Una campaña que tiene por objetivo “visibilizar y denunciar la violencia institucional ejercida durante el procedimiento de averiguación de identidad que hace la policía en la vía pública”, fue presentada ayer por el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires, con el acompañamiento de entidades de Derechos Humanos. La campaña “¿Te paró la policía?” incluye la habilitación de una línea telefónica gratuita, 0800-DEFENDER (33-336-337), para denunciar “el pedido de DNI sin explicaciones, un cacheo sin motivo alguno, insultos o golpes que suelen ser algunas de las prácticas” habituales de las autoridades policiales en el ámbito de la Capital Federal, incentivadas a partir del fallo dictado a fines del año pasado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad, que avaló la facultad de la policía para pedir documentos a transeúntes en lugares públicos, sin motivo alguno, con la excusa de “prevenir delitos”.

Previo al lanzamiento, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras entidades defensoras de los Derechos Humanos se presentaron ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación como amicus curiae (amigos del jurado) en la causa en la que Lucas Abel Vera fue detenido “sin orden judicial y con procedimientos discrecionales” el 14 de abril de 2014 (ver aparte).

En ese proceso judicial se basó el Tribunal Superior de Justicia porteño para restituirle a la policía “la facultad de demorar o detener personas en forma discrecional”, como ocurrió en el país durante varias dictaduras militares y en democracia hasta entrados los años noventa, por aplicación de los edictos policiales, eliminados a partir de la detención ilegal y la muerte del joven Walter Bulacio luego de sufrir torturas en una comisaría.

Al presentar la campaña, el defensor general de la Ciudad, Horacio Corti, señaló que “hay un hecho simbólico-político que no podemos dejar de lado y es que apenas se conoció la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad, el Tribunal Superior de Justicia sacó el fallo contra Lucas Vera”. Corti expresó su preocupación porque la restitución de facultades a la policía fue a partir de una decisión “de la máxima autoridad judicial de la Ciudad”. Ante tal situación, sostuvo que es “fundamental visibilizar las prácticas abusivas que, en reiteradas ocasiones, llevan adelante las fuerzas policiales”.

El coordinador del programa Contra la Violencia Institucional del Ministerio Público de la Defensa, Christian Gruenberg, afirmó que la campaña “es una respuesta al efecto que tiene en las calles el caso Vera” y el fallo del TSJ. Gruenberg recalcó que “no alcanza con el trabajo de una institución pública para enfrentar la violencia institucional”. Por esa razón “promovemos un trabajo en conjunto con representantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, la Defensoría General de la Nación y el Ministerio Público Fiscal de la Nación”.

La campaña “promueve e incentiva la participación de las víctimas de violencia institucional para recibir de manera segura y confidencial denuncias a través de la línea telefónica gratuita”. Las denuncias se registrarán a través de “un cuestionario diseñado especialmente para poder identificar, describir y cuantificar las distintas formas de violencia institucional y para reconocer patrones de detención con el fin de identificar a la población” a la que apunta “la selectividad penal” incentiva a partir del fallo del TSJ.

Las víctimas que hagan las denuncias recibirán asesoramiento legal, al mismo tiempo que “se diseñarán y propondrán reformas institucionales contra la impunidad” y se desarrollarán “acciones legales para prevenir y controlar la violencia institucional” en Ciudad. Por otra parte, el Ministerio Público de la Defensa tomará contacto “de manera directa con organizaciones sociales, radios comunitarias, instituciones educativas y centros culturales barriales, prestando especial atención a las comunas de mayor conflictividad con las fuerzas de seguridad”.

Con anterioridad y acompañada por un conjunto de gremios y organizaciones sociales de la Capital Federal, el Ministerio Público de la Defensa hizo una presentación para “apelar e impugnar” el fallo del TSJ que “habilita la facultad policial de demorar o detener personas discrecionalmente”. El planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación sostiene que el fallo del TSJ constituye “un grave precedente para el irrestricto respeto de los derechos y garantías de los trabajadores que día a día viven y trabajan en el territorio de esta Ciudad”.

La apelación cuenta con el apoyo de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), CTA de la Capital Federal, de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital, del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), y de la agrupación HIJOS.