“El punto central es que todo lo que relatamos en el informe conforme toda una política de mano dura y punitivismo, y lo que está en cuestión es que hay que cambiar esa política. Mientras no se cambie ese paradigma punitivo, las torturas van a seguir, el autogobierno policial va a continuar y los informes como éste se van a reiterar”, señaló Alejandro Mosquera, secretario ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria, a Página/12.

–Se volvió a la concepción de la guerra al delito, a las políticas tendientes al control social de los sectores más excluidos y una verborragia de guerra, y lo que viene de la mano de esto es la violación a los derechos más elementales de esos sectores.

–Sí, planteamos derogar la llamada Ley Antiterrorista, que nada tiene que ver con la protección de los derechos humanos. Creemos fuertemente que hay que democratizar la Justicia, hay que discutir la selección de los magistrados, lograr la autonomía de la defensa. Tenemos que derogar el Código Contravencional de la provincia y construir un Código de Convivencia que proteja a la gente y no que le dé instrumentos a la policía. Crear una Policía Judicial. Desde la Comisión esperamos que lo más rápido que se pueda, se ponga en marcha el proceso de votación en ambas cámaras. Es muy importante discutir con toda la sociedad estos temas, pero no para endurecer las penas y perseguir la protesta social, sino para terminar con las arbitrariedades.

–Sacó la elección del cuerpo directivo en audiencia pública y la creación de una comisión parlamentaria de seguimiento. Sacó los mecanismos de control. Y también modificó la prohibición de que ingresen ex miembros de fuerzas de seguridad. Ahora podrán entrar ex miembros de empresas de seguridad privada.