SOCIEDAD › PROPONEN UN REGISTRO DE TRABAJADORAS SEXUALES

Polémico combate a la trata

El gobierno de La Pampa impulsa una ley para que empleadas de locales nocturnos se inscriban en un registro y tengan una credencial. Críticas de la Red No a la Trata y de Ammar.

Si la Legislatura de La Pampa lo avala, empleadores y empleadas de locales nocturnos de esa provincia deberán cumplir con un nuevo requisito para ejercer la actividad: cada trabajador y trabajadora se inscribirá en un registro manejado por la policía provincial donde constarán sus datos personales y recibirá, al finalizar el trámite, una credencial con su foto y huellas digitales. Se trata de un proyecto del gobierno pampeano para combatir el tráfico de personas. El sistema, explicaron, permitirá detectar casos de manipulación o adulteración de identidad, una práctica corriente entre los proxenetas para someter a sus víctimas. Organizaciones sociales repudiaron el plan por considerar que es “una regulación de la prostitución”, lo que va en contra de los tratados internacionales y es “una herramienta de control” contra las mujeres que ofrecen sexo.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el Ministerio de Gobierno, la policía provincial tendrá a cargo la elaboración del registro, donde deberán inscribirse los dueños y trabajadores de “cabarets, clubes nocturnos, whiskerías y lugares de similar naturaleza habilitados por las municipalidades”. Si no se registra, el propietario no podrá acceder a la habilitación del local.

Tanto desde la Red No a la Trata como desde la Asociación de Mujeres Meretrices de la Argentina (Ammar) objetaron que las fuerzas de seguridad tengan esa potestad, siendo que “son sospechados de desviar investigaciones, de encubrimiento y posible participación en casos de trata de personas” para el ejercicio de la prostitución, aseguran.

“Los proxenetas harán filas en las comisarías para conseguir la cédula y continuar con la explotación bajo este amparo legal”, evaluó Sara Torres, presidenta de la Red y de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW) en el país. “¿Cómo los policías, que son dueños de estos lugares nocturnos, van a dedicarse al control?”, preguntó, indignada, Elena Reynaga, secretaria general de Ammar.

Según la última investigación de la Organización Internacional para las Migraciones, La Pampa es señalada como una provincia de destino de mujeres víctimas de tráfico de personas.

El ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, Rodolfo Gazia, en diálogo con Página/12, puso las manos en el fuego por su policía. “Sabemos lo que pasa en otras provincias, pero la policía de la provincia no está involucrada en este tipo de delitos”, aseguró. Igual postura tomó la subsecretaria de Justicia, Laura Tapia. “Nuestra institución policial no padece de corrupción estructural ni representación social de connivencia delictiva”, respondió.

Como parte del mismo trámite, los inscriptos recibirán una credencial con fotografía y huellas digitales, donde constará el nombre, apellido y DNI de la persona. El funcionario aclaró que se podrá incorporar “toda información que requieran los organismos nacionales e internacionales para prevenir el delito”, como, por ejemplo, la fecha de ingreso al país en caso de tratarse de ciudadanos extranjeros.

Las dos organizaciones sociales consultadas por Página/12 se opusieron al proyecto al sostener que tanto la elaboración de registros como la identificación del personal que trabaja en locales nocturnos está en contra de tratados internacionales firmados por el Estado argentino. “La Argentina es un país abolicionista, es decir, prohíbe la explotación de la prostitución y penaliza al proxeneta que viole la ley”, explicó Torres. Reynaga, por su parte, recordó que el Pacto de San José de Costa prohíbe la creación de registros, por considerar que son discriminatorios hacia las mujeres, como tampoco permite penalizar la prostitución. “Esto es una herramienta para que la policía controle aún más a las trabajadoras sexuales”, aseguró.

En cambio, para el gobierno provincial no se trata de “avalar el proxenetismo, sino de aportar una herramienta que prevenga, disuada y ayude al contralor, a evitar las actividades ilícitas que pueden surgir respecto de las lícitas”, respondió Tapia.

De aprobarse el proyecto, la policía, auxiliada por el sistema de lectura de huellas digitales, conocido como Afis, realizará visitas periódicas a los locales nocturnos para saber si las personas tienen su credencial y verificar si no hubo adulteración o manipulación de ese documento. Afis es una tecnología de avanzada a través de la cual se podrán corroborar si los datos de la cédula coinciden con los suministrados por el aparato en el momento de apoyar su dedo pulgar. “Si la persona se encuentra desaparecida, es menor de edad o está sin credencial podremos constatarlo en ese mismo instante”, destacó Tapia.

Informe: Elisabet Contrera

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Según el proyecto, cada trabajadora sexual recibirá una credencial con su foto y huellas digitales.
 
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