SOCIEDAD › FUERON INCAUTADAS EN TALLERES CLANDESTINOS Y LA JUSTICIA LAS DESTINA A COOPERATIVAS DE COSTUREROS

Las máquinas para el que las trabaja

Un tribunal oral designó al INTI como depositario judicial de 250 máquinas secuestradas. Se destinarán a la creación de un polo textil en La Matanza, donde trabajarán unos 120 costureros organizados en cooperativas.

 Por Eduardo Videla

La Justicia federal dio un nuevo paso en contra del trabajo esclavo: designó al Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como depositario judicial de 250 máquinas textiles secuestradas en talleres de costura clandestinos, donde se reducía a la servidumbre a trabajadores, en su mayoría inmigrantes ilegales. El INTI aceptó hacerse cargo de esas máquinas y, después de hacerles el correspondiente servicio de mantenimiento, las destinará a la creación de un polo de confección de indumentaria en el que trabajarán cooperativas de costureros. Ya está avanzado un acuerdo con la Municipalidad de La Matanza para instalar la planta en ese territorio, donde proliferan los talleres informales e ilegales, muchos de ellos sostenidos con trabajo esclavo. La idea es impulsada por la Cooperativa La Alameda, que ya participó en la creación de un polo textil en Barracas, en conjunto con el INTI y el gobierno porteño.

La resolución fue adoptada en septiembre por el Tribunal Oral Federal Nº 6, en el marco de la causa Salazar Nina Juan Carlos y otros, donde diecisiete talleristas están procesados por reducción a la servidumbre y facilitación de la permanencia ilegal de extranjeros en el territorio nacional. El tribunal dispuso la medida, según argumentó, ante la posibilidad de que “las posibles víctimas de los hechos investigados puedan trabajar (con esas máquinas) en condiciones dignas y con el debido resguardo de sus derechos laborales”.

Las máquinas incautadas están arrumbadas en un depósito judicial. Son el producto de catorce allanamientos realizados entre 2006 y 2007, en varias causas que inició el juez Norberto Oyarbide pero que luego fueron instruidas por el juez Julián Ercolini, cuando Oyarbide se inhibió de seguir actuando. “Las máquinas fueron incautadas porque son la herramienta mediante la cual los imputados cometían los delitos: la Justicia presume que si se quedaban con ellas, era muy probable que volvieran a poner en funcionamiento el mecanismo de trabajo esclavo que venían implementando, ya que están en libertad”, dijo a Página/12 Hernán Zunini, coordinador del programa de Unidades Productivas Tipo del INTI.

La instrucción de las causas judiciales ya está cerrada, y los casos ya fueron elevados a juicio oral. Por esa razón tomó intervención el Tribunal Oral, cuya primera medida fue asignarles un valor social a las máquinas incautadas y asignarlas al INTI, que ya viene desarrollando una experiencia exitosa con equipos decomisados y cooperativas de costureros en un polo textil inaugurado en Barracas en julio último (ver recuadro).

Las máquinas fueron secuestradas en operativos realizados en catorce talleres, entre ellos los de Ramón Falcón 3175, Lisandro de la Torre 966, Luis Viale 3046 y Portela 1251. Entre los equipos incautados son mayoría las máquinas de coser, pero también hay cortadoras, agujereadoras, máquinas de planchado y hasta una camioneta Peugeot Expert, apta para la distribución y traslado de mercadería.

“Aceptamos las máquinas con beneficio de inventario, ya que no todas están en condiciones de funcionar. Algunas están obsoletas, otras tienen desperfectos y son irrecuperables. Creemos que se pueden poner en funcionamiento unas 150”, afirmó Zunini.

Esta vez la experiencia se llevará a cabo en La Matanza porque “es el lugar donde se han concentrado los talleres clandestinos, por su cercanía con la feria de La Salada”, argumentó el presidente de la Fundación La Alameda, Gustavo Vera, “Además, después de los operativos con clausuras en la ciudad de Buenos Aires, muchos talleres se mudaron para ese partido”, agregó. La gestión está a cargo del secretario de Industria de la comuna, Raúl Magario, quien está abocado a conseguir un espacio de entre 1000 y 1500 metros cuadrados. Esa superficie sería suficiente para incluir a unas nueve cooperativas, con un total de 120 costureros.

El dato es confirmado por Zunini, quien sostiene que en La Matanza “hay una alta concentración de talleres, muchos de ellos en asentamientos precarios, con conexiones clandestinas de electricidad que suelen producir problemas de cortes de energía en el barrio”.

La municipalidad de La Matanza apoya la creación del polo de confección de indumentaria como “paso previo a la presión mediante inspecciones sobre los talleres clandestinos” destinada a lograr su reconversión en talleres legales. En ese marco, el INTI promueve el modelo de las cooperativas de trabajo, como opción ante el esquema de superexplotación de los talleres clandestinos.

“Lo que hacemos desde el Programa de Unidades Productivas Tipo es asesorar a los trabajadores en la conformación de las cooperativas y luego en todas las etapas de la producción, desde el diseño de los modelos y la compra de materias primas hasta las gestiones comerciales para la venta del producto”, explicó Zunini. Una vez puesta en marcha la producción, los técnicos del INTI hacen un trabajo de monitoreo y asistencia técnica de las cooperativas.

En ese aspecto es fundamental el trabajo con los clientes –en este caso, las marcas de prendas– para que paguen precios justos sobre las prendas a comercializar, ya que el trabajo esclavo está basado en los bajos precios por prenda que pagan las marcas a los talleristas.

Zunini pone como ejemplo que para la confección de un jean, las empresas le pagan al taller 3 pesos por unidad. “Con esos precios, para que un costurero saque 20 pesos por día, tiene que trabajar catorce horas por día”, sostuvo el coordinador del programa. En el taller de Barracas, las cooperativas lograron que les paguen 12 pesos por cada jean. “No son marcas conocidas, todavía no logramos convencerlas de que paguen mejores precios por el trabajo de costura”, enfatizó.

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Las máquinas, secuestradas durante uno de los procedimientos, están hoy en un depósito judicial.
Imagen: Télam
 
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