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Retrocesos en Paraguay

Paulo López denuncia represión contra los comunicadores, concentración de medios, precarización laboral, persecución sindical y ataque contra la sustentabilidad de las radios comunitarias en Paraguay.

 Por Paulo López *

Desde Asunción

Desde la caída de Alfredo Stroessner (1989) y la asunción de Andrés Rodríguez, su colaborador, consuegro y militar colorado al igual que el dictador, no se han vivido niveles tan altos de represión contra los comunicadores como los registrados desde la toma de mando del también colorado Horacio Cartes en agosto de 2013.

Un capítulo del informe “Derechos Humanos en Paraguay 2014” de la Codehupy dedicado a la libertad de expresión y elaborado por Vicente Páez, del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP), alerta que “el recrudecimiento de los crímenes y las amenazas contra los y las periodistas tuvo su pico en el 2014. Varios comunicadores y comunicadoras fueron acallados por las balas asesinas. La narcopolítica aparece con brutalidad. Torturas y agresiones de parte de agentes policiales se insertan en este cuadro. La precarización laboral, la agudización de la concentración de medios, la represión a las emisoras radiales comunitarias y el debilitamiento de medios públicos cierran el nefasto circuito”.

El caso más emblemático entre los crímenes contra periodistas fue el de Santiago Leguizamón, asesinado el 26 de abril de 1991 en Pedro Juan Caballero (departamento de Amambay) por sicarios al servicio del narcotráfico. El crimen salpicó al mismo presidente Rodríguez, quien mantenía vínculos con el capo mafioso Fahd Jamil, principal sospechoso de la autoría intelectual del asesinato. Jamil también mantuvo negocios con el presidente Cartes mediante la casa de cambios del actual mandatario, cuyo esquema de lavado de activos del narco es descrito por información oficial de la inteligencia norteamericana y que fuera filtrada por Wikileaks.

El pasado 16 de octubre de 2014 fue asesinado en Villa Ygatimi, departamento de Canindeyú, el periodista de ABC Color Pablo Medina y su asistente Antonia Almada. El entonces intendente de Ypehú, Vilmar “Neneco” Acosta (oficialista), fue señalado como responsable del asesinato presuntamente en represalia por las publicaciones periodísticas que lo comprometían con el narcotráfico. El político colorado es un aliado cercano del presidente Cartes y, según la declaración de un detenido, la propia policía facilitó su huida al Brasil.

Además de los dos asesinatos mencionados, este 2014 también fueron silenciados Fausto Alcaraz y Edgar Fernández en zonas rurales donde predominan las narcoestancias, establecimientos que realizan actividades agropecuarias para disfrazar el tráfico de drogas.

En el período del informe se registraron, además de la tolerancia estatal hacia el acallamiento de las voces vía el asesinato, acciones en las que el propio Estado fue protagonista directo de las violaciones del derecho humano a comunicar. Durante varias movilizaciones, periodistas fueron arrestados, agredidos por registrar la intervención policial contra manifestaciones públicas y sus materiales de trabajo secuestrados. También se denunciaron amenazas contra periodistas por razones ligadas a su trabajo y despidos injustificados en empresas privadas.

A esto se añade la ley 4179/11 que, entre otros puntos, inviabiliza el funcionamiento de las radios comunitarias reduciéndolas a una mínima potencia (pequeña cobertura hasta 50 watts y de mediana cobertura hasta 300 watts). La potencia permitida a las radios comerciales va de 1000 a 50.000 watts. La normativa también atenta contra la sustentabilidad de las emisoras comunitarias al establecer que no podrán efectuar “mención, publicidad o propaganda en ninguna de sus formas”. Además otorga amplias facultades al Ministerio Público y a la autoridad de aplicación de las telecomunicaciones para incautar los equipos, multar y procesar a los responsables de las radios comunitarias.

En este contexto, el 97 por ciento del espectro radioeléctrico es acaparado por empresas privadas frente a un 2 por ciento de radios comunitarias y uno por ciento de medios públicos, que tras el golpe de 2012 fueron vaciados de contenido y de los cuales ni siquiera han quedado los nombres. En una clara muestra de aversión a lo público, el gobierno de Cartes transformó el sitio Información Pública Paraguay y la TV Pública en Agencia de Información Paraguaya y Paraguay TV HD Digital, respectivamente.

Como respuesta al alarmante retroceso en materia de derechos humanos acaecido desde el golpe y la asunción de Cartes, ha emergido un frente en el que convergen organizaciones sociales y políticas que asumen que ante la clausura de las vías institucionales el único recurso que queda es la movilización. Así, las calles se han convertido en el escenario central donde las voces soterradas dicen su palabra. Mientras haya palabras, la llama seguirá encendida.

* Periodista del diario digital E’a de Asunción.

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