El 2012 es un año particular para el sector de hidrocarburos de Argentina por un doble aniversario: se cumplen en junio 90 años de la creación de YPF y, en septiembre, 20 años de la ley de privatización de la petrolera estatal. En ese marco, en lo que va de este año la política petrolera volvió a ingresar en la agenda pública. Los resultados de la gestión privada en las últimas dos décadas demuestran que una petrolera estatal integrada es condición necesaria, aunque no suficiente, para respaldar energéticamente un modelo económico con vocación industrial en un país altamente dependiente de los hidrocarburos. Se evalúan siete aspectos de la actividad:

1. Exploración. YPF estatal realizó el 96 por ciento de los pozos exploratorios y descubrió el 90 por ciento de las reservas comprobadas hasta 1989. En tanto que la actividad de las petroleras privadas se ha caracterizado por las inversiones de poco riesgo y la explotación de los yacimientos conocidos. Basta comparar los pozos de exploración: en la década del ‘80 promediaron los 117 (1174 pozos en total), mientras que en la última década apenas 45 (456 en total).

2. Extracción. Los números de la gestión privada revelan un importante desfasaje entre actividad económica y explotación de hidrocarburos. Durante el período 1989-2001, signado por la hegemonía financiera y la desarticulación del entramado productivo, la extracción de crudo se incrementó casi un 70 por ciento y la de gas casi 90 por ciento, con miras a la generación de saldos exportables. Las ventas al mercado externo representaron el 41 por ciento de la producción de crudo en 1996 y más del 13 por ciento de la producción de gas natural en 2001. En cambio, el crecimiento económico record del período 2003-2010 no estuvo respaldado por niveles similares de extracción, cayendo un 18 por ciento en el caso del petróleo y un 6 por ciento en el del gas. Las importaciones de gas natural se multiplicaron cuatro veces y media entre 2004 y 2010. La recuperación de una petrolera estatal integrada habilitaría una explotación racional acorde a las necesidades sociales.

3. Reservas. Si la meta durante la etapa estatal era la continua incorporación de reservas como mecanismo de resguardo de un “recurso estratégico”, la política neoliberal consagró a los hidrocarburos a la categoría de commodities, es decir simples mercancías exportables sin valor agregado. La “fuga” de reservas vía exportaciones entre 1990 y 2010 fue más del 50 por ciento de las reservas existentes a 2010 en el caso del petróleo y un 15 por ciento de las reservas existentes de gas natural a 2010. Previsiblemente, las empresas privadas reanudarán la presión exportadora en la medida en que se dispongan a desarrollar los megayacimientos no convencionales.

4. Refinación. La dinámica de producción de combustibles no ha acompañado el crecimiento de la demanda del sector industrial, agropecuario, eléctrico y automotor. La producción de gasoil tuvo en el período 2003-2010 una tasa acumulativa anual de apenas el 0,5 por ciento, en tanto que la tasa de producción de naftas mermó en un 0,2 por ciento. En los últimos años, la utilización de la capacidad instalada superó el 90 por ciento dado que se mantuvo casi inalterable. Hasta la inauguración de la Refinadora Neuquina (Renersa) el año pasado, facilitada por subsidios estatales, el sector privado no había invertido en nuevas plantas. La última gran refinería, Campo Durán, databa de 1962. A largo plazo, se comprende que solamente un renovado rol de productor por parte del Estado podría enfrentar la sangría del comercio exterior provocada por el incremento de la compra de combustibles que representaron el 13 por ciento de las importaciones totales del año pasado.

5. Precios. Las recientes denuncias gubernamentales de “cartelización” en la fijación de los precios de combustibles pusieron en relieve la estructura oligopólica del sector heredada de los años noventa. En los últimos cuatro años el precio del gasoil y de la nafta súper acumulan una suba del 90 por ciento. Sin embargo, las denuncias no alcanzan a desarmar la lógica empresaria de maximización de beneficios, que no duda en secar las bocas de expendio cuando los precios no se ajustan a sus intereses. Así lo recuerda la historia de YPF, nacida al calor de la pulseada con los trusts internacionales de la década del ‘20. El establecimiento de precios acordes a los costos de producción internos y el abastecimiento interno sin interrupciones reclaman la participación en el mercado de una empresa estatal.

6. Renta. YPF en manos de Repsol y del Grupo Petersen suma evidencias irrefutables del poco interés en reinvertir en el mercado local, habiendo repartido a sus accionistas gran parte de las utilidades obtenidas entre 2008 y 2010 (18.628 millones de pesos). Una mejor distribución de la renta entre las provincias, la Nación, los trabajadores y los consumidores es posible a través de la acción estatal con el control de la ciudadanía. A su vez, una empresa pública podría destinar parte de sus beneficios hacia la investigación y desa-rrollo de energías renovables, menos contaminantes, con el fin de diversificar la matriz energética.

7. Integración regional. A tono con los cambios políticos en la región, una petrolera estatal podría y debería integrarse con las compañías estatales como Pdvsa, Petrobras, Ancap, YPFB.

El conjunto de estos aspectos exige una planificación sectorial, aspecto perdido tras la desregulación y privatización de la década neoliberal. Esa herramienta debe ser, ineludiblemente, una empresa estatal que actúe en todos los eslabones de la actividad, desde la exploración hasta la comercialización

* Licenciado en Ciencia Política y Magíster en Investigación en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires –becario doctoral Conicet– Instituto de Investigaciones Gino Germani.