SOCIEDAD › OPINION

Las demoliciones en San Telmo

 Por Eduardo Epszteyn *

El Plan Urbano Ambiental plantea que “se prestará particular atención a la variable patrimonial con el objeto de integrarla a las políticas de transformación y el resguardo de aquellas áreas, paisajes, monumentos y otros elementos urbanos de relevante valor histórico, estético, simbólico y testimonial”. Este caso se refiere claramente a la necesidad de preservar la memoria y la identidad barriales.

En los años 2008 y 2009 se presentó un caso similar al ocurrido recientemente en un edificio de San Telmo (existencia de un proyecto de ley de catalogación y otorgamiento simultáneo de permiso de demolición) en el valioso edificio de Montevideo 1244 (casa Bemberg, últimamente sede de la Defensoría del Pueblo de la Nación) que pudo ser salvado por una orden judicial. Pero para evitar la continua aparición de episodios de este tipo o, lo que es peor aún, las demoliciones clandestinas, particularmente en barrios donde no hay una vigilancia militante de los vecinos, como es el caso de San Telmo, es necesario desarrollar instrumentos económicos que hagan sustentable la preservación, como existen en la mayoría de las ciudades con valioso patrimonio edificado.

El Código de Planeamiento Urbano define instrumentos económicos, como el Ferec o la transferencia de capacidad constructiva, que no fueron reglamentados ni aplicados. Sucede a menudo que al catalogar un edificio se restringe la capacidad constructiva de la parcela con respecto a la que tendría si se pudiese demoler la edificación existente, como es el caso de la casa de la calle Estados Unidos.

Este hecho, y la no existencia de subsidios, conspira contra la puesta en valor, porque el propietario se desinteresa de la preservación de su bien. Es por esto que, en el año 2009, presentamos junto con legisladores de otros partidos un proyecto de ley que permitiría ceder la capacidad constructiva no utilizada de la parcela, pudiendo venderla a otro propietario que la necesitase para construir en determinadas situaciones como los convenios urbanísticos o los enrases en zonas densas en altura que ahora se pueden hacer gratuitamente. Esto permitiría generar un fondo de sustentabilidad sin dinero del Estado.

Otra situación que hay que encarar es la integración y las funciones de la Comisión Asesora de Asuntos Patrimoniales del GCBA, que se ha visto desbordada por el crecimiento exponencial de casos que genera la ley de protección preventiva para los edificios anteriores a 1941, y que debería revisar su integración, incorporando a organizaciones como Basta de Demoler o San Telmo Preserva, representantes de organismos vecinales y de defensa del patrimonio.

Nuestra experiencia en la gestión legislativa nos demuestra la necesidad del diálogo permanente con los vecinos y con las organizaciones barriales para mejorar la ciudad y los instrumentos de democracia participativa.

* Legislador porteño. Presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires.

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