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Viernes, 19 de febrero de 2016

INTERNACIONALES

México: tierra de ninguna

La militarización de la seguridad pública, el implemento de reformas estructurales en beneficio del sector empresarial y el amedrentamiento permanente de los jóvenes y de todo aquel que se manifieste contra el gobierno, que incluye la muerte de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa y el reciente femicidio de la periodista Anabel Flores, forman parte de la realidad que vive México hoy. Atziri Avila, coordinadora de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en ese país, amplía el panorama y pide que el mundo atienda esta emergencia, que ya se llevó cuatro mujeres muertas y más de 600 amenazadas por su trabajo o militancia.

Atziri Avila es comunicadora social, se formó en Derechos Humanos, escribe para una plataforma web llamada Desinformémonos, y colabora con Facción y Los Angeles Press. Personalmente ella no ha sufrido amenazas pero las cuentas de la Red que maneja se ven permanentemente vigiladas y recibe mensajes diarios contra la labor que realizan, que incluye la visibilización de las violencias que viven las mujeres defensoras y periodistas por su trabajo y la creación de alternativas de acompañamiento ya que el abandono del Estado es total. La Red surgió ante el incremento de agresiones en 2010, en el marco de la guerra contra el narcotráfico a la que llamó el ex presidente Felipe Calderón. A partir de ese entonces rigió la salida del ejército a las calles y la militarización de la seguridad publica, lo que naturalmente incrementó las violaciones a los derechos humanos. “Lo que veíamos es que los agresores eran las autoridades, tanto policías como miembros del ejército, entonces no podíamos confiar la seguridad en quienes nos estaban agrediendo” dice. La red surgió no como una ONG sino como un conjunto de defensoras que actualmente suman 189 mujeres de 103 organizaciones diversas que están presentes en 23 estados del país. Y cada una de ellas defiende un derecho distinto: el derecho a la tierra y al territorio, los derechos sexuales y reproductivos, la libertad de información, etc. “No queremos que la violencia se naturalice, lo que nos está pasando no es normal” explica y sigue con el relato cronológico que cuenta la última muerte este 8 de febrero en el estado de Veracruz.

“El contexto de Veracruz es particular porque los carteles están muy presentes, es un lugar de traspaso de drogas y es un territorio de constante disputa entre grupos del narcotráfico, y donde también ha habido un señalamiento de diversos periodistas, como Anabel Flores, que hacen visibles los vínculos del gobierno de Javier Duarte con el crimen organizado. Hay una intolerancia por parte del gobierno que cuando se hace visible la movilización ciudadana o el descontento popular agrede y amedrenta. Agresiones que van desde quitarte el material de trabajo, agresiones físicas, agresiones verbales en el caso de las mujeres, hasta desaparición y asesinatos” dice.

- ¿Cómo fue la muerte de Anabel?

- El 8 de febrero fue secuestrada en su casa por personas desconocidas, armadas, e inmediatamente después se dio a conocer esta situación y desde diferentes espacios nos manifestamos por su aparición con vida. Sin embargo, días después su cuerpo fue encontrado al costado de la ruta en Puebla. Esto se une a una serie de agresiones que particularmente en el estado de Veracruz se han dado. Nosotras tenemos registrados varios asesinatos en el estado de Veracruz de hombres y de mujeres. En el 2011 fue el de otra periodista, Yolanda Ordaz de la Cruz, y en 2012 el de Regina Martínez. Este último fue muy visibilizado porque se trataba de la corresponsal de una de las revistas más críticas de nuestros país que es Proceso (fue asesinada en su domicilio y hubo muchos intentos de embarrar la cancha, vinculándola sentimentalmente con alguien del crimen organizado). Es importante decir que todos estos crímenes permanecen impunes. El patrón que nos preocupa es esta intención de vincular a las periodistas con el crimen organizado, esto sucedió en el caso de Regina y está sucediendo ahora en el caso de Anabel. Veracruz y particularmente el gobierno de Javier Duarte se ha caracterizado por la censura, por los ataques en contra de la prensa y por el incremento de asesinatos durante su gobierno. Basta mencionar el caso de la activista Nadia Vera y el periodista Rubén Espinosa, que también eran de Veracruz y habían ido a la ciudad de México en busca de protección por las amenazas que habían recibido. En el caso de Anabel estamos pidiendo que se catalogue su muerte como un feminicido y que se investigue como tal. No podemos afirmar que haya sido o no violada sexualmente pero la imagen que se difundió, que nosotras repudiamos que se haya difundido, muestra su cuerpo al costado de la carretera, amarrada por detrás, con el pantalón bajo, y esa imagen nos deja mucho qué pensar. Hay un ensañamiento por ser mujeres.

Datos concretos

Del 2010 a la actualidad hay cuatro mujeres asesinadas: Regina, Anabel, Yolanda y Nadia. Y la Red Nacional documentó 615 agresiones contra mujeres periodistas y defensoras (118 en el 2012, 189 en 2013 y 308 en 2014). “Estamos terminando de procesar las de 2015 y la cifra se fue incrementando” explica. Estas agresiones van de la mano de las reformas estructurales que ha hecho el gobierno de Peña Nieto, que desde que ha asumido en diciembre de 2012 no hizo otra cosa que criminalizar el movimiento social. El mismo día de la toma de posesión del gobierno federal se registraron detenciones arbitrarias en contra de jóvenes, torturas y amenazas porque si bien es un gobierno democrático, eran muchisimxs los que no deseaban el regreso del PRI al gobierno de México.

-Estamos viviendo una situación muy parecida en nuestro país de aquella que narrás en los comienzos del gobierno de Peña Nieto…

- Sí, son situaciones muy similares. Estas políticas de “desarrollo”, los despidos, la reforma laboral, la reforma energética, la reforma de las telecomunicaciones, son medidas que traen consigo privilegios para las cúpulas de poder y van en detrimento de la ciudadanía y de los que menos tienen. Esto se ha denunciado desde diversos espacios y los y las periodistas críticos han dado voz a esta situación y en respuesta han encontrado la represión, la censura y por supuesto la auto censura, porque las agresiones y desplazamientos generaron eso y muchos exilios. Hay estados de la república en donde ni siquiera hay organizaciones de la sociedad civil y los periodistas no hablan de lo que sucede. Las agresiones están presentes y la impunidad es la respuesta más común, que funciona como una advertencia: puedes hacer lo que tú quieras y no pasa nada. Al final la ley está del lado de quienes agraden y las autoridades mismas son las que lo hacen.

- El gobierno usa la supuesta lucha contra el narcotráfico para tener vía libre y justificar las muertes que ellos provocan.

- Exacto, es un pretexto. Y quien está más perjudicada es la gente común, que se ve afectada por tanta violencia. En el caso del crimen de Nadia Vera me da mucha pena decir que ya ha pasado más de medio año del multi homicidio en el que fueron asesinadas cuatro mujeres, y ha pasado lo mismo. La impunidad es la constante. El intentar de vincular a todas estas personas con el crimen organizado fue también la regla y hasta ahora no ha habido respuestas. Tenemos dos Méxicos, el de los poderosos y el de la ciudadanía que está inconforme y se manifiesta como puede. Y es desde allí de donde tiene que venir la alternativa. Cuando atentan contra una periodista se atenta contra toda la sociedad y su derecho a saber.

El futuro

El mandato de Peña Nieto termina en el 2018 y todavía no se vislumbra una fuerza capaz de hacerle frente en las próximas elecciones. La idea es no perder los derechos ganados, como el aborto legal en la ciudad de México desde 2007. En cuanto a las violencias, la normalización de los crímenes de género es una constante. “Los feminicidios denotan la falta de respeto por la vida de las mujeres. Nosotras documentamos que las defensoras que son más agredidas son las que defienden el derecho al territorio y quienes visibilizan el feminicidio, que ocurren en todas partes pero hay focos rojos: Veracruz, Oaxaca, Chihuaha y Ciudad de México son los mas afectados. Ciudad Juárez (Chihuaha) ganó mucha notoriedad en el mundo pero no tiene tipo penal de feminicidio. La desaparición de mujeres sigue siendo parte del contexto en el que estamos viviendo, y que vuelve a surgir desde el asesinato de los 43 estudiantes en Ayotzinapa en septiembre de 2014. Veníamos de una imposición del gobierno de decir hacia afuera que todo estaba bien pero sucedió esto y evidenció la realidad de nuestro país. A partir de entonces se dio a notar que la violencia acá es cotidiana”.

-¿Cómo fue recibido el Papa en este contexto?

- El Papa ha venido a un país con muchísimos creyentes católicos pero el Zócalo no estuvo lleno para recibirlo. Ya no se cree en la Iglesia, habrá gente que sí lo hace pero hay muchas personas que no olvidamos la corrupción, las violaciones de niños y la complicidad del cardenal Norberto Rivera con el gobierno de Peña Nieto. El cuestionamiento que existe es por qué esta visita con loas si este gobierno debería garantizar un Estado laico. Muchos políticos han estado ahí, cumpliendo una función que no les corresponde. No es que el Papa tenga que venir a solucionar nuestras problemáticas pero debería conocer nuestra realidad y ayudar a visibilizar lo que está ocurriendo. Un Papa latinoamericano, que conoce nuestro contexto, que habla nuestro idioma… bueno, esperábamos una postura más crítica y menos cercana al gobierno, pero no fue así.

- ¿Qué papel ocupan feministas como Marta Lamas o Elena Poniatowska en la resistencia?

-Elena es un icono, ha jugado un papel en el movimiento social muy activo. En el caso de los estudiantes de Ayotzinapa ha estado muy presente denunciando, exigiendo, acompañando a las madres. Tiene una postura muy clara. En el caso de Marta Lamas también por supuesto, sobre todo en la exigencia de justicia en el caso de defensoras que están siendo criminalizadas, por ejemplo, Nestora Salgado, que está en prisión hace dos años. Ella fue comandanta de la policía comunitaria en el estado de Olinalá, Guerrero, que es un estado que desde 1994 creó una policía comunitaria al no encontrar respuestas de la federal. Ella empezó a encontrar redes de trata de mujeres y pornografía infantil y empezó a denunciarlas. La detuvieron acusándola de secuestros por artimañas del gobierno que la quieren vincular con el crimen organizado. Hace dos años y medio que está presa.

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FEMINISTAS PROTESTARON EN EL ZOCALO POR LA VISITA DEL PAPA Y PIDIERON LA LIBERACION DE NESTORA SALGADO.
 
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