“Este Tribunal entiende acreditado que la firma Papelera del Tucumán S.A. realiza una actividad en sí misma contaminante”, dice el fallo de la Cámara Federal de Tucumán que dispuso el procesamiento penal de los responsables de esa empresa por incumplimiento de la Ley 24.051 de protección al medio ambiente. Es la primera vez en América latina que un fabricante de pasta de celulosa será procesado por este motivo. Además, “desde que la empresa empezó a verse investigada, hizo bajar los niveles de contaminación: estos procesos penales, más allá de que se llegue a condenas, sirven para que las empresas se pongan en caja”, comentó una fuente judicial tucumana.

La Cámara Federal de Apelaciones tucumana –integrada por Graciela Fernández Vecino, Marina Cossio de Mercau, Raúl David Mender y Ricardo Sanjuan– revocó un fallo en primera instancia y dispuso procesar a Jorge Velasco y Adrián Leopoldo Conde “como presuntos autores penalmente responsables, en su condición de mandatarios legales de Papelera del Tucumán, del delito previsto y penado por el art. 55 de la Ley 24.051”. Esta, llamada de Residuos Peligrosos, dispone una pena de tres a diez años de cárcel para quien “envenenare, adulterare o contaminare de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general”; la pena es de 10 a 25 años si el delito tuviera por consecuencia “la muerte de personas”.

En el caso de Papelera del Tucumán, “entendemos que se encontraría demostrada una actividad contaminante del agua a través del derrame de efluentes industriales sin previo tratamiento de descontaminación, en el curso del arroyo Calimayo, el cual desemboca en el río Colorado, con el consecuente peligro para la agricultura y para la salud de los habitantes de la zona circundante o aledaña (ciudad de Lules y Famaillá)”, según los magistrados. El fallo precisa que “la figura penal invocada supone la demostración de un accionar doloso, es decir el conocimiento exacto del peligro objetivo de la conducta”.

La causa se había iniciado por una denuncia del director de Ciencia, Técnica y Medio Ambiente de Tucumán, en febrero de 2003, “la cual pone en conocimiento del Ministerio Público que la empresa Papel del Tucumán es la principal contaminadora de la provincia”. Peritajes efectuados durante la causa señalaron que “el agua del arroyo Calimayo evidencia alteraciones biológicas, bioquímicas y fisicoquímicas provocadas por los efluentes de la planta”; entre otros aspectos, la contaminación “comprometería la supervivencia de especies de anfibios autóctonos”, lo cual “conduciría a la proliferación de insectos perjudiciales para la agricultura y para la salud humana”. Ya un informe preliminar elaborado por Gendarmería Nacional concluyó que “a simple vista se constata una presumible contaminación en el agua y aire proveniente de Papelera del Tucumán”.

El procesamiento había sido solicitado por el fiscal Antonio Gustavo Gómez, quien, en su previo desempeño en la provincia de Chubut, ya había desarrollado acciones contra la empresa Aluar por contaminar el medio ambiente. Una fuente judicial de Tucumán destacó a este diario que “estas investigaciones sólo pueden concretarse si hay un trabajo en equipo: en este caso, los fiscales de primera instancia, de cámara y ante el tribunal oral comparten la misma tesitura”.

La fuente judicial comentó que “desde que se inició la investigación, la empresa empezó a cuidarse y los niveles de contaminación cayeron de modo ostensible; para cuando llegue el juicio oral, si esto se consigue, seguramente la contaminación va a ser todavía menor: más allá de condenar a los delincuentes, esto sirve para que las empresas se pongan en caja”.