SOCIEDAD › LA JUSTICIA ALLANó OFICINAS DE LAS FIRMAS ZARA, AYRES Y KARINA KANAAN

Marcas y talleres clandestinos

El juez investiga el posible delito de trata de personas con fines de explotación laboral, a partir de una denuncia de la Ufase y una presentación de La Alameda. Las marcas habrían actuado a través de una intermediaria.

La Justicia realizó 16 allanamientos en oficinas de las firmas Zara, Ayres y la intermediaria Karina Kanaan, en el marco de una investigación por posible trata de personas y explotación laboral en talleres clandestinos. Los operativos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, en el marco de la investigación de una denuncia presentada en abril por la Unidad Fiscal de Asistencia en Secuestros Extorsivos y Trata de Personas (Ufase), a cargo de Marcelo Colombo, ante quien había elevado el caso la ONG La Alameda, admitida como querellante en la causa. En cuatro de los allanamientos, llevados adelante el jueves de la semana pasada, se secuestraron computadoras que están siendo sometidas a peritajes. Los operativos fueron ordenados luego de que, en procedimientos realizados en los talleres clandestinos señalados por las denuncias, se encontraran etiquetas para ropa de Zara y Ayres.

La causa judicial comenzó luego de la intervención de la Ufase, que en abril envió una investigación preliminar y una denuncia, sobre la base de presentaciones realizadas por La Alameda en primera instancia, y por La Alameda y Julio Piumato luego. En esas denuncias, que sumaron testimonios y la grabación obtenida mediante una cámara oculta, se menciona específicamente a tres talleres, uno en Cafayate al 1800, otro en Risso Patrón al 100 y un tercero en Bogotá al 3700, donde trabajadores de nacionalidad boliviana, muchas veces sin documentación, trabajan a destajo en turnos extensos a cambio de una paga mísera, viven en condiciones insalubres, inclusive con niños. Las denuncias de La Alameda y Piumato mencionaron, además, que en esos talleres se confeccionaba ropa para las firmas Zara, Ayres y Cara y Cruz. La denuncia original, señala la presentación de Colombo, detalló que los talleres “fueron inspeccionados por la Agencia Gubernamental de Control, dependiente del gobierno” porteño, pero que la denuncia no fue oficializada entonces porque de la recorrida no habían participado agentes de la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad.

La investigación preliminar realizada por Colombo detalló modos de trabajo, tarifas de confección y condiciones de higiene y salubridad de los talleres, pero también evaluaciones sobre cómo quienes trabajaban en ellos podían haber llegado allí. En su mayoría, se trata de personas “de nacionalidad extranjera cuya situación migratoria sería irregular”, lo que las ubica “en una objetiva situación de vulnerabilidad y, por ello, (las vuelve) susceptibles de ser víctimas (...) de explotación laboral”. Además, que la mayoría de los trabajadores sea extranjera “permite suponer la presencia de las acciones típicas que configuran el delito de trata de personas. Esto es, la captación, el traslado y el alojamiento de estas personas, quienes necesariamente se han desplazado de sus lugares de origen hacia aquel en el que finalmente han sido explotados”.

A la presunción del tráfico de personas, los datos sobre cuánto se pagaba por prenda confeccionada permitieron sumar la hipótesis de la explotación laboral. Por la cámara oculta, se determinó que en el taller de Cafayate al 1800 se pagaba 4 pesos por prenda. Señala la denuncia: “En el lugar se trabaja de lunes a viernes y los sábados hasta el mediodía”, y que en cada jornada, de 12 horas, se puede elaborar un promedio de seis prendas, lo que arrojaría un sueldo de 540 pesos mensuales. Sin embargo, de acuerdo con una reglamentación específica sobre salarios del sector textil, un empleado allí “debería cobrar 4345 pesos por las 66 horas semanales que trabaja”. La diferencia permite calcular el “coeficiente de abuso” (un cálculo estipulado por la Resolución General 46/2011 de la Procuraduría General de la Nación, que permite diferenciar trabajo esclavo de trabajo en negro).

Colombo explicó a este diario que en la investigación preliminar, la Ufase determinó que esos “talleres textiles respondían a una sociedad, que era intermediaria y tenía relación con las firmas de indumentaria”. Esa firma, Karina Kanaan SRL, derivaba las prendas a Zara y Ayres. La denuncia señala que ese intermediario podría ser responsable del delito de trata para explotación laboral. También relata que, al menos una vez, alguien de Zara ingresó en uno de los talleres, por lo que “pudo haber advertido las condiciones de explotación reinantes en el lugar”.

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En los talleres señalados por las denuncias se encontraran etiquetas para ropa de Zara y Ayres.
Imagen: Télam
 
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