SOCIEDAD

Derechos de todos

 Por Alejandro Bodart *

Ha sido un triunfo. Tras sortear unos cuantos y absurdos obstáculos, la joven víctima de redes de trata, violada y embarazada, al fin pudo acceder a realizarse el aborto no punible que había solicitado en un hospital porteño.

Esa victoria fue fruto de la presión conjunta que hicimos una diversidad de sectores políticos y sociales; también de la presentación de nuestros abogados y de compañeras feministas, ante la cual la Corte Suprema dictó un rápido y oportuno fallo en defensa de los derechos de la mujer.

La cadena de crueldades no fue pequeña:

- El director del Hospital Ramos Mejía no practicó el aborto apenas ingresó la mujer al establecimiento, tampoco dio aviso para que la protegieran en tanto víctima de trata y luego dejó filtrar sus datos confidenciales.

- El jefe de Gobierno, Mauricio Macri, actuó doblemente mal. Con su veto a la ley que aprobamos en la Legislatura habilitó la presentación de trabas aun para los abortos no punibles. Y al ventilar este caso en los medios, puso a la mujer en riesgo ante los reaccionarios grupos “pro-vida” e incluso ante las redes criminales de trata.

- A su vez, violando el fallo de la Corte Suprema, la retrógrada jueza nacional Miriam Rustán de Estrada ordenó impedir el procedimiento de aborto.

- Guardián de toda esta moral medieval de sotanas, el cura del hospital amenazó a la mujer violada y embarazada con “tocar todas las campanas de la Ciudad cuando ella asesinara a su hijo”...

Todos ellos, sin duda, habrán de pagar sus responsabilidades políticas y/o penales. Están hechas todas las presentaciones al respecto. No obstante, cabe reflexionar sobre lo ocurrido, precisamente para evitar que alguna otra mujer o niña vuelva a soportar semejante carga.

Porque si esto sucedió en la ciudad de Buenos Aires, y con un aborto que claramente se enmarca en el fallo de la Corte sobre no punibilidad, imaginemos lo que puede suceder en el interior del país. Así lo demuestra el reciente caso de judicialización en Santa Fe, aun con un protocolo provincial aceptable.

Estas barbaridades se podrían evitar si el Congreso nacional al menos aprobara una ley nacional de aborto no punible, como un primer paso para avanzar en el debate de fondo que hace falta sobre el aborto legal, seguro y gratuito.

A todas y todos aquellos con quienes unimos fuerzas en defensa de la mujer afectada los convocamos a ir juntos y juntas por más. Porque avanzar en los derechos de las mujeres es avanzar en los derechos de todos.

* Diputado de la Ciudad (MSTProyecto Sur)

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