El proceso de destitución contra Eduardo Romero Lascano y Alberto Piedrabuena, integrantes de la Sala II de la Cámara Penal que absolvió a los trece imputados por el secuestro de Marita Verón, fue suspendido debido a una resolución judicial dictada ayer. La medida fue tomada hoy por los integrantes del Jury de Enjuiciamiento, en cumplimiento con lo dispuesto ayer por la Corte Suprema de Justicia.

A través de una cautelar, la Corte ordenó suspender el proceso de destitución de los jueces que había ingresado en la recta final tras la intervención de la Comisión de Juicio Político de la Legislatura. El otro integrante de la Sala II de la Cámara Penal, Emilio Herrera Molina, había quedado fuera del jury tras un fallo de la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo. Esa resolución ordenó al Poder Ejecutivo aceptar la renuncia del magistrado, pedido que inicialmente fue rechazado, para que inicie los trámites de jubilación debido a un delicado estado de salud.

Los integrantes del Jury de Enjuiciamiento tomaron conocimiento hoy de la acusación de la Comisión de Juicio Político contra los magistrados e inmediatamente decidieron suspender el proceso, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia.

El gobernador José Alperovich cuestionó la medida judicial y sostuvo que “es una aberración que la Justicia trabe la investigación, es inadmisible”. “Yo como gobernador lo único que busco es que haya justicia”, afirmó el mandatario provincial y agregó: “Alguien tiene que ser responsable, no puede ser que no haya nada”. De todos modos, Alperovich señaló que “hace diez años que acatamos todos los fallos de la Justicia y lo vamos a seguir haciendo porque estamos en democracia”.

La suspensión del jury es hasta que se resuelva la “cuestión de fondo” de la demanda de Romero Lascano (cuestionó la constitucionalidad del Jury de Enjuiciamiento) y podría prolongarse varios meses.

De esta manera, la demanda impulsada por Trimarco, madre de Marita, contra los magistrados que declararon inocentes a los acusados por la desaparición de su hija hace once años queda sin efecto.

Por su parte, Arnaldo Ahumada, uno de los abogados de los magistrados, señaló que “a la Comisión de Juicio Político le hicimos muchos planteos, pero no escucharon y nos obligaron a recurrir a la Justicia”.

“Estas son las consecuencias de no respetar la ley”, indicó el abogado que trabaja en forma conjunta con Roberto Toledo. “La Corte entendió que la situación de los jueces Romero Lascano y Piedrabuena es idéntica a la Herrera Molina y, en consecuencia, no puede continuar este proceso hasta tanto no se resuelva la acción de inconstitucionalidad planteada ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo y que se debe expedir la Corte”, agregó Ahumada.