“Nosotras nunca encajábamos en la ley”, dijo Lohana Berkins. “Nosotras éramos sujetas sin patria”, simbolizó Diana Sacayán. Ambas militantes y protagonistas del movimiento trans, hablan en pasado. En un pasado no tan lejano como quisieran, pero pasado al fin. Un tiempo que pretenden dejar atrás pero no olvidar. El martes pasado presentaron en el Congreso Nacional un proyecto de ley que propone reparar a quienes fueron privadas de su libertad por motivos relacionados con su identidad de género. Denominado “Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de identidad de género”, fue presentado junto a la diputada Diana Conti, diputada del FpV, quien lo ingresó oficialmente. “Yo soy un vehículo” dijo ella, de una propuesta pergeñada por Marlene Wayar, de Futuro Transgenérico, y Lohana Berkins, de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (Alitt). Un proyecto resultado de un trabajo colectivo, impulsado además por las organizaciones Abogad*s por los Derechos Sexuales (Abosex) y Movimiento Antidiscriminación de Liberación (MAL).

El proyecto establece una pensión graciable para las personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género “como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal”. Especialmente aclara que serán beneficiadas con prioridad “las personas a las que se les haya aplicado los incisos F, H e I del art. 2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto de Policía”. Y que cuando las personas hayan sufrido violencia sexual, el “beneficio será incrementado en un 30 por ciento”. El artículo 2º de ese reglamento reprimía con 30 días de arresto a “los que se exhibieren en la vía pública con ropas del sexo contrario” y “las personas de uno u otro sexo que públicamente incitaren o se ofrecieran al acto carnal”.

El pasado, claro, es el de los Edictos Policiales, como recordaron Conti y María Elena Naddeo, también acompañando la presentación del proyecto, desde la Dirección de Niñez, Adolescencia, Género y Diversidad de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad. “En plena democracia, los juzgados mantenían la vigencia de los edictos policiales. Ir vestido diferente al sexo era lo que nos traía la policía a los juzgados correccionales”, relató Conti. Berkins se mostró emocionada, porque este proyecto “saca a la luz todos los olvidos, las amnesias que tuvieron los Estados anteriores: sería la primera vez que el Estado reconocería nuestro carácter de víctimas”. Con ella, se emocionaban numerosas compañeras de ruta de distintas organizaciones que se habían sentado tímidamente alrededor de las mesas de la Sala I del segundo piso del Anexo del Congreso.

“La sociedad no dimensiona qué produce la discriminación. La mayoría morimos por enfermedades de la pobreza”, recordó. “Este colectivo sigue siendo el más dañado. Sigue teniendo promedio de vida de 30 años”, apuntó a su turno la diputada de la provincia de Buenos aires, del FpV, Karina Nazabal. De aprobarse el proyecto, el beneficio se tramitará ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, será compatible con toda prestación contributiva o no contributiva y equivaldrá a la remuneración mensual asignada a la categoría D, planta permanente, del Sistema Nacional de Empleo Público.

“La población trans fue negada en nuestra historia”, dijo la diputada nacional porteña Mara Brawer (FpV), y enmarcó el proyecto en el largo proceso de discriminaciones positivas que viene haciendo el gobierno nacional. Acompañó el acto también Pedro Mouratian, interventor del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi). Se trata de una ley “reparatoria también desde lo moral –dijo–. El Estado se hace responsable de lo que hizo. Pone sobre la mesa cuánto más importante es la vida humana por sobre lo material”. En ese sentido, recordó “cuánto han puesto el cuerpo (las personas trans), no porque fuera su elección, sino porque no tenían otra opción”.

Ya casi en el cierre, Sacayán, de MAL, habló de “esas sujetas sin patria” que eran las trans cuando el “Estado ejercía persecución, hostigamiento, encarcelamientos”. Planteó que el verdadero cambio lo propuso la Ley de Identidad de Género. Con ésta, “recién nos reconocen como sujetas de derecho, ciudadanas, y permite que podamos acceder a todos los derecho que tienen las otras”. Con este proyecto de ley el propósito es ir un paso más adelante todavía. “Viene a cumplir la palabra del perdón del Estado”, dijo Sacayán. Luego, se permitió una reflexión final, que se llevó el aplauso cerrado del auditorio: “Es un proyecto en clave de derechos humanos. Yo lo equiparo al gesto de Néstor cuando bajó el cuadro de Videla”. El pasado se hacía presente otra vez, resignificado.