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Las iniciativas para derogar las leyes secretas que habilitan la existencia de fondos reservados han fracasado en forma sistemática. “El que los manejó no quiere que prosperen, el que los está manejando menos, y el que aspira a manejarlos, por las dudas, prefiere que sigan existiendo”, resumió una fuente con experiencia en la materia. Ya en 1998 el entonces diputado Rodolfo Terragno firmó un proyecto de ley que perdió estado parlamentario, y el año pasado lo volvió a presentar como senador, con algunas modificaciones. Con el tema otra vez en los medios, resurgieron proyectos en la Cámara de Diputados, donde ya otras propuestas habían dormido en los cajones de las comisiones. Como botón de muestra, la comisión de seguimiento del uso de gastos reservados, mencionada en varios proyectos, nunca fue creada.
En febrero de 2000 el ex diputado y actual embajador en Cuba, Darío Alessandro, insistió con un proyecto ya presentado en 1996 para derogar todas las leyes públicas o secretas referidas a gastos reservados. Decía Alessandro que a esas partidas sólo debía autorizarlas el Congreso y para actividades vinculadas con la seguridad exterior.
El bloque del ARI realizará hoy a las 15 una conferencia de prensa para presentar un paquete de leyes que apuntan a “transparentar los fondos reservados”. El diputado Adrián Pérez adelantó que “en los proyectos se pide la derogación de las normas secretas que regulan los fondos, la obligatoriedad en las publicaciones de normas secretas que establecieron fondos reservados en los últimos años, la reducción del número de organismos receptores de dinero proveniente de los fondos y el establecimiento de mecanismos más eficientes de control”. Por su parte, el diputado demócrata Gabriel Llano, acompañado por Alberto Natale, presentó una iniciativa en el mismo sentido.
El proyecto del senador Terragno pretende convertir los fondos reservados en “gastos registrados de publicidad diferida”, y restringir aún más los organismos que los manejan. Lo está “estudiando” la Comisión de Seguridad Interior y Narcotráfico, y la bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia. Esta última ha recibido críticas por su escaso accionar. “Está bien que la SIDE oculte lo que gasta mientras persigue a narcos o protege una cumbre internacional, pero cuando el operativo terminó se debe dar a conocer el destino de los fondos, así dejarían de ser discrecionales”, explicó a Página/12 una fuente parlamentaria. Por su parte, el senador Mario Losada tiene dos iniciativas similares presentadas el año pasado que están en cinco comisiones diferentes. “El Congreso tiene que pronunciarse... dejan morir los proyectos”, se lamentó ante este diario.
El Presupuesto de 2005 aprobó 334 millones para ser destinados a gastos reservados, pero el Poder Ejecutivo tiene la facultad de aumentar esa cifra. De hecho, así ocurrió con las partidas destinadas a la Secretaría de Inteligencia en años pasados. Hubo denuncias y sospechas sobre el destino de esos excedentes como financiación política pero hasta ahora no fueron comprobadas. El origen de los gastos reservados se remonta a la dictadura del general Juan Carlos Onganía, quien luego del Cordobazo los institucionalizó a través de la ley 18.302 que continúa en vigencia y que algunos legisladores quieren derogar. Según Alessandro, desde el retorno de la democracia hasta fines de 1993 el Estado destinó 2300 millones de dólares a esas erogaciones. La administración menemista multiplicó la cifra e intentó extender el beneficio al Poder Judicial, a la Corte Suprema, a la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico y demás dependencias que no estaban contempladas en las leyes secretas.