No es la primera vez que Luis Barrionuevo y Enrique Nosiglia aparecen salpicados por irregularidades en el PAMI. El juez Daniel Rafecas ya había vinculado a los arquitectos del Pacto de Olivos con el cobro de dinero ilícito proveniente de la obra social de los jubilados, tal como Página/12 lo informó en exclusiva en su edición del 30 de abril de 2006. La causa, que aún busca establecer si los históricos dirigentes peronista y radical son la terminal de la ruta del dinero del cohecho, se inició en el 2004 con una denuncia realizada por Luis D’Elía.

El ex secretario de Tierras para el Hábitat Social de la Nación inmortalizó en una cámara oculta cómo Hugo Espaltro y José María Ferreira le pedían por la continuidad del contrato de la firma Angiocor en el PAMI, a cambio de una coima mensual del 10 por ciento de los beneficios totales, estimados en 35 millones de pesos. Los entonces dirigentes del ARI –aunque uno era de origen radical y el otro peronista– querían que D’Elía hiciera valer su influencia en el gobierno de Néstor Kirchner para conseguir el tan mentado contrato en la obra social de los jubilados.

De acuerdo con el relato de D’Elía, la gestión de sus interlocutores se hizo por pedido del titular de Angiocor, Luis Pisano, quien les habría confesado que desde la llegada de Graciela Ocaña a la dirección del PAMI se había cortado el circuito de coimas que su empresa de prótesis e implantables pagaba a Barrionuevo y Nosiglia para renovar los contratos. El juez que entendió en la causa, Claudio Bonadío, tomó como válida la cámara oculta. Así, Pisano, Ferreira y Espaltro terminaron procesados por “cohecho activo en función del delito de tráfico de influencias”. Pero Ocaña sostuvo que debían profundizarse las investigaciones. Sobre todo por algunos diálogos registrados en la filmación.

En un tramo de la cinta uno de los imputados manifestó que su preocupación por la finalización del contrato estaba dada porque de la suma importante que se pagaba mensualmente (más de cuatro millones de pesos) “la parte política se llevaba el 20 por ciento”, en alusión a Barrionuevo y Nosiglia. Rafecas entonces tomó las riendas de las investigaciones “hacia atrás”, para entender las razones del contrato de Angiocor con el PAMI, efectuado el 13 de noviembre de 2002, y los lazos de esta firma, integrante de una Unión Transitoria de Empresas (UTE), con la política.