A golpe de desregulaciones, maniobras financieras varias, crisis y asociaciones de diversa índole e intereses, el mercado de la salud en Argentina se fue convirtiendo en otro ejemplo de concentración económica y de poder, en el que –paradójicamente– unos pocos se benefician de que muchos no accedan al servicio. Hoy, cuando más de la mitad de la población tiene como única alternativa de atención un sistema hospital público colapsado, el negocio de la medicina prepaga ha quedado reservado para un núcleo de no más de cuatro empresas que controlan el 80 por ciento de la facturación y se apropiaron de las joyas más preciadas en las dos puntas del mercado: tienen bajo su control los más lujosos sanatorios y los padrones de afiliados a obras sociales sindicales de mayor rendimiento económico.

Bastaría con requerir un cruzamiento entre los beneficiarios de las principales prepagas y los padrones de obras sociales para comprobar que más del 60 por ciento de los aportantes tiene como origen a estas últimas. ¿Cómo fue posible? La tenaza de servicios médicos con costos en alza y población afiliada con aportes en baja por pérdida de puestos de trabajo y menores salarios. El fenómeno, que se extendió a lo largo de las décadas del ’80 y ’90, dejó a muchas obras sociales atrapadas y sin salida. La puerta de escape que les ofreció el menemismo fue, vía desregulación, que las empresas de medicina prepaga “fueran en su auxilio”. Es decir, le abrió las puertas de las obras sociales al capital privado.

La oportunidad fue aprovechada, en algunos casos, vía captura de las obras sociales sindicales, acordando prestarle los servicios totales a cambio de absorber el 85 por ciento de la recaudación (el 15 restante era “el precio” que se pagaba por la operación a los dirigentes sindicales que cedían). En otros, el método burdo fue crear un sello que actuara como supuesta obra social sindical y generar, desde allí, la succión de los afiliados con mejor remuneración de otras. Así, se dio el extraño crecimiento de obras sociales de gremios supuestamente poco extendidos en cuanto al ámbito que abarcan, como árbitros de fútbol, capitanes de ultramar o personal de control externo.

Los oportunos inversores en medicina prepaga descubrieron, además, que tener sus propias clínicas y sanatorios podía resultar un buen negocio si ya contaban con un nutrido padrón de afiliados. Así, por operaciones sucesivas de fusiones y aprovechando la crisis del sector, las prepagas mejor posicionadas fueron capturando los principales sanatorios. El cuadro de clínicas propias de las principales cuatro prepagas del sistema, que concentran el 80 por ciento de la facturación, se ve así:

- SPM, que desde abril opera bajo el nombre de Galeno, después de haber absorbido además a TIM y AMSA, cuenta con cinco sanatorios propios: los tres Sanatorios Trinidad ubicados en Palermo, Quilmes y San Isidro; el Instituto Dupuytren y el Sanatorio Mitre (los dos últimos en Capital);

- Swiss Medical, además de dos empresas aseguradoras (SMG Seguros y SMG Life), cuenta con tres sanatorios propios (de Los Arcos, Agote y Clínica y Maternidad Suizo Argentina), seis clínicas odontológicas y cuatro centros médicos.

- Medicus tiene el Sanatorio Otamendi y Miroli, el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento y el Sanatorio Las Lomas, además de cuatro centros médicos.

- Omint es propietaria de Clínica del Sol y una clínica odontológica.

Es un hecho que las empresas prepagas privilegian la prestación a través de sus prestadores antes de recurrir a los contratados. Además, al tener una poderosa red propia mejora sustancialmente las condiciones de negociación de los aranceles con terceros. De tal modo, mal podrían sostener que están expuestos a los aumentos de precios que les “imponen” sus prestadores. No en los casos mencionados, al menos.

Por otra parte, el haber accedido al sistema nacional del seguro de salud que funciona a través de las obras sociales (el Anssal) están habilitadas a reclamar para las intervenciones más costosas (por alta complejidad, tratamiento de adicciones u oncológicos) el subsidio del fondo solidario de redistribución. Otra forma de cargar a fondos públicos los mismos gastos por los que ahora reclaman aumentos.