SOCIEDAD › TERMINARON EL ANTEPROYECTO PARA MODIFICAR LA LEY NACIONAL DE SIDA

Por la ampliación de derechos

El Ministerio de Salud anunció que, en coordinación con ONG y sociedades científicas, hay acuerdos en los cambios a la Ley de Sida. Proponen declarar de interés nacional los tratamientos, y sumar al texto hepatitis virales e infecciones de transmisión sexual.

El Ministerio de Salud de la Nación y representantes de 35 organizaciones de la sociedad civil avanzaron en la modificación de la Ley Nacional de Sida 23.798, al finalizar el anteproyecto para modificar la norma sancionada hace 25 años. Se trata de un trabajo llevado a cabo durante más de un año por el área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la Dirección de Sida y ETS (enfermedades de transmisión sexual), que se realizó en consulta con sociedades científicas, organizaciones que trabajan en la temática y redes de personas con VIH. De aprobarse, las hepatitis virales y las ITS (infecciones de transmisión sexual) se incorporarán al texto de la ley y se declararán de interés nacional los tratamientos para combatir estas enfermedades.

“Este anteproyecto es un gran avance en el reconocimiento de derechos para las personas que viven con VIH y estamos muy orgullosos de haber sido parte de este trabajo entre el Ministerio de Salud y los distintos sectores de la sociedad civil involucrados”, afirmó el secretario de Promoción y Programas Sanitarios, Federico Kaski, durante el Encuentro Nacional de Debate por la Reforma de la Ley de VIH, Hepatitis Virales e ITS, celebrado en el marco del Día Mundial del Sida, el pasado 1º de diciembre. De la reunión también participaron autoridades de Onusida y de la Sociedad Argentina Interdisciplinaria de Sida (Saisida), además de legisladores y representantes de la sociedad científica y civil.

Una de las modificaciones más importantes que introduciría esta reforma es la incorporación de las hepatitis virales y las infecciones de transmisión sexual a todo el texto de la norma. Además, se trata de una “ampliación de derechos sociales en lo referente al acceso a la salud desde el enfoque de derechos humanos, incorporando la obligación de implementar políticas públicas activas en la materia”, destacó la cartera de Salud en un comunicado. En ese sentido, la modificación de la ley busca que los tratamientos para combatir estas enfermedades, su sustentabilidad y la defensa de la soberanía sanitaria, sean considerados temas de interés nacional para garantizar su continuidad.

El anteproyecto también establece la creación de la Comisión Nacional de VIH, Hepatitis Virales e ITS, órgano que estará encargado de asesorar a la Dirección de Sida ITS. Esta Dirección, buscará garantizar la voz mayoritaria de las personas que viven con VIH y deberá estar conformado en un 50 por ciento por personas que viven con el virus.

En tanto, el Ministerio de Salud señaló que este anteproyecto refleja el trabajo de “más de un año del área de Derechos Humanos y Sociedad Civil de la dirección de Sida y ETS, a cargo de Carlos Falistocco”. El trabajo se realizó en un marco de consulta a nivel nacional entre las sociedades científicas, agencias internacionales, programas jurisdiccionales de VIH, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, además de redes de personas con VIH.

El debate por la reforma de la Ley 23.798 se da en el contexto de las nuevas metas fijadas por la ONU en referencia al VIH conocidas como 90/90/90, cifras que hacen referencia a diferentes objetivos: que el 90 por ciento de la población con VIH conozca su diagnóstico en una etapa temprana de la infección; que quienes requieren tratamiento según las normas nacionales puedan recibirlo; y que el 90 por ciento de las personas atendidas tengan una carga viral indetectable. La cartera de salud nacional, además, propuso sumar el compromiso de hacer que el 90 por ciento de los tratamientos sean accesibles en lo económico. De acuerdo al Boletín Epidemiológico de la Dirección de Sida y Enfermedades de Transmisión Sexual, en Argentina reciben tratamiento por VIH 69 mil personas y el 70 por ciento de ellas lo hace en el sistema público de salud.

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El Ministerio de Salud y 35 ONG debatieron más de un año los cambios que serán necesarios.
 
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