SOCIEDAD › UN TESTIGO AMENAZADO DEL CASO CABEZAS CREO UNA ONG PARA PROTEGER A OTROS TESTIGOS EN PELIGRO

Vivir en la mira

Ricardo Manselle conoció el peligro tras declarar contra Yabrán. Ahora, creó la Fundación Proaltes (Protección al testigo), para darles a otros testigos en riesgo la cobertura que no les brinda el Estado. Ya cobija a 35 personas perseguidas por mafias diversas. Aquí, algunos de esos casos.

 Por Carlos Rodríguez

“Marcelo Cattáneo estaba colgado de una soga, tenía en la boca un recorte del diario La Nación con una nota sobre las coimas entre el IBM y el Banco Nación, un tema que conocía a fondo; Lourdes Di Natale fue testigo en la causa por tráfico de armas y cuando apareció muerta todos se apresuraron a decir que fue un suicidio; Carlos Menem Junior murió en un accidente, según la Justicia, pero siete testigos del caso aparecieron muertos.” Los datos conforman un virtual parte de guerra que consigna las bajas del bando más débil: el de los testigos en peligro. Frente a ese panorama francamente adverso, un sobreviviente de los estrados judiciales resolvió crear una ONG, la Fundación Proaltes (Protección al Testigo), que ahora firmó un convenio con una organización hermana, Fiscales Sin Fronteras, para aguantar el chubasco frente a lo que consideran “la globalización del crimen organizado”. Hasta el momento, Proaltes cobija a 35 personas que se sienten perseguidas por las “organizaciones mafiosas” a las que acusaron y desprotegidas por “la inoperancia y la indiferencia del Estado”.
Ricardo Manselle, de Proaltes, hasta enero de 1997 era un exitoso comerciante que batía records de venta de hamburguesas en su local de comidas MacPapas. El asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas, en Pinamar, le cambió la vida. Eso fue desde que se presentó como testigo ante el juez José Luis Macchi para conectar al mítico Alfredo Yabrán con el policía Gustavo Prellezo, luego condenado como uno de los autores materiales del hecho. Sólo presentarse a contar que había visto en MacPapas “tres reuniones entre Gregorio Ríos (el jefe de la custodia de Yabrán), Prellezo y el propio Yabrán”, hizo que su vida se convirtiera en una pesadilla. Lo acusaron por falso testimonio, por lesiones, y tanto él como su hija, que ahora tiene 10 años, recibieron permanentes amenazas y fueron rozados por algunos episodios gravísimos.
Lo peor ocurrió el 30 de junio de 1998, cuando en Villa Ballester asesinaron de cuatro balazos al cabo de la Policía Federal Oscar Villalba, quien estaba a cargo de la custodia de la hija de Manselle, que en ese momento tenía apenas 5 años. “Los cuatro hombres que asesinaron al cabo iban en una Trafic a todo lujo sólo para robar una modesta pizzería de Villa Ballester y cuando vieron a Villalba hablando por teléfono, lo encararon y lo mataron sin darle tiempo a nada”, recordó Manselle a este diario. En aquel momento, el testigo en situación de riesgo polemizó con el entonces jefe de la Federal, comisario Baltasar García, y con el hoy presidente Eduardo Duhalde, quien era gobernador de Buenos Aires. “Ellos dijeron que se trataba de un robo común, cuando había muchos puntos oscuros y eso es lo que ocurre siempre, como con Cattáneo, como con Lourdes, como con el propio Menem Junior.”
El otro firmante del convenio para proteger testigos es el abogado Eduardo Guarna, de Fiscales Sin Fronteras. Guarna fue jefe de la oficina anticorrupción de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires entre los años 1992 y 1998. Desde esa función, como asistente del ombudsman Antonio Cartañá, fue uno de los que edificó el enjuiciamiento del ex intendente Carlos Grosso y del ex titular del Concejo Deliberante José Manuel Pico, quien fue condenado a 14 años de prisión en distintas causas por estafas y asociación ilícita. Fiscales Sin Fronteras tiene como objetivo central la investigación y la aplicación de políticas destinadas a “monitorear y reforzar la transparencia” dentro de la administración pública. A partir del convenio entre las dos ONG, Guarna viene trabajando en un proyecto de ley que garantice plenamente la seguridad de los llamados “testigos protegidos”, hoy librados “poco menos que a la buena de Dios por la ausencia de una política de Estado”.
“Nosotros creemos que un Estado que no protege a los testigos está condenado al fracaso en lo que hace a su política criminal. Esto es más grave todavía frente a la presencia de la globalización del crimen y la existencia de mafias que agravan la indefensión de los que se atreven a denunciar un ilícito”, explicaron Manselle y Guarna. Los entrevistados criticaron algunas pautas culturales que “desde el colegio te marcan que el que denuncia es un buchón. Una cosa es señalar a un compañero por una falta menor y otra bien distinta denunciar con pelos y señales un homicidio o un hecho de corrupción que afecta a toda la sociedad”.
Desde la creación de Proaltes “35 personas se presentaron solicitando ayuda”. Se trata de testigos que en algunos casos estuvieron, o siguen estando, bajo la supuesta protección de organismos estatales. “Como nosotros no tenemos financiamiento alguno, por ahora lo que podemos hacer es brindar asesoramiento jurídico y apoyo psicológico, a través de un equipo de abogados, psicólogos y asistentes sociales.” Proaltes cuenta con la participación de un plantel de profesionales y de voluntarios-pasantes. De las 35 personas que se acercaron a la entidad “el 80 por ciento vive en barrios periféricos y carece de la más mínima protección”. En algunos casos, “los denunciados son miembros de las fuerzas de seguridad y en otros de pequeñas mafias locales que tienen cierto poder y que gozan de impunidad”.
La mayoría de las acusaciones realizadas por estos testigos en peligro tiene que ver con casos de homicidio, con tráfico de drogas o actos de corrupción. Guarna y Manselle coincidieron en que “la Justicia es un factor importante para afianzar el sistema democrático y todo ciudadano tiene derecho a gozar de ese bien público”. Por el contrario, en el marco de “una de las mayores crisis institucionales por la que atraviesa el país”, la administración de justicia es una quimera. “En todo el país, sólo el 1,96 por ciento de los delitos denunciados llega a una sentencia condenatoria y en la Capital Federal ese porcentaje es apenas del 1,65 por ciento”, precisó Manselle, con las estadísticas en la mano.
“Es necesario instrumentar una política seria de protección al testigo porque más de una vez pasa que, luego de sufrir permanentes presiones, las personas llegan al juicio oral y parecen olvidarse de todo lo que habían visto.” Manselle insistió en mencionar los casos de testigos que “aparecen muertos y se dice que fue un suicidio, como el caso de Lourdes Di Natale. Pero habría que preguntarse si fue realmente un suicidio y si lo fue, si no se trata de un suicidio inducido por todas las presiones que tuvieron que soportar por el solo hecho de haber sido testigos”. Los que quieran conectarse con la ONG pueden enviar su e-mail a pro [email protected]

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