EL PAIS › OPINION

El factor tiempo

 Por Luis Bruschtein

La historia de la persecución legal a los represores de la dictadura en estos 20 años tuvo avances y retrocesos. En general, los retrocesos se verificaron en trampas legales y concesiones como las leyes de impunidad y las condiciones de detención. Pero se pudo avanzar abriendo nuevos frentes para evitar esas trampas, como las causas por apropiación de menores, que no estaban incluidas en los juicios anteriores. Cada avance que se logró con esfuerzo, con inteligencia y con el indudable respaldo popular, implicó el surgimiento de nuevos obstáculos.

La anulación de las leyes de punto final y obediencia debida comenzó a ser operativa en las causas por violaciones a los derechos humanos, después que se expidió la Corte. El indulto sigue el mismo camino. Nunca está de más que al mismo tiempo se expida el Congreso, que es más una definición de tipo político, sobre todo en este caso, ya que en el indulto presidencial menemista (a diferencia de las leyes de impunidad anteriores) no tuvo que ver. Pero la Corte se haría cargo de este tema después de que salgan los fallos que debe la Cámara Nacional de Casación Penal. Uno solo de estos fallos arrastraría en cascada todas las causas que involucran a represores indultados. Por su composición, Casación es un tribunal bastante representativo de los ’90, o sea que puede haber demora en esa instancia.

Desde el punto de vista de los organismos de derechos humanos, la anulación de los indultos y de las leyes de punto final y obediencia debida constituye un logro importante por el cual vienen bregando desde hace más de 15 años. Pero la lentitud de cada paso que da la Justicia puede hacer que los resultados concretos lleguen tarde, porque muchos de los represores juzgados en esas causas han ido muriendo a lo largo de estos veinte años.

Las causas que se abrieron tras la caída de las leyes de obediencia debida y punto final, como la de la ESMA o la del Primer Cuerpo de Ejército, tienen en su órbita miles de desapariciones, aplicación de torturas, secuestros y todo tipo de delitos, lo que significa montañas de trámites y papeleo. Y al mismo tiempo los jueces deben atender otras causas que también se sustancian en sus juzgados. En ese sentido, el tiempo, las demoras pueden aparecer como otra trampa, buscada o no, para evitar que los represores vayan a la cárcel. La rapidez con que se vayan expidiendo los tribunales contribuirá a transparentar estos procesos que siempre fueron objeto de conspiraciones y presiones.

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