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La Subsecretaría de Justicia de la ciudad de Buenos Aires propicia un polémico proyecto por el cual los tribunales porteños se harían cargo de las causas por estupefacientes, tal como ya vienen haciéndolo los tribunales de la provincia de Buenos Aires. Según Javier Fernández Moores, titular del organismo, esto contribuiría a que todos los incriminados por consumo de sustancias ilícitas “reciban tratamiento en los centros de salud de la ciudad”. Una especialista en adicciones respondió que “la accesibilidad de los tratamientos, para quienes necesiten asistencia, no debería buscarse a través del derecho penal” y observó que “en muchos servicios no tienen turnos precisamente porque están taponados por derivaciones judiciales, que de hecho son tratamientos compulsivos y la mayoría de las veces fracasan”.

El proyecto sostenido por la Subsecretaría de Justicia se complementa con el reenvío a la Legislatura porteña de un proyecto, que no fue tratado el año pasado, para transferir a la Justicia de la ciudad los delitos de lesiones y homicidio en riña, abandono de persona, omisión de auxilio, exhibiciones obscenas, matrimonios ilegales, amenazas, violación de domicilio, usurpación, daños e incumplimiento de deberes de asistencia familiar. La Justicia porteña ya tiene a su cargo el delito de tenencia y portación ilegal de armas de uso civil.

Con respecto a su proyecto de “desfederalización de la competencia en materia de estupefacientes”, Javier Fernández Moores, subsecretario de Justicia de la ciudad, afirmó que “en la Justicia federal este tipo de causas generalmente se archivan: pretendemos darle al problema un tratamiento integral a través de los centros de salud de la ciudad, trabajando en común con la Secretaría de Salud”.

–Los tratamientos que usted plantea en reemplazo del archivo de la causa, ¿no serían compulsivos?

–No necesariamente. Nadie puede ser tratado compulsivamente.

–Pero serían derivados por un juez, bajo amenaza de castigo penal.

–Es lo que está en la ley. Desde la ciudad no se aplicará algo diferente, pero se puede asegurar un tratamiento integral del problema –contestó el subsecretario Fernández Moores.

El funcionario agregó que “el tema lo hablé en su momento con (Aníbal) Ibarra (ex jefe de Gobierno de la ciudad) y admitió que “no lo hemos hablado” con Jorge Telerman, actual titular del Ejecutivo, “pero él sabe que es un tema pendiente”.

Martín Lapadú, fiscal porteño, defendió el traspaso “pero no sólo en cuanto al tema drogas, sino en el marco de las demás competencias” (mencionadas más arriba). Lapadú argumentó que el cambio “le vendría bien a la Justicia de la ciudad para terminar de consolidarse”.

En cambio, Graciela Touzé, presidenta de la Asociación Intercambios -dedicada al tema de las adicciones– observó que “en la provincia de Buenos Aires, donde la desfederalización se efectuó en diciembre pasado, los resultados no respondieron a las expectativas aducidas, que eran desbaratar las redes de microtráfico y frenar la expansión del consumo de pasta base de cocaína (‘paco’), reciente y muy preocupante forma de tráfico. Más del 80 por ciento de las causas hoy atendidas en tribunales provinciales resultan ser por tenencia para uso personal, generalmente de pequeñas cantidades de marihuana. No veo por qué en la ciudad de Buenos Aires sería diferente, y, sin duda, la facilitación del acceso a tratamientos no debe buscarse a través del derecho penal”.

Touzé observó que “la ciudad podría mejorar mucho en mecanismos no penales, no represivos, para favorecer el acceso a tratamientos a personas que los necesiten, mediante estructuras que estén más en contacto directo con la población, por ejemplo vinculándolas con las salitas de atención barrial”. La titular de Intercambios agregó que “mucha gente que trabaja con personas con problemas de adicción en la ciudad se queja de las demoras para conseguir turnos en instituciones especializadas, y estas demoras suelen deberse precisamente a que las instituciones están taponadas por derivaciones judiciales”.

“Llega un oficio por el cual el juez ordena atender a una persona que, en la mayoría de los casos, no tiene ninguna decisión de iniciar un tratamiento en ese momento –explicó Touzé–; las terapias iniciadas bajo esas condiciones tienen un altísimo porcentaje de fracaso, y, sí, hay una compulsión por vía judicial. Aunque no se lo llame tratamiento compulsivo, la instancia judicial pone a la persona bajo la situación de que, si se niega a atenderse, la denuncia penal sigue su curso. Entonces, es compulsivo aunque no se lo llame así.”