SOCIEDAD › LA FISCALIA PIDIO INDAGAR A LA CHANCHA ALE Y A SU GRUPO, EN TUCUMAN

Un clan con los días contados

 Por Soledad Vallejos

Diez días después de que la Unidad de Información Financiera (UIF) presentara un informe lapidario sobre Rubén “La Chancha” Ale y su clan por indicios y pruebas de trata de personas y lavado de activos, la fiscalía solicitó al juez Fernando Poviña que tome declaración indagatoria a Ale, su ex mujer María Jesús Rivero y otros veinte allegados. El escrito que firmaron José Díaz Vélez, de la Fiscalía Federal Nº 1 de San Miguel de Tucumán; Carlos Gonella, el fiscal general a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), y Omar Orsi, de la misma entidad, enumera una cadena de ilícitos complementarios que tanto permitieron amasar una fortuna como ir blanqueándola progresivamente. Para los fiscales, existió y sigue existiendo una asociación ilícita en la que los jefes son La Chancha Ale y su ex mujer, María Jesús Rivero, y de la que los organizadores fueron José “Chenga” Gómez y su madre, Lidia Irma Medina (ahora fallecida). Otras 19 personas, entre familiares directos y allegados, señalaron los funcionarios judiciales al juez, completan la “asociación ilícita con carácter estable” que opera al menos desde 2002.

El pedido de los fiscales fue elevado el jueves. El escrito de los fiscales señala explícitamente que “existen (...) motivos bastantes de sospecha como para llamar a los imputados a prestar declaración indagatoria”, porque la investigación “ha revelado (...) la existencia de una importante organización criminal estable, con planes delictivos diversificados, permanentes y orientados a la generación de un producto económico apreciable”. El grupo comandado por La Chancha y Rivero está integrado también por sus respectivos hermanos, Angel Adolfo “El Mono” Ale y Víctor Angel Rivero, Daniela Milehin y su ex marido, Andrés Alejandro González, José “Chenga” Gómez y su hermano Gonzalo “Chenguita”, entre otros, en su mayoría imputados absueltos en el juicio por la desaparición de Marita Verón. Los fiscales se refieren a “una asociación ilícita con carácter estable, permanencia temporal y estructura funcional, al menos desde el año 2002 e ininterrumpidamente hasta la actualidad”. El grupo tenía estructura, roles, división de funciones, un arsenal propio, y fue detectado “merced a una fragmentaria intervención judicial, a lo largo de distintos momentos históricos”, algo que permitió registrar distintas configuraciones de la misma banda.

Los fiscales señalan que, con el correr de los años, la asociación ilícita de Ale agregó nuevas actividades y amplió su objetivo inicial, ceñido a la trata y la explotaciuón sexual de personas. El fallo Verón y las pruebas halladas en los allanamientos realizados por la UIF en marzo de este año, continúa el escrito, demuestran el camino: al principio, la asociación se dedicaba a “la ejecución sistemática de los delitos de privación ilegal de la libertad mediante violencia y amenazas, la captación, traslado forzado (N de R: para los fiscales, en remises de 5 Estrellas) y cautiverio de mujeres con fines de explotación sexual mediante violencia e intimidación y la promoción y explotación económica de la prostitución ajena”. Luego, “esta actividad fue mutando y diversificándose”: entraron en escena “comercialización de estupefacientes, defraudaciones (...) estafas” y otros delitos.

Los cambios en el accionar del grupo, que los fiscales consideran activo aún en 2013, se registran en un momento en particular: al alcanzar visibilidad pública el caso Marita Verón.

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