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“Juan Carlos March s/falsedad ideológica y asociación ilícita” es la calificación que pesa sobre el médico defuntólogo que titula la carátula, y sobre Oscar Sierco y Marcelo Ferrín, empleados operativos de Casa Sierra. Para los investigadores, March aparece como la figura necesaria para que se cometa el delito. “Y si además cobraba por eso, hay dolo”, reveló a este diario una fuente judicial. Qué cobraba March y cuántos certificados expedía es algo que aún no fue determinado. Algunas fuentes señalaron que “se cobra alrededor de diez pesos el certificado firmado en blanco”. Para dar una idea cabal del volumen que estiman los investigadores, cuando el juez porteño que investiga los certificados truchos pidió toda la data sobre March desde el ‘95, le respondieron:
–Doctor, es imposible.
–¿Por qué?
–Calculamos que desde ese año firmó más de 100 mil certificados.
En la ciudad autónoma mueren, según las estadísticas, unas 130 personas por día, o unas 50 mil al año. Mucho antes de que saltara el caso García Belsunce, March ya estaba suscripto a la lupa de los investigadores: hasta la intervención de la Central de Defunciones, donde se presentan los certificados del ser o estar finado, el defuntólogo que llegó a la fama por el caso de Pilar, según registros oficiales, presentaba entre el 20 y el 30 por ciento del total de los certificados diarios. “Algunos días más, algunos días menos”, citó una fuente.
Esto lleva la cifra de óbitos marchianos naturales a unos 15 mil anuales. Cuando desde el juzgado de Julio Lucini solicitaron todos los certificados firmados por el médico detenido desde 1995, le respondieron “Doctor, imposible”. El impedimento que planteaban en el Registro Civil era operativo: una gruesa columna de empleados debería dedicarse durante días pura y exclusivamente a desenterrar de los libros de actas alrededor de cien mil certificados firmados por el médico.
March trabajaba no sólo con Casa Sierra en ámbitos porteños. Pero donde más tinta gastaba era en territorio bonaerense. Allí, la amplitud de jurisdicciones hacen prácticamente incontrolable el sistema. Ya en 1995 se le había abierto un sumario en La Plata cuando le detectaron la firma de tres certificados de defunción el mismo día, a la misma hora, en ciudades tan distantes como Junín y Lanús.
A todo esto se agregan las actuaciones iniciadas en 2000 por el interventor de la Central de Defunciones, Alejandro Lanús. Cuando saltó el caso García Belsunce II, desde la dirección de legales del Registro Civil porteño se contactaron con los registros civiles provinciales de todo el país. “En el registro bonaerense nos respondieron con sus dificultades –citó una fuente–. No tienen forma de controlar porque el registro de firmas es otorgado por el Colegio Médico, que a su vez sólo toma la decisión de suspender la firma con una causa judicial.”
Así se descubrió que el grueso de los certificados marchianos operaba en blanco en cocherías bonaerenses, aunque no se descarta que ocurra lo mismo en el resto del país, ya que su matrícula médica es nacional: “Calculamos que de cada cinco o seis certificados que firmaba en Capital, tenía entregados unos cien en territorio bonaerense”.
En el 99 por ciento de los casos firmados por March, la muerte por paro cardiorrespiratorio no traumático se lleva los laureles. En algunos casos variaba, agregando insuficiencia cardíaca. En el caso que inició la denuncia de 2000 por la que luego fue sobreseído, agregó una tercera causa: descompensación cardíaca.
“El paro cardiorrespiratorio no es una causa de muerte –explicó un especialista–. Según la OMS, es un efecto de una causa. El cáncer puede ser una causal. Pero todos mueren por paro cardiorrespiratorio. Es como decir que la causa de muerte fue que dejó de respirar.” En ese certificado (ver facsímil), el 22 de junio de 2000, March afirmó esas tres causas pero además marcó en una cruz el casillero correspondiente a comprobación demuerte “por referencias de un tercero”. Sólo de esa manera puede entenderse que haya firmado en Capital y en provincia el mismo día y con escasos minutos de diferencia. No pudo hacer lo mismo en el caso de María Marta García Belsunce. Le faltaba el casillero de la versión de terceros. Certificó entonces la muerte natural “no traumática”, “por haber reconocido el cadáver personalmente”. Nadie sopló a su oído que los pitutos traen problemas coronarios graves.