La Defensoría General de la Ciudad presentó un recurso de amparo contra el sistema de inscripciones on line que el Gobierno de la Ciudad piensa implementar a partir del 4 de noviembre próximo para el ciclo lectivo 2014.

El recurso judicial cayó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario 8 a cargo de Osvaldo Otheguy y el organismo espera que la respuesta del magistrado se efectivice antes del 4 de noviembre, detallaron fuentes de la Defensoría.

El sistema de inscripción, cuya implementación anunció el gobierno porteño, prevé que los padres ingresen al sitio web www.buenosai res.gob.ar/inscrpcionescolar o llamar al 147 para inscribirse y realizar una selección de escuelas. Luego, se le asigna un turno y los padres deberán presentar la documentación en la escuela elegida, en donde se entrevistarán con las autoridades del establecimiento.

Esta modalidad de inscripción es para los alumnos que inicien su escolaridad, los que provengan de escuelas de otras jurisdicciones de gestión estatal y privada de la Ciudad o de otras jurisdicciones y los que pasan de nivel de enseñanza.

La defensora en lo Contencioso Administrativo número 4, Cecilia González, precisó que este nuevo sistema “genera una afectación al ejercicio del derecho de acceso integral a la educación, tutelado por la Constitución de la ciudad y se contradice con el propio reglamento educativo de la ciudad de Buenos Aires”.

El defensor general de la Ciudad, Mario Kestelboim, consideró que “este es un nuevo avance en contra de la escuela pública” y detalló que “el objetivo de esta medida es, sin dudas, desalentar la escuela pública y llevar la matrícula a la escuela privada que, en definitiva, es un negocio”.

La medida fue anunciada por el Gobierno de la Ciudad cuando ya en muchas escuelas estaba en marcha la inscripción, de acuerdo con el cronograma tradicional para ese trámite. Desde el gremio docente UTE-Ctera el sistema fue criticado porque aleja a las familias de las escuelas, plantea dificultades en los sectores que tienen limitaciones al acceso tecnológico y desalienta la inscripción en el sistema público.

También hubo una presentación judicial en contra de la medida por parte de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad.