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Natalia Gherardi

Políticas de Estado

“Las marchas por situaciones de violencia contra las mujeres se pueden entender en el contexto de una mayor manifestación pública por problemas que aquejan la vida cotidiana de las personas”, opinó Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “Tristemente, la violencia contra las mujeres a manos de personas conocidas y de su círculo íntimo, es parte de la cotidianeidad de muchas de ellas. Las manifestaciones se dan también en un contexto particular, cuando se hace evidente para la sociedad toda que los problemas de violencia en el ‘espacio privado’ no son ajenos al ámbito público, y deben por lo tanto ser abordados por las políticas de Estado”, apuntó la abogada, especialista en tema de género.

Para Gherardi, “está claro que las respuestas que el Estado viene dando aparecen como insuficientes, parciales, fraccionadas, desarticuladas”. “En muchos de estos casos el reclamo de las familias es ‘ella denunció y no pasó nada’. Es cierto, porque muchas veces no alcanza con denunciar el hecho de violencia. Y no es porque las víctimas deban hacer mucho más porque para muchas de ellas este es un paso enorme, sino porque el Estado debe poner en marcha una cantidad de mecanismos a partir de la denuncia –y aún sin necesidad de denuncias judiciales, en algunos casos– que podrían llevar a ese primer paso a un mejor resultado: políticas públicas, por un lado, y una respuesta integrada, pronta y efectiva del Poder Judicial”, consideró.

–Hay una buena legislación. ¿Qué está faltando?

–Las políticas públicas son un instrumento indispensable para que las leyes sean algo más que palabras. Esto se ve claramente en el caso de la violencia contra las mujeres: leyes sin un presupuesto razonable, sin institucionalidad y sin suficientes políticas efectivas asociadas para la contención social y psicológica, subsidios económicos, de vivienda, arreglos de cuidado para niños/as y otras personas dependientes, inserción laboral. Las iniciativas que existen, algunas de ellas muy valiosas, no alcanzan a conformar una política pública accesible a nivel nacional.

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Estela Díaz

“Articular acciones”

“La violencia contra las mujeres dejó la esfera privada para ser un tema público y reconocido como una grave problemática social justamente gracias a la movilización que el feminismo y el movimiento de mujeres puso en escena pública durante las últimas décadas”, señala Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA que responde a Hugo Yasky. Desde su punto de vista, las marchas en reclamo de políticas públicas contra la violencia de género que se están viendo en distintos puntos del país son la expresión de la reactualización “de una temática muy presente en los últimos años”.

“Es necesario repensar el criterio de la movilización –propuso Díaz–. Porque durante los ’90, las organizaciones como actoras sociales nos constituíamos movilizadas contra el Estado, porque sus políticas eran de exclusión y desigualdad. Hoy se producen movilizaciones y participación social constantes, pero se expresan de muy diverso modo. Las hay desde sectores opositores a los diferentes gobiernos, nacional-provinciales-municipales, pero también desde otras perspectivas políticas. Porque hay condiciones de interlocución con el Estado y una participación, activismo y movilización territorial que es más propositiva. Las fuerzas sociales y de mujeres que hoy están activando y movilizadas por la erradicación de la violencia de género, son muchas más que aquellos actos puntuales, que pueden llegar a tener alguna presencia mediática”, opinó.

–¿Cuál debería ser la respuesta del Estado? –preguntó este diario.

–A diferencia de otras temáticas sociales que pueden atenderse desde algún ámbito institucional específico, en la violencia de género siempre se requiere de acciones articuladas y de la participación interinstitucional. No se puede actuar en soledad y el voluntarismo no alcanza. El Plan Nacional Integral que propone la Ley 26485 también supone la generación de políticas tanto nacionales, como provinciales y locales. Este plan debería ser rector del conjunto de las políticas de atención y prevención de la violencia. Esto plantea la necesidad de un Estado mucho más presente, que de manera ineludible deberá destinar recursos económicos y profesionales mucho más ambiciosos que lo previsto hasta la fecha. Las respuestas de políticas públicas siguen siendo insuficientes.

–¿Por qué las mujeres se quedan tanto tiempo con parejas violentas? Muchas veces se observa que pasaron seis, diez o más años, antes de poder pedir ayuda y terminar con una relación signada por la violencia machista.

–Cuando hablamos de violencia de género hacemos referencia explícita al reconocimiento de las causas más profundas de la misma, asentadas en la histórica asimetría existente en las relaciones de poder entre varones y mujeres, y que perpetúa la subordinación y desvalorización de lo femenino frente a lo masculino. Pero cuando nos referimos específicamente a la violencia familiar o de pareja es necesario también abordarla desde el reconocimiento de su complejidad. Tampoco se puede pasar por alto las características especiales de este tipo de violencia, por lo ineludible de la biografía personal, afectiva, la construcción de vínculos, la socialización familiar, los modos de resolución de conflictos interpersonales, pero también por el entorno social y cultural. Vivimos en una sociedad en transición respecto del modelo tradicional de familia, de géneros, de identidades, de construcción de subjetividades. Cambios que siguen conviviendo y en tensión con el imaginario social de “la sagrada familia” y “el amor romántico”, que a pesar de su buena prensa, siempre han sido cómplices de lo siniestro silenciado. Quien nos pega, humilla, maltrata, viola y asesina, es con quién construimos un proyecto de vida en común, aspecto que vuelve más vulnerable a quién padece esta violencia, situación que cuesta ponderar en su cabal dimensión a la hora de intervenir. Para que la violencia de género o la subordinación esté legitimada, es imprescindible también la existencia de discursos e instituciones a través de los cuales se naturalicen determinadas prácticas. A pesar de los enormes cambios operados estos años, las modificaciones culturales profundas conviven con prácticas, instituciones y discursos resistentes a los cambios.