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No sólo la resolución del crimen de María Marta es una complejidad inédita. Las autoridades locales del Registro Civil pierden el sueño buscando la forma de impedir o, al menos, de limitar los certificados marchianos. Para resolver el problema se encuentran ante un galimatías: la ciudad será autónoma pero carece de Colegio Médico porteño. No hay quién resuelva las faltas disciplinarias y los tribunales de ética, porque todo depende, a la vieja usanza, del Ministerio de Salud de la Nación. El viernes pasado, representantes de Femeca (Federación de Médicos de Capital) y la Asociación Médica intentaban desenredar las trabas en una reunión con el titular del Registro Civil porteño, Félix Pelliza. Mañana iniciarán los borradores. “Esto tiene que cambiar –reveló un allegado a la dirección general–. Aníbal Ibarra no quiere que cuando se apague el caso García Belsunce esto vuelva a ser lo de siempre.”
En esa reunión, Pelliza y sus asesores presentaron su intención de modificar todo el sistema vigente, caracterizado por la falta de controles. “Los médicos mostraron muy buena disposición –reveló la fuente–. Pero señalaban que uno de los temas a resolver es el de crear por ley un colegio público donde entre pares se realicen los controles y se dispongan sanciones.” Por el momento, la Subsecretaría de Políticas, Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud es el órgano encargado de la matrícula médica. El 17 de diciembre pasado, Pelliza envió la nota 8798-DGRC-02 a Héctor Conti, a la sazón, el subsecretario. El motivo era anunciar la suspensión provisoria de Juan Carlos March en el registro de firmas y solicitaba que la Subsecretaría considerara qué medidas tomar respecto de la matrícula del médico. “Hasta hoy ni siquiera mandaron un fax de recibido”, se quejó un allegado al caso.
Otra complicación que plantearon los médicos es su dificultad de firmar certificados de defunción. “Nadie puede determinar en dos minutos por qué ocurrió la muerte. El cuerpo puede estar perfecto y quién dice que no lo envenenaron.”