EL PAíS › OPINION

En Ciccone, ahora le toca al Estado

 Por Martín Granovsky

El concurso de acreedores de Ciccone, del que informó ayer este diario con detalle, muestra la trama verdadera de los negocios que se armaban al calor del poder político. También revela la falta de reacción de la Justicia, tanto comercial como correccional, y la exasperante tranquilidad de los fiscales y los organismos de recaudación del Estado cuando una empresa como Ciccone tiene una deuda con la AFIP de 255 millones. Sin embargo los escándalos reales, cuando involucran al poder económico y político, no son para los libros de historia. Abren preguntas muy actuales.
El ministro del Interior, Aníbal Fernández, frenó en el 2003 una operación para que Ciccone cobrara otra vez al Estado un sistema de identificación de huellas, el AFIS, por el que el Estado ya había pagado antes. Pero Ciccone justificó un aumento en el pasaporte basándose en ese servicio que el Estado no precisaba. ¿El ministro revisará el contrato?
La provincia de Buenos Aires también firmó en el 2 de junio del 2000 un convenio con la Policía Federal para compartir el AFIS. Pero a esa altura la Policía Federal no tenía implementado el AFIS que debía ser provisto por Ciccone como contratista de la firma francesa Sagem. Sin embargo el comisario Rubén Santos, de la Federal, opinaba favorablemente. Y ni había experimentado el servicio en su fuerza. La provincia pagó por el AFIS 28 millones de dólares a través del Credit Lyonnais. Pero el Estado nacional ya lo había pagado. ¿El gobernador Felipe Solá y el ministro de Seguridad Carlos Arslanian ordenarán investigar? ¿Se preguntarán qué papel jugaron el ex gobernador Carlos Ruckauf y su secretario general Esteban Caselli?
Y la Policía Federal, ¿pedirá revisión de los contratos con los Ciccone y del convenio con la provincia de Buenos Aires?
Un proveedor de Ciccone, Norberto Crespo, denunció que el gerente financiero de Ciccone intentó comprarle el voto para la asamblea de acreedores. El juez Ernesto Botto recibió la denuncia y no hizo nada, salvo pasársela al fiscal Alejandro Molina Pico. Molina Pico la recibió y aún no se puso en movimiento. ¿Se darán cuenta de que pocas veces queda filmado un intento de soborno y que ésta es una de ellas? ¿Se interesarán en las innumerables pistas que deja abierta la grabación? ¿Serán conscientes de que el tiempo transcurrido permitió, tal vez, que acomodaran sus papeles en desorden las dos escribanías que trabajaron en los contradocumentos?
El criterio del procurador actual, Esteban Righi, según pudo saber este diario, es que no corresponde que él dé instrucciones particulares a los fiscales. ¿No puede dar instrucciones generales de con qué celeridad deben actuar los fiscales cuando el perjuicio económico para el Estado es tan grande?
El juez comercial Atilio González les dio la administración de la quiebra a los propios Ciccone. Luego, asustado, sólo suspendió la última asamblea cuando Crespo le mostró que las irregularidades habían sido publicadas por Página/12. ¿La cámara de magistrados que debe supervisarlo lo encuentra eficaz? Y la AFIP, gran acreedora de los Ciccone, aunque no vota, ¿no tiene forma legal de interesarse en el trámite del concurso? Más aún: ¿le interesa ese trámite y la suerte que correrán las deudas con el Estado?
¿Alguna autoridad del Estado, en alguno de sus tres poderes, investigará la evolución patrimonial de los Ciccone y sus características?
La Casa de la Moneda se autoexcluyó de licitaciones argumentando que no tenía elementos técnicos suficientes. Algunos de sus honestos empleados dicen que la inutilidad no es verdadera, pero que el argumento fue norma mientras Armando Gostanian presidió el organismo. ¿El ministro de Economía ordenará una investigación interna?
Mario Montoto, el amigo de Daniel Hadad y Esteban Caselli, es un lobbista y empresario que circula con mayor o menor suerte como mínimo por dos ministerios del gobierno actual. Quiere transformarse en un gran proveedor de servicios del Estado y hasta sueña con ser el puente entre la Argentina e importantes dirigentes de los Estados Unidos. ¿Algún ministerio ya analizó su confiabilidad? ¿O dentro de unos años habrá que escribir la increíble historia de cómo el antiguo ayudante de Mario Firmenich imitó con éxito los pasos de la Haliburton norteamericana?
Rubén y Norberto Crespo son dos ciudadanos que ni siquiera imaginaron el nudo que estaban desatando al denunciar penalmente a Ciccone. Su actitud fue sencilla: eran proveedores de una empresa desde 1998 y al momento del concurso les ofrecieron un monto mucho menor que los 250 mil pesos adeudados. Luego un gerente los visitó tratando de comprar su voto, y fue tan didáctico que terminó explicándoles cómo se burla a la Justicia. Los Crespo, en lugar de aceptar el pago, lo denunciaron. Actuaron rápido. Ahora le toca al Estado sacudirse la modorra.

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