SOCIEDAD › DOS PROCESADOS POR “TRAFICO DE MEDICAMENTOS”

Hombres de hierro falsificado

El director del Hospital de Viedma y el dueño de una droguería fueron procesados por la Justicia en el caso de las intoxicaciones con remedios falsos. En otra causa hay detenidas tres personas.

El director del Hospital de Viedma y el dueño de una droguería de Bahía Blanca fueron procesados por “tráfico culposo de medicamentos peligrosos para la salud”, en una nueva derivación del caso de las intoxicaciones por inyecciones de Yectafer falsificado, que provocó la muerte de una paciente. Los procesamientos obedecen a que la droguería no estaba autorizada para vender fármacos en la provincia de Río Negro. Entretanto, según el fiscal a cargo de la investigación de fondo, “estamos cerrando el círculo alrededor de los autores de la falsificación”. Ya hay detenidas tres personas, entre ellas un empleado de una droguería de la Ciudad de Buenos Aires, por comercializar el medicamento falso que causó la muerte a la joven Verónica Díaz en diciembre del año pasado.
El juez de instrucción penal de Viedma, Pedro Funes, decidió procesar al médico José Pacayut, director del Hospital de Viedma, y al empresario Santiago Gavazza, titular de la droguería Gavazza de Bahía Blanca. El cargo de “tráfico culposo de medicamentos peligrosos para la salud”, por el que son acusados, es castigado con penas de seis meses a cinco años de cárcel. El procesamiento había sido solicitado por el fiscal Marcelo Alvarez.
Una fuente de la investigación explicó a este diario que “la autorización para que las droguerías comercialicen medicamentos en forma interprovincial es otorgada por la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos y Tecnología Médica), y la Droguería Gavazza carecía de esta habilitación. La falta de ella se encuadra en la impericia, imprudencia o negligencia que caracterizan al delito culposo, que en este caso se configura por un actuar antirreglamentario con consecuencias nocivas para la salud de determinadas personas”. Una eventual condena implicaría también “la separación de su cargo del doctor Pacayut”.
Por su parte, el fiscal Marcelo Munilla Lacasa –de la fiscalía de instrucción especializada que, en Buenos Aires, investiga el caso del Yectafer– anunció a este diario que “tenemos prácticamente cerrado el círculo alrededor de los responsables de la falsificación y en este orden vamos a hacer una presentación en el juzgado”, lo cual podría conducir a nuevas detenciones.
Ya hay tres personas detenidas por el caso: Pablo José Cernadas, empleado de la droguería Quimbel (Química Belgrano), de la Ciudad de Buenos Aires, está acusado de haber comprado para esa firma el Yectafer con conocimiento de que era falsificado; Adrián Quintela y Jorge Scatolini están acusados de haber fraguado la documentación necesaria para esa operación.
La droguería Gavazza habría comprado de buena fe el Yectafer inyectable, pero lo vendió al Hospital de Viedma bajo condiciones irregulares.
El 23 de diciembre del año pasado, Verónica Díaz, de 22 años, falleció en el Hospital Eva Perón de San Martín, adonde había sido trasladada de urgencia, con el hígado arruinado, tras haber recibido inyecciones para tratarse una anemia por falta de hierro. Otras ocho mujeres en Río Negro, dos de ellas embarazadas, también habían sufrido síntomas de intoxicación. Se constató que la causa estaba en una partida falsificada del medicamento Yectafer. Otra de las víctimas, Angela Peralta, quien, embarazada de seis meses, había recibido su inyección de Yectafer falsificado en el Hospital de Cinco Saltos, también de Río Negro, experimentó una paulatina recuperación, y el fin de semana pasado retornó a su pueblo con su bebito de cuatro meses.

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La droguería compró de buena fe el Yectafer inyectable, pero lo vendió en condiciones irregulares.
 
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