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“Violencia institucional y exclusión: límites para el proceso democrático”, es el título del nuevo informe que ayer dio a conocer el CELS. En un año marcado por un hecho de trascendencia, como fue el fallo de la Corte que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de punto final y obediencia debida, el trabajo realizado por el organismo sobre la situación de los derechos humanos no dejó de reivindicar los pasos dados en las investigaciones sobre los crímenes cometidos por el terrorismo de Estado. Pero tampoco olvidó la agenda de temas en materia de seguridad social y política aún pendientes. El alarmante estado del sistema penitenciario, la persistencia de desigualdades y la necesidad de profundizar las reformas al sistema jurídico fueron algunas de las cuestiones que discutieron varias de las figuras académicas que ayer participaron en la presentación.
El director ejecutivo del CELS, Víctor Abramovich, intentó hacer un resumen del documento y remarcó dos ideas centrales. Por un lado, la continuidad en la desigualdad de los ingresos y en el acceso a servicios básicos como la salud y la educación, que contrastan con el proceso de recuperación económica. Sin embargo, otra cuestión concentró su atención. “Estamos ante un hecho gravísimo como lo es la falta de acceso a la justicia por parte de algunos sectores, que además sufren una violencia policial indiscriminada”, dijo. La mención hacía referencia a un caso particular: el incendio en el penal de Magdalena, que en octubre se llevó la vida de 33 jóvenes y que ya cosechó varias denuncias del organismo. “Se trató de uno de los episodios más vergonzosos que tuvo en sus víctimas a los sectores más vulnerables de la sociedad y que nos revela un gran deterioro jurídico, político y ético”, enfatizó Horacio Verbitsky, presidente del CELS. En igual sentido, las investigaciones llevadas a cabo por el centro alertaron sobre la situación carcelaria de la provincia de Buenos Aires en la que se enmarcó el caso. El problema se revela observando tan sólo algunos datos que enfrenta el territorio bonaerense:
–Entre 1999 y 2005, la población penal aumentó un 80 por ciento.
–La mayoría son presos sin condena.
–Entre 2003 y 2005, el número de muertes violentas en las cárceles creció un 20 por ciento.
Para el fiscal Hugo Cañón, uno de los invitados al debate, la cuestión es producto de un sistema de exclusión instalado desde hace años. “En 1976 hubo un plan sistemático del Estado para silenciar a un sector de la sociedad. Hoy continúa ese exterminio con la eliminación de los excluidos”, disparó con el tono provocador que lo caracteriza. A su lado, Hilda Kogan, integrante de la Corte bonaerense, coincidió: “La discusión debe pasar por el funcionamiento deficitario de los órganos públicos y de las instituciones. Los que trabajamos en la Justicia debemos entender de una vez por todas que somos servidores públicos y no enviados de Dios”, aseguró sin dejar de reconocer algunas señales dadas por los jueces en la dirección correcta. En el caso de Buenos Aires, mencionó los informes realizados sobre violaciones a los derechos humanos y la creación de un registro único de detenidos. “Hay que fomentar la discusión de reformas institucionales pendientes. No tenemos que quedarnos sólo con la renovación de la Corte Suprema”, agregó Abramovich, quien aprovechó para pasar lista sobre algunos de los otros temas que abarcó el documento, entre ellos la criminalización de la protesta social.
Sin embargo, ayer no todas fueron críticas. En este sentido, el informe destacó la recuperación económica y la relegitimación de los procesos electorales. El fallo que declaró inconstitucionales las leyes de impunidad e imprescriptibles los delitos de lesa humanidad ocupa un capítulo entero del libro. La labor de la Corte fue ayer reivindicada por otro de los invitados, el camarista Horacio Cattani, que se animó a calificar el 2005 “como un año simbólico, pero no porque se haya concluido con algo. Hoy los organismos se enfrentan con la enorme tarea de acompañar el avance de las causas abiertas contra los represores”.

Informe: Carolina Keve.