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Telefónica encabeza el ranking de quejas recibidas por Defensa del Consumidor. Lo que sigue es una síntesis de las cuestiones pendientes con el gobierno nacional, además de las tarifas:
- Servicio Universal.
En 1990, cuando Menem privatizó ENTel, se estableció que quienes ganaran la licitación debían prestar el denominado servicio universal, que garantizara las comunicaciones básicas para las casas de familia, los jubilados, las personas con discapacidades y las áreas no rentables. Al concluir la década de exclusividad, el gobierno de la Alianza creó un fondo fiduciario de servicio universal que debía formarse con el 1 por ciento de todos los servicios de telecomunicaciones. Pero nunca fue reglamentado. Como las empresas los cobran a los abonados pero no los integran, se acumularon 350 millones de pesos, que crecen a un ritmo de 70 millones anuales. En vez de reglamentar ese fondo establecido en el marco regulatorio y reclamar a las empresas el dinero acumulado, Moreno creó un pintoresco Fondo Fiduciario para la Reconstrucción del Complejo Industrial de las Telecomunicaciones y convenció a Kirchner para anunciarlo en la Bolsa. Su objetivo declarado: desarrollar la industria. La estampida de inversiones que suponía Moreno no se produjo. Los apenas 17 millones de pesos que reunió el fondo no provinieron de inversores ávidos por apostar al futuro de la industria argentino sino de las propias empresas prestadoras y proveedoras, que se quejan de los métodos rudos del recaudador. “El que no pone no pasa por esta puerta”, fue su consigna. Sirvió para financiar algunos proyectos menores, como balizas para torres o desarrollo de servicios de comunicaciones en El Calafate. En cambio nada se ha avanzado en rubros fundamentales, como la colocación de antenas para telefonía rural, que con los 350 millones de pesos aún no reglamentados se hubiera podido financiar.
- Concentración.
Bell South puso en venta sus once empresas en América Latina. Salvo en Brasil, las restantes diez fueron adquiridas por Telefónica, que en la Argentina se fusionará con Movicom. De este modo, Telefónica se quedará con más de la mitad del mercado celular, con el tercer operador de telefonía de larga distancia, con el principal proveedor de enlace para terceros. El mes pasado Moreno se expidió aprobando la fusión sin otra exigencia que limitar a la nueva compañía a 50 Mhz de ancho de banda para telefonía móvil, como indica el Reglamento de Frecuencias. Entre Telefónica y Movicom suman 90 Mhz. El excedente deberá ser devuelto al Estado, pero como no se estableció el calendario para la transferencia, la medida es abstracta y dependerá de futuras negociaciones en la Comisión Nacional de Comunicaciones. Nada dijo sobre la coubicación (la posibilidad de que una empresa nueva utilice las instalaciones existentes), la portabilidad numérica, la facilidad de roaming y el uso de la red preexistente, todo ello a tarifas razonables que permitan la competencia de pequeños prestadores. También deben opinar la Secretaría de Defensa de la Competencia y el tribunal de defensa de la competencia, a los que Moreno está presionando por un pronunciamiento favorable, pero sin suministrar la información necesaria ni asistir a las reuniones programadas entre ambas secretarías. Defensa de la Competencia, a cargo de Leonardo Madcur depende de Economía y, de ser informada y consultada, podría exigir por ejemplo que Telefónica vendiera la operación de larga distancia o de Internet (movi.com), o alguna marca.
- Internet.
Los miembros de la Cámara de Proveedores de Internet acordaron establecer un punto de interconexión para todos, Network Access Point (NAP). Las empresas de Telefónica y Telecom, Advance y Arnet, que son los dos grandes, abandonaron el acuerdo y el gobierno no intervino. Desde entonces les cobran más a los pequeños ISP, que no tienen alternativa. Los proveedores de banda ancha para Internet no llegan a las casas. Para ello necesitan un acuerdo con los prestadores del servicio básico. El Estado debería regular el precio a pagar por ese tramo, que va desde la casa del usuario hasta la central, pero no lo hace. Durante la gestión de la Alianza se desagregó ese tramo de la red, pero nunca se fijó el precio. Telefónica y Telecom cobran lo que quieren y por medio de Advance y Arnet mantienen una posición dominante. Algo parecido ocurre con el número de tarifa reducida para acceso a internet, que las prestadoras del servicio básico no permiten usar a los otros servidores. Aunque los demás también tengan un número de tarifa reducida, la magnitud menor de esas compañías hace que no sea conocido, con lo cual el 0610 se convierte casi en una marca comercial.
En todos los casos, la decisión depende de Moreno. La contradicción entre el interés público, que debe defender, y el privado de Hadad y Moneta por el cual abogó ante Telefónica, no puede ser más ostensible.