SOCIEDAD › INVESTIGAN SI UN MEDICO PROVOCO LA MUERTE DE DOS PACIENTES

Polémica en un hospital cordobés

Un médico sospechado de haber provocado la muerte de dos pacientes terminales que estaban internados en un centro sanitario de la ciudad de Río Cuarto, a los que les habría suministrado una alta dosis de potasio, se presentó ayer junto a su abogado ante la fiscalía. Se trata del profesional que el martes fue denunciado ante la Justicia de esa ciudad, ubicada 220 kilómetros al sur la capital provincial, por una enfermera que aseguró haber presenciado cuando les inyectó potasio a dos pacientes –una mujer de 42 años y un hombre de 67– internados en el centro sanitario donde ambos se desempeñan.

El médico se presentó alrededor de las 8 de ayer ante el fiscal Javier Di Santo, acompañado por el abogado Eduardo Massa, quien explicó que cumplieron esa diligencia “a los fines de ser notificados de las pericias que se realizarán la próxima semana”. Esto les permitirá disponer el nombramiento de un perito de control para participar de los análisis de laboratorio que se realizarán sobre las muestras de sangre y tejido extraídas de los cuerpos de las dos personas fallecidas. Además, Massa aclaró que el médico “no está imputado de ningún delito, ya que no fue denunciado, sino mencionado” en el caso de las muertes dudosas de dos pacientes en estado terminal.

La fiscalía a cargo de Di Santo tomó intervención en el hecho luego de que la enfermera denunciara que había presenciado cuando el médico les proporcionaba a ambos pacientes una sustancia “no prescripta para su tratamiento”. Luego aseguró que constató que había sido “una alta dosis de potasio”.

Tras recibir el testimonio, el fiscal dispuso el inmediato retiro de los cuerpos de las salas donde estaban siendo velados y ordenó realizar las autopsias en la morgue del Hospital Regional San Antonio de Padua, con el fin de extraer muestras de sangre y tejido que permitan establecer si existen restos de potasio.

Di Santo tomará declaraciones a profesionales que se desempeñan en el centro sanitario. Dispuso también el secuestro de las historias clínicas. Asimismo, decidió preservar la identidad de los pacientes, de la enfermera denunciante y del médico presuntamente involucrado en las sospechosas muertes.

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