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Los servicios jurídicos gratuitos para atender cuestiones de familia están desbordados. Como consecuencia de la crisis, desde comienzos del año la demanda de patrocinio legal sin costos creció notablemente en el ámbito bonaerense: entre 30 y 40 por ciento en algunos distritos judiciales y llegó a duplicarse en otros. Los nuevos clientes provienen de los sectores medios empobrecidos que antes tenían la posibilidad de pagar un abogado particular para litigar. “Los pobres-pobres llegan cada vez menos a reclamar justicia”, advirtió a Página/12 la defensora oficial de La Plata Sara Longhi. La debacle económica no sólo modificó el perfil de los clientes. Además generó una explosión de conflictos familiares: en las defensorías civiles de la provincia y en la ciudad de Buenos Aires se incrementaron las denuncias por violencia doméstica y las demandas por alimentos. También los pedidos de internaciones psiquiátricas por depresión, alcoholismo y adicción a las drogas y los reclamos contra obras sociales por incumplimiento de los contratos en cobertura de medicamentos o internación.
El marcado aumento puso en alerta a la Procuración General de la Suprema Corte de la provincia de la cual dependen las defensorías civiles que brindan patrocinio legal gratuito en el territorio bonaerense. “Están recargadas por gente de la clase media que antes no recurría a este tipo de servicio”, confirmó el procurador general Matías de la Cruz. Históricamente, el requisito para acceder a una defensoría era no poseer ninguna propiedad. Pero el cambio de perfil de los clientes obligó a redefinir ese parámetro. “La mayor parte de la gente que atendemos tiene una casa, pero no tiene dinero líquido para afrontar los gastos de un proceso. O están sin trabajo o cobran un plan de jefes y jefas de hogar”, reveló Silvina Bardelli, defensora adjunta de la Mesa de Entrada de la defensoría civil de Lomas de Zamora, el departamento judicial más extenso del conurbano que abarca los partidos de Avellaneda, Lanús, Almirante Brown, Esteban Echeverría, Ezeiza y Lomas de Zamora. “Hemos tenido gente que vino con una notebook o con celular”, señaló Débora Bender, defensora civil del departamento judicial de San Martín.
Entre la nueva clientela que empezó a desfilar a partir de enero por las defensorías civiles hay profesionales que se han quedado sin trabajo, pero a los que les quedó plata en el corralito, y comerciantes con problemas contractuales, además de flamantes desocupados. “Se nota que es un perfil de cliente más exigente y, en algunos casos, con problemas de mayor complejidad a los que habitualmente estábamos acostumbrados”, señaló Omar Ozafrain, defensor general del distrito judicial de La Plata.
Desesperada
Marcela Pinasco es técnica radióloga, pero está sin trabajo hace un año. Su marido es médico del Hospital Gandulfo de Lomas de Zamora y, además, trabaja en clínicas privadas que le deben dos y tres años de sueldo. Tienen tres hijos de 18, 14 y 8 años. El miércoles, a las 9 de la mañana, el matrimonio hacía la cola frente en la defensoría civil de Lomas de Zamora. “Mi papá es afiliado del PAMI, tiene mal de Alzheimer. El PAMI le cubre el 80 por ciento de los medicamentos, pero así y todo tiene un gasto mensual de 230 pesos y cobra de jubilación 205. Teniendo trabajo uno puede ayudar a sus padres. Pero ahora que estoy desocupada y estamos viviendo únicamente con el sueldo del hospital, nos alcanza sólo para nosotros. Y mi papá no puede estar sin medicación. Es más, está reduciendo la cantidad de remedios por su cuenta, por falta de dinero, y se cae dos veces por día. Ya tiene cinco luxaciones de hombro. Estoy medio desesperada”, se despachó Marcela, a la espera de que un abogado de la defensoría le haga un oficio para reclamar por segunda vez al PAMI la cobertura total de las drogas para su padre. Sólo en agosto, la Mesa General de Entrada que distribuye los casos en las cuatro defensorías civiles de Lomas recibió 70solicitudes de prestaciones médico-asistenciales de flamantes desocupados que se quedaron sin cobertura y necesitan medicamentos, o de aquellos que tienen trabajo, pero cuyas obras sociales recortaron los servicios.
Los distritos judiciales de Lomas y San Martín fueron algunos de los que experimentaron un mayor aumento en la demanda de patrocinio legal gratuito. La cantidad de gente se duplicó, señaló Bardelli. La defensora adjunta de Lomas comentó que mientras el año pasado atendían alrededor de 60 a 70 personas nuevas por día, ahora están llegando a casi 140. En San Martín, por ejemplo, cada defensoría está atendiendo durante las dos semanas que está de turno unos 240 reclamos. “Ese número se atendía en un mes el año pasado”, precisó la defensora Bender.
Administrar pobreza
Un cambio notable es la aparición de “muchos conflictos familiares por falta de recursos”, señaló Bender. La tendencia no sólo se observa en San Martín. También en otros distritos del conurbano y la ciudad de La Plata. Del mismo modo, en la Capital Federal, en las defensorías zonales distribuidas en distintos barrios que dependen del Consejo de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes del gobierno porteño. “Ante la inestabilidad laboral y económica, se quebrantan las relaciones de parejas”, observó Bender. La expresión concreta de esta situación es el abrupto incremento de los casos de violencia hacia las mujeres y niños y de demandas por alimentos. “La desocupación es el detonante de muchos casos de malos tratos y golpes”, señaló Ozafrain.
“Vienen muchas mujeres que nunca habían pedido dinero a su ex marido para mantener a los hijos, pero que ahora se quedaron sin trabajo y reclaman alimentos”, describió el defensor adjunto Claudio García, de Lomas de Zamora. “Por falta de trabajo, muchos han dejado de pasar dinero”, comentó Bender. “Tenemos casos de hombres que le sacaron la partida de nacimiento a sus ex mujeres para pedir un Plan Jefas y Jefes de Hogar y después no les pasan nada”, señaló Bardelli. Para evitar el inicio de un juicio, los defensores están mediando entre las partes en conflicto para establecer convenios, pero terminan administrando pobreza. “Estamos haciendo convenios por alimentos por los pañales y la leche, o por 110 o 120 pesos mensuales. La cuota alimentaria debería incluir educación, salud, comida y vestimenta, pero sólo el 5 por ciento de las cuotas alimentarias son así”, describió Bardelli.
Concepto
Otro tipo de casos que aumentó a partir de este año, de la mano del recrudecimiento de la crisis, son los pedidos de internación psiquiátrica por depresión, alcoholismo o consumo de drogas. Precisamente, ese problema es el que llevó a Irma Fernández, una ama de casa de Remedios de Escalada, a acercarse a los tribunales. Quiere internar su hijo mayor, de 33 años, que es drogadependiente. Es la primera vez que Irma pide patrocinio legal gratuito. Su esposo es gráfico jubilado y, según aclara, “tenemos un pasar normal de una familia que trabaja, de los que éramos clase media”. “Me dirigí a un abogado y me quiso cobrar un montón de plata. Me pedía 300 pesos para iniciar el trámite y después lo que costaran los papeles. No puedo pagar tanto dinero, por eso estoy aquí”, explicó mientras esperaba su turno en la sala de espera, colmada de gente, de la Mesa de Entradas de la Defensoría de Lomas.
Ante la creciente demanda de asistencia jurídica gratuita, los departamentos judiciales están en conversaciones con los colegios de abogados de cada distrito para compartir la nueva clientela sin recursos. Por ley, los colegios comparten con el Estado el deber de asistir gratuitamente a los pobres, pero mantienen un concepto más estricto en torno de quién tiene o no recursos para ir a un estudio privado. Obviamente, no quieren perder clientela. El tema será tratado el 23 de octubre en la próxima reunión del Consejo de Defensores bonaerenses, conel procurador general y representantes de los colegios de abogados. “La idea es hacer convenios con los colegios para dividir por materias, es decir, que ellos atiendan los casos contencioso-administrativos y de daños y perjuicios y las defensorías civiles, los de familia, y además, flexibilizar el criterio para definir quién es pobre”, reveló Ozafrain. A la hora de medir la indigencia, se tomará en cuenta el nivel de ingresos más que la tenencia o no de una propiedad.