y 2006. Los principales puntos son los siguientes:
- “Las metas cuantitativas fueron cumplidas por amplio margen y las políticas se mantienen encarriladas para alcanzar las metas de fines de marzo. Vigorosos ingresos tributarios y un firme control del gasto público dan como resultado un superávit fiscal mayor al previsto”, señala la carta.
- El documento que será elevado al Directorio también blanquea que el crecimiento en el 2004 será mayor al previsto en la carta de intención firmada en septiembre. Habla de un incremento del PBI del 5,5 por ciento, cuando el pronóstico original era de sólo 4 por ciento. La cifra luce todavía modesta, si se tiene en cuenta que la mayoría de los consultores privados arriesgan un piso del 6,5 por ciento.
- La mejora en el prónostico llevará, más temprano que tarde, a que el Fondo Monetario presione por rediscutir las metas fiscales. Y, peor aún, a mejorar la oferta a los acreedores privados, una pelea de la que esta semana hubo sólo un anticipo. En septiembre deberán discutirse los números para los próximos dos años, y en el propio equipo económico dan por descontado que los técnicos del organismo exigirán que se eleve la pauta de superávit fiscal del 3 por ciento actual a más del 4 por ciento.
- En cuanto a la negociación de la deuda, la carta dice: “Las autoridades subrayan los elementos centrales de un acercamiento con el objetivo de alcanzar un acuerdo colaborativo con los acreedores que resulte en un nivel de deuda sustentable para la Argentina”. Y describe los pasos que deberían seguirse en el corto plazo: “Las autoridades trabajarán con la asistencia de bancos de inversión para establecer un cronograma y un proceso que garantice negociaciones significativas con todos los grupos de acreedores representativos”.
- Este último punto no es menor. Por un lado, no estipula fecha alguna para presentar formalmente la oferta a los acreedores. Krueger quiere que la fecha sea septiembre, para que el mayor superávit fiscal que exigirá entonces el Fondo sea la contracara de una propuesta más atractiva para los acreedores. El Gobierno quiere cerrar trato cuanto antes –en junio o julio– para evitar, justamente, que el apriete venga en combo. Por otro lado, una de las condiciones que había reclamado el Fondo en un principio era que se renociera como interlocutor privilegiado al Comité Global de Bonistas, un grupo de acreedores muy crítico de la propuesta oficial y con gran poder de lobby en Washington.
- “Con este fin las autoridades trabajan para terminar en pocos días un decreto que dé pleno status legal a la tarea de los bancos de inversión”, agrega la carta. Ese decreto reconocerá la jurisdicción internacional, tal como demandaba el Fondo.
- En lo poco que habló ayer, el vocero del FMI, Thomas Dawson, se preocupó por aclarar que el organismo “no es parte” en la renegociación de la deuda, un comentario que suena ridículo a la luz del fuerte lobby que ejerció el Fondo en las últimas semanas en favor de los acreedores. Dawson también dijo que “las autoridades argentinas y los tenedores de bonos deberán ser los que determinen cuál será el resultado de las negociaciones” y que “no será el FMI el que dicte cuál es la salida”. Acá el Fondo resignó el pedido original de que se estableciera un piso de aceptación de la oferta por parte de los acreedores del 80 por ciento para considerar exitoso el proceso.
- El documento también reserva un párrafo a las llamadas “reformas estructurales”. Y apela a un eufemismo para advertir que todavía está pendiente el ajuste tarifario para las empresas de servicios públicos. Habla de la necesidad de avanzar en “las reformas del sector de servicios públicos”.
El documento confirma un gran objetivo del Fondo. El haber instalado en la agenda la negociación de la deuda con los acreedores privados, un tema en el cual, en septiembre pasado, había jurado mantenerse prescindente. Una vez más, el organismo corrió los arcos. Pero en esa nueva cancha, hay que reconocerlo, el Gobierno logró evitar la goleada. El problema es que recién terminó el primer tiempo.