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Viernes, 2 de septiembre de 2016

ABORTO

Super guardianas

La Red de Profesionales por el Derecho a Decidir se extiende en todo el país para garantizarles a las mujeres el acceso a abortos seguros y a decidir sobre sus propios cuerpos. La organización denunció a los médicos que violaron el secreto profesional contra Belén, la joven detenida en Tucumán por un aborto espontáneo, y dos de sus fundadoras, la médica Ana Paula Fagioli y la trabajadora social Daniela Dosso, advierten que el cambio de paradigma debe ser acompañado por un Estado que no empuje a las mujeres a la clandestinidad.

 Por Roxana Sandá

Cuando liberaron a Belén, la joven detenida en Tucumán durante dos años por un aborto, las mujeres de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir se unieron en abrazos largos con el resto de las compañeras de la Mesa nacional por su libertad. “Esa celebración”, como siguen denominando a una lucha que ahora exige la absolución definitiva, confirmaba la prodigiosa estrategia de haber denunciado a los médicos que violaron el secreto profesional, lo que se convirtió un claro mensaje de amedrentamiento para aquellas mujeres que se acercan a los hospitales en busca de respuestas que alivien su desesperación. “No se acercan por el miedo generalizado a prácticas como las de que fue víctima Belén, o por cuestiones como la del cartel en el centro de Salud Spríngolo, en Morón, donde se indicaba a los médicos que hicieran la denuncia cuando llegaran mujeres en situación de aborto”, explica la médica Ana Paula Fagioli, una de las impulsoras de la Red que trabaja en el Centro de Salud N° 5, de San Martín y en el consultorio de diversidad sexual del Hospital local Alexander Flemming.

“Lo que sucedió en Morón se quiere hacer ver como un hecho aislado, pero estamos convencidas de que responde a la misma lógica de los profesionales que denunciaron a Belén”, advierte Fagioli. “Quieren intimidar a las mujeres, disciplinarlas para que no vayan a pedir ayuda en situación de violación. Sobre todo porque en ese territorio se encuentra uno de los equipos pioneros, que históricamente garantizó el acceso al aborto y a la información. Denunciamos a los médicos que rompen el secreto profesional pero también a los funcionarios públicos que inciten a las y los profesionales de la salud a cometer un delito.” Acompañar a una mujer que decide interrumpir un embarazo no es ilegal, dice esta médica; forzar a los profesionales de la salud a que denuncien a una mujer que llega con un aborto en curso, provocado o espontáneo, es delito. “No hay ningún profesional judicializado o preso por realizar interrupción legal del embarazo (ILE). Sí hay sumariados por violar el secreto médico, procesados por realizar abortos ilegales y sancionados por negar una interrupción legal.”

Esta filosofía “de construcción como sujetas sanitarias”, define Fagioli, lleva más de una década de prácticas sostenidas contra viento y marea, pero formalizadas en 2015, codo a codo con la Campaña Nacional por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito. “Ya estábamos en articulación directa con las Socorristas en Red, discutiendo cómo pensar la intervención desde salud después del fallo F.A.L. para garantizar el derecho al aborto. Se planteaba el nuevo proyecto de ley de la Campaña y a la vez nosotras debatíamos un proyecto propio, feminista y rebelde, que incluyera la objeción de conciencia. Nos descubrimos con una agenda propia que no se visibilizaba en los espacios estatales.”

La licenciada en trabajo social Daniela Dosso, otra de las fundadoras de la organización que cuenta con unos 580 profesionales en todo el país, recuerda que surgieron con el objetivo de constituirse en una voz pública frente a la urgencia de contar con aborto legal, seguro y gratuito. “Es necesario que se legalice para que sea un derecho a solo pedido de la mujer y acceda sin necesidad de acreditar un riesgo a su salud. En el mientras tanto proveemos los abortos seguros que el marco legal vigente permite.” En ese delicado equilibrio garantizan el cumplimiento del derecho al aborto en la Argentina salvando pesadas diferencias. Dosso, que trabaja en el Centro de Atenció Primaria de la Salud Mercedes Sosa, en Morón, destaca “la contradicción del aborto”, penado en el artículo 85 del Código Penal y permitido en el artículo 86 en circunstancias de embarazo producto de una violación y cuando representa un peligro para la vida o la salud de la mujer. “Esta contradicción legal es la que debe superarse con la legalización. En ese marco practicamos abortos teniendo en cuenta que la salud no sólo es física sino también social y emocional.”.

Además, el artículo 86 respalda el Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la ILE, de la Corte Suprema de Justicia.

Ana Paula: –Con el Protocolo nos vimos totalmente identificadas en una práctica que ya garantizábamos en los centros de salud. Es una guía de implementación sanitaria de buenas prácticas que instrumenta el fallo F.A.L. y de la que nos apropiamos para divulgarla.

Daniela: –Expresa con lenguaje claro y sencillo la implementación de los permisos legales que establece el Código Penal con una perspectiva basada en la ética de la salud, del cuidado, respetando la autonomía y los principios de justicia, de beneficencia y de transparencia activa. Nos recuerda que nuestro rol no es el de policías ni de tutores de las mujeres, sino el de ser vías de acceso para el aborto legal.

Y habla del secreto médico, cuestión que aparece con crudeza en el caso de Belén.

A.P.: –El secreto médico es algo que está muy bastardeado en el sistema de salud. Más allá de Belén, a las mujeres no sólo se las denuncia sino que además se vulneran sus derechos a la autonomía y a acceder a un sistema de salud con tranquilidad. Se buscó amedrentarlas y empujarlas a la clandestinidad. Como Red tenemos la responsabilidad política de mostrar que damos una garantía ética de buenas prácticas sanitarias. Y discutamos la sensibilidad y el amor en el trato, porque otra de las cosas que denunciamos en el caso de Belén fueron los tratos denigrantes y las torturas que padeció. Esa denuncia se la presentamos al relator especial de Naciones Unidas, Juan Méndez, cuando estuvo en Buenos Aires. En su documento describió un sistema de salud violento con los cuerpos de las mujeres y con las sexualidades diversas.

¿Cómo logran establecer buenas prácticas en núcleos duros del sistema de salud?

D.: –Estamos en casi todo el país, pero el proceso es permanente y los núcleos de resistencia están bien identificados. La Red no busca ir al obstáculo, que en general se relaciona con el hospital, y la verdad es que la sociedad debe saber que el 85 por ciento de los abortos pueden resolverse en centros de salud con medicación y con Aspiración Manual Endouterina (Ameu), una técnica sencilla y ambulatoria que no requiere internación ni anestesia general. En los hospitales encontramos núcleos duros en algunos servicios de tocoginecología que están encriptados y desactualizados. Los caracterizamos como espacios de no regulación, donde la impunidad reina en ese uno a uno entre el o la profesional y la mujer, con abuso del poder.

Son una especie de realidades paralelas antiderechos.

D.: –Se convierten en espacios estatales apartados de la ley, donde por ejemplo se realizan legrados sin anestesia. Son núcleos que todavía replican nuestra historia lamentable, en los que sigue teniendo efecto cierto terrorismo de Estado. La realización de un legrado sin anestesia o que se exponga a una mujer a la muerte por un aborto inseguro al negarle la interrupción legal del embarazo por violación, es terrorismo de Estado.

A.P.: –Los hospitales están atravesados por lógicas muy complejas que otorgan a jefes y jefas de servicios la capacidad total en la toma de decisiones. Son quienes deciden qué prácticas se realizan o se deniegan, y con mucho hermetismo a la hora de discutir si esas intervenciones van en contra del marco legal vigente. Hay una autonomía maliciosa en el funcionamiento de las estructuras hospitalarias, sobre todo en los servicios de ginecología y obstetricia, atravesados por lógicas patriarcales, según las cuales los cuerpos de las mujeres son objetos sometidos a su práctica. Pero en este cambio de paradigma, el cuerpo de las personas y en este caso de las que deciden interrumpir un embarazo, no son objetos de práctica. Por eso es importante que el Estado garantice a las mujeres el acceso al primer nivel de atención de la salud, que está capacitado para garantizar aborto seguro en un embarazo de hasta 12 semanas, con una respuesta sanitaria que no pone en riesgo la salud. Hoy, muchísimos hospitales siguen negándoles a las mujeres el acceso a la interrupción del embarazo por causal de violación.

¿Cómo se fortalece ese cambio de paradigmas entre lxs efectorxs de salud?

D.: –Comprendiendo que nuestras prácticas no son clandestinas, que tenemos la obligación de prestar atención de calidad y el derecho de ejercer nuestra profesión acorde a derechos humanos. Respetamos a los objetores de conciencia pero nosotras también tenemos conciencia ética y moral respecto de lo que hacemos y por eso garantizamos abortos legales y cuidamos las vidas de las mujeres en todas las circunstancias, cuando quieren tener hijos, cuando están embarazadas y en sus prácticas anticonceptivas para evitar embarazos no deseados.

En los últimos meses se evidenció la escasez de métodos anticonceptivos para su distribución gratuita.

A.P.: –Están faltando en todo el país, según nuestros registros. Es otro retroceso, con el cambio de gobierno dejaron de comprar misoprostol y no hay desogestrel, el anticonceptivo para mujeres en situación de lactancia, o para las que tienen contraindicado el uso de anticonceptivos orales combinados. El problema es si el Estado va a garantizar su compromiso internacional de disminuir la morbimortalidad de mujeres en situación de embarazo. Como efectoras públicas podemos disminuir la morbimortalidad garantizando el acceso a la ILE y a los métodos anticonceptivos de manera libre. Es un problema grave para las mujeres más pobres que deben comprar la medicación. El blister de 16 comprimidos de misoprostol cuesta unos 1.400 pesos. Para una economía popular es muchísimo.

D.: –El problema no es el aborto, sino el aborto inseguro. Las últimas estadísticas vitales de 2014 y que corresponden a muertes de 2013 revelan que 50 mujeres fallecieron por abortos inseguros y 135 por causas obstétricas directas. Probablemente presentaban alto riesgo, sin embargo a ninguna se le ofreció la posibilidad de acceder a un aborto. No tenemos registros de la morbilidad materna severa en la Argentina, pero se calcula que por cada muerte materna, hay otras 30 mujeres que casi se mueren. Y es un conflicto de volumen: según estimaciones del Ministerio de Salud de la Nación se practican entre 500 mil y 700 mil abortos por año, eso da un aborto por cada 1,4 nacido vivo. Algunas autoridades deberían entender que para bajar la morbimortalidad materna por aborto, no alcanza con dos o tres hospitales o centros de salud que realicen las interrupciones. Por eso es importante que las carteras de Salud nacional y provinciales brinden capacitación en centros de atención primaria, para homogeneizar el saber desde una perspectiva legal y de la salud y los cuidados; compren la medicación, faciliten tests de embarazo, agilicen los turnos para las ecografías y permitan realizar Ameu, que de ninguna manera es el plan b del misoprostol.

A. P.: –El Estado debería tomar la decisión de producir misoprostol de manera pública y gratuita o de comprarlo, como lo hacen en Santa Fe y Chubut. Podría destrabar de la Anmat la producción pública de misoprostol de 200 microgramos, que hoy sólo aprueba el de 25 microgramos para uso obstétrico. Y ni hablar de la compra de mifepristona, un antiprogestágeno que recomienda la OMS combinado con el misoprostol para realizar abortos hasta las 12 semanas y disminuye los efectos adversos.

¿Cuál es el modelo de atención que ustedes proponen?

D.: –El que probamos con evidencia científica y funciona, plantea capacitar recursos humanos en el primer nivel de atención, tener tests de embarazo a disposición en la enfermería del centro de salud para que la mujer lo haga apenas advierta el retraso y, en ese mismo momento, si le da positivo y duda o decide interrumpir el embarazo, tener a disposición un equipo para poder, dentro de los permisos legales, acreditar las causales de no punibilidad y acceder a un aborto legal con misoprostol o Ameu. Si llegáramos a lograrlo, podríamos garantizar el 85 por ciento de los abortos en la Argentina hasta la semana 12, sin complicaciones. Una interrupción bien realizada y en forma temprana es más segura que un parto o una inyección de penicilina. El trauma aparece cuando la mujer pasa por un aborto inseguro y casi se muere o cuando no encuentra respuestas. En una sociedad madura, es una opción que no tiene por qué enfocarse en la perspectiva del padecimiento. Es una alternativa que una mujer puede transitar como un evento más de su salud reproductiva, desmitificando entonces la idea del aborto como la pesadilla más cruenta y riesgosa.

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Imagen: Jose Nicolini
 
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