SOCIEDAD › ATAQUES A COMISARIAS, MOTINES, 242 REHENES Y 52 MUERTOS

Los narcos paulistas se rebelan

Durante dos días, el cartel brasileño PCC atacó comisarías y desató motines en medio centenar de cárceles. Ya se registraron 52 muertos entre policías, narcos y curiosos. Lula ofreció ayuda federal, pero el gobernador Lembo dijo que la situación estaba controlada.

Una serie de actos violentos contra la policía, guardias municipales y motines en 51 cárceles de San Pablo, Brasil –que se iniciaron el viernes por la noche y ayer, al cierre de esta edición, continuaban–, provocaron 52 muertos, 35 de ellos policías, mientras que los amotinados retenían a por lo menos 242 rehenes. Los ataques contra diversas representaciones del estado fueron concretados por el Primer Comando de la Capital (PCC), la más importante agrupación de narcotraficantes y criminales organizados, en respuesta al traslado de más de 700 presos de la organización a una nueva cárcel de máxima seguridad.

Se trata del mayor amotinamiento en la historia del sistema penitenciario brasileño, según reconoció la Secretaría de Administración Penitenciaria. También se informó que la totalidad de los rehenes son guardias de los establecimientos carcelarios.

El estallido comenzó el viernes como represalia por el traslado de 765 presos ligados al PCC hacia una cárcel de alta seguridad, entre ellos su líder, Marcos Willians Herba Camacho, alias Marcola. La intención de las autoridades del estado de San Pablo era aislarlos y desbaratar un plan de fugas masivas previsto para este domingo, Día de las Madres en Brasil.

En un primer momento, los incidentes se habían desatado en 67 prisiones, pero en 15 de ellas fueron sofocados por la policía, que logró la liberación de 85 rehenes. Los 242 rehenes estaban en 48 de las cárceles tomadas, mientras que hasta ayer no había datos sobre la posibilidad de que haya rehenes en las otras tres cárceles.

El estado de San Pablo cuenta con 144 unidades carcelarias de diferentes dimensiones y unos 58 mil reclusos a cargo de la Secretaría de Administración Penitenciaria estadual. La ciudad de San Pablo es el distrito más poblado de Brasil, con 42 millones de habitantes y una superficie del doble de la ciudad de Buenos Aires.

Los motines se realizaron en simultáneo con ataques contra dependencias de las fuerzas de seguridad del estado, que produjeron, además de los muertos, 53 heridos. Entre las víctimas fatales se cuentan 35 integrantes de fuerzas de seguridad, 14 sospechosos de haber participado en los ataques y tres ciudadanos ajenos a los enfrentamientos, según informó el gobierno paulista. Mientras que entre los heridos se cuentan 39 agentes, seis presuntos delincuentes y ocho transeúntes.

En total se registró una centena de ataques, cuarenta de ellos durante la noche del sábado al domingo, a pesar del fuerte dispositivo de seguridad desplegado tras el inicio de los incidentes el viernes. La Secretaría de Seguridad indicó que fueron detenidas 77 personas.

El estallido supera a los principales ataques del PCC, como la rebelión que en febrero de 2001 provocó cinco muertos en 20 cárceles, o los ataques de noviembre de 2003, que causaron la muerte de once agentes y siete criminales.

Mientras tanto, miles de familiares de los presos se concentraron sin poder entrar ante las unidades tomadas por los prisioneros. En la Penitenciaría Femenina de la Capital, decenas de hijos y parientes que anhelaban ver a madres, esposas, novias o hermanas se horrorizaron al escuchar una versión policial que indicaba que las rebeladas habían decapitado a una carcelera. Y en los restantes 93 institutos penitenciarios las visitas se cumplían con normalidad y sin incidentes, pero con vigilancia redoblada.

Por otra parte, unos 12 mil reclusos habían salido desde el miércoles y hasta ayer por buena conducta para celebrar el Día de las Madres. Desde el sindicato de policías jubilados se criticó esa medida de otorgar libertad condicional y se afirmó que “con seguridad, muchos de ellos participaron de los atentados”.

Para tratar de encauzar la situación, el gobierno federal ofreció su cooperación. Desde Viena, donde participaba de la cumbre entre la Unión Europea y América latina, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo estar dispuesto a colaborar con el reestablecimiento del orden, que en Brasil es responsabilidad de las autoridades regionales. Por su parte, el gobernador del estado de San Pablo, Claudio Lembo, rechazó la ayuda diciendo que la situación está bajo control.

En sus declaraciones, Lula señaló que la violencia sólo se resolvería con más inversiones en el área social y culpó a sus antecesores y adversarios por haber desdeñado ese tema. “Lo lamento por las víctimas, por los familiares, pero ése es el resultado de un país que durante la mitad del siglo XX fue gobernado creyendo que la inversión en educación era un gasto, que la inversión en salud era un gasto, que la inversión en política social era un gasto”, aseguró Lula.

El gobernador Lembo admitió que el gobierno sabía que la transferencia de presos provocaría reacciones. “Pensamos en todas las posibilidades y también en los riesgos que podríamos correr. Pero era necesario combatir lo que estaba ocurriendo. No estamos con amenazas ni con timidez. Estamos con la seguridad de quien cumple la ley y el Estado de Derecho”, remarcó.

El comandante general de la Policía Militar, coronel Elizeu Eclair Teixeira Borges, dijo que la institución estaba alerta, y que “el número de muertes fue bastante menor por haber tenido esa alerta”.

Por su parte, el secretario de la Administración Penitenciaria, Nagashi Furukawa, concordó con la necesidad de aislar a los líderes del PCC. “Creo que la medida que el gobierno tomó era necesaria, aunque haya provocado esta respuesta, porque el gobierno tiene que actuar, tiene que cumplir la ley y ser firme en sus acciones. Existen muchas personas que están en deuda con los que están presos y reciben orden de tirar desvariadamente. Eso va a parar, tiene que parar”, consideró.

La Pastoral Carcelaria de la Iglesia Católica de San Pablo condenó las rebeliones y los atentados, pero trasmitió su preocupación por una eventual respuesta violenta por parte de las autoridades. En un comunicado expresó: “No podemos aceptar que se criminalice y sancione sólo a los pobres o a la pobreza. Si esos actos de violencia nos causan horror porque son visibles y hay vidas segadas, ellos son, en cierta forma, el resultado de una violencia institucional invisible y selectiva”.

Compartir: 

Twitter
 

Para ayer se había planificado una fuga masiva y el gobierno cambió de unidad a los cabecillas.
SUBNOTAS
 
SOCIEDAD
 indice

Logo de Página/12

© 2000-2019 www.pagina12.com.ar | República Argentina | Política de privacidad | Todos los Derechos Reservados

Sitio desarrollado con software libre GNU/Linux.