La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, fiel a su lucha por la igualdad y la justicia para todos, sin discriminación alguna de sexo, etnia o religión, acompaña y apoya al Comité Argentino de Seguimiento de la Convención por los Derechos del Niño y a la opinión pública en general, expresando su profunda preocupación por la polémica decisión del Tribunal Oral 1 de Morón de dejar en libertad al cura Julio César Gra-ssi, tras haber sido declarado culpable de abuso sexual agravado y corrupción de menores.

Sorprende por su alta visibilidad que un tribunal que condena a 15 años de prisión a un abusador de menores que estaban bajo su guarda no sólo lo deja en libertad hasta que la sentencia quede firme, sino que lo autoriza a regresar al lugar donde cometió sus crímenes. En síntesis, un fallo que aparece como anacrónico y contradictorio desde el punto de vista jurídico.

Todos conocemos –ya que abundan estudios y denuncias sobre casos de delincuentes sexuales seriales– que éstos vuelven a repetir sus delitos porque es parte de su naturaleza compulsiva, en tal sentido la Justicia debería considerar que los delitos de violación y abuso sexual tienen particularidades que agudizan su importancia.

Exponer a chicos vulnerables no puede dejar de impactar en la sociedad y promover serios debates de juristas y especialistas en el tema, como también el reclamo de diversas organizaciones civiles. La APDH se suma a estos reclamos y alza su voz para expresar su repudio a una resolución judicial que aparece como arbitraria o discrecional. Señala también su preocupación ante las características excepcionales que rodean este caso, no sólo por ser el condenado un sacerdote, sino por ser un personaje poderoso que supo construir un imperio de la beneficencia, con un fuerte entorno mediático y una red de influencias entre diversos sectores de poder. Estas características parecen haber pesado en el fallo del Tribunal Oral 1 de Morón, el juicio se prolongó por siete años, más nueve meses de juicio oral no público, dejando de lado amenazas, presiones, violencia e intimidación a testigos y abogados querellantes, como también el hecho de dar sólo por probado dos (quizá los más débiles) de los diecisiete hechos denunciados, quedando dos menores victimizados (pese a las pruebas y testigos) que no fueron reivindicados.

Por todo lo expresado, esperamos que en la nueva instancia de Casación que se abre la Justicia argentina actúe con firme imparcialidad, dejando de lado las “excepcionalidades” señaladas, que no son otra cosa que privilegios discriminatorios que atentan contra el principio básico de la igualdad ante la ley, sean éstos ricos y poderosos, o pobres y desamparados.

Sólo con verdad y justicia podremos construir un futuro mejor para todos.