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Soberanía, derecho a compartir y propiedad intelectual

A raíz de debates originados en una reciente visita a la Argentina de Andrés Ycaza, secretario de la Oficina de Propiedad Intelectual del Ecuador, Diego Rossi se interroga acerca de la posibilidad de acordar, en el marco de la Unasur, iniciativas novedosas para revisar los cánones hegemónicos de la propiedad intelectual.

 Por Diego Rossi *

¿Hay capacidad de acción soberana en cada país, ante la trasnacionalización de los agregadores de contenidos y las exclusividades de la gestión de derechos? ¿Puede la legislación, junto a políticas virtuosas, ayudar a redistribuir en las industrias del conocimiento? Ambas preguntas tendrían un esperanzador sí, al considerar la experiencia en Ecuador, con una fuerte participación ciudadana en el armado del proyecto del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios), que el gobierno de Rafael Correa envió a principios de junio a la Asamblea Nacional.

En el marco de una visita reciente a Buenos Aires de Andrés Ycaza, secretario de la Oficina de Propiedad Intelectual a cargo del armado y la defensa del Código Ingenios, se realizó en la Cámara de Diputados un taller para desmenuzar los alcances de la iniciativa, coordinado por la diputada Liliana Mazure, con la presencia de su par Nanci Parrilli, y de funcionarios de varias áreas del Ejecutivo y asesores legislativos.

Ycaza alertó sobre “la histórica falta de uso estratégico de la gestión del conocimiento en los países en desarrollo”, producto de las relaciones comerciales y dependientes que tornan poco eficaces a los esfuerzos públicos en investigación y desarrollo, desde los medicamentos hasta las patentes en biotecnología.

Específicamente sobre las industrias creativas, el ecuatoriano señaló que ese capítulo del Código Ingenios fue uno de los más debatidos. Durante un año el anteproyecto fue puesto a consideración pública en una plataforma Wiki (aún puede consultarse en la web). Tuvo más de 40 mil notas y propuestas de ciudadanos del Ecuador y de otras partes del mundo, además de reuniones sectoriales y foros previos a su presentación al Congreso.

Resalta en el Código Ingenios la búsqueda de reducción de la dependencia cognitiva. Y el equilibrio los derechos reconocidos internacionalmente sobre la propiedad intelectual con los derechos humanos al acceso al conocimiento, a la educación y a compartir información. Revisan los enfoques mercantilistas y privatistas, priorizando las expresiones culturales y artísticas como resultado de una construcción social. Esto lleva a redefinir al sistema de licencias y patentes como excepciones a la libre circulación de un patrimonio colectivo, sólo reconociendo prerrogativas al autor o a las industrias culturales, con tiempos, soportes y alcances limitados.

Así, se promueven modelos de negocios distintos a los tradicionales, como los creative commons en materia de software, o los licenciamientos obligatorios con intervención estatal en el caso de quienes no quieran registrar su licencia en el país, además de proteger a los conocimientos tradicionales o ancestrales no sujetos a criterios de mercado. Ycaza no duda que la iniciativa llevará mucha discusión parlamentaria, pero sostiene la fructífera vinculación de estos principios con las políticas públicas, siempre respetando los marcos de los acuerdos internacionales Adpic (Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio) en la materia.

“En muchos países, quizás por desconocimiento, se entiende que hay una sola forma de administrar los derechos de propiedad intelectual y se confía su gestión a sociedades monopólicas y poco controladas, por cuanto los dividendos no siempre redundan en el crecimiento de la actividad y la promoción de nuevos creadores”, afirma Ycaza.

Mientras en Brasil se debate duramente la reglamentación del marco civil de Internet, cuya neutralidad de la red está presionada por empresas como Facebook y las de telefonía móvil; en otros países, como Colombia, Paraguay y Perú, cunde el paradigma de replicación acrítica de las consignas de la Unión Internacional de Telecomunicaciones y los “múltiples decisores interesados” en los negocios digitales.

Leído en clave latinoamericana, el debate promovido en Ecuador reaviva el desafío de la articulación de políticas regionales, en pos de las mayorías vulnerables en la “democratización” de las comunicaciones. ¿Podrían algunos países de la Unasur acordar iniciativas novedosas en materia de creación colectiva, revisando los cánones hegemónicos de la propiedad intelectual?

* Docente, Fac. de Ciencias Sociales UBA.

@diegodrossi

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