La violencia de género no se frena sólo con discursos, campañas, afiches. Y ni siquiera con lugares dónde denunciar o condenas judiciales. Las mujeres víctimas de violencia necesitan trabajo para no depender del maltratador, subsidios que puedan ayudarlas a volver a ser dueñas de su propia vida (como se realiza en Gran Bretaña para que la falta de dinero no sea un impedimento a la hora de denunciar el maltrato), refugios que las amparen cuando no tienen dónde vivir (que prácticamente no hay en el país) o, directamente, un hogar donde no sean amenazadas sino que puedan construir una nueva vida.

En ese sentido (y para generar normas que pongan realmente en la práctica la ayuda a las mujeres y que no sólo condenen la violencia de género en forma teórica) la Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto de ley –presentado por Sandra Cruz, del Frente para la Victoria– que establece un cupo habitacional para ser adjudicado a mujeres golpeadas o acosadas intrafamiliarmente.

Ahora, falta que la norma sea efectivamente aprobada por los senadores, que no tenga falta de quórum, que entre en la agenda parlamentaria, que no sea minimizada su importancia, ni que se pasen los plazos establecidos para su real aprobación (y que vuelva a foja cero). Ya que es una de las pocas iniciativas que va más allá de la idea de criminalizar a los golpeadores sino, también, de generar acciones positivas para que las mujeres reduzcan su vulnerabilidad. Además, ni siquiera requiere de más presupuesto, sino de una reformulación del gasto del presupuesto público para proteger a las mujeres y sus hijos. Y, por otra parte, implica que las mujeres pobres (sin vivienda) tengan los mismos derechos que otras mujeres (propietarias o con un empleo estable) a denunciar si son maltratadas, sin temor a quedarse en la calle si su pareja las maltrata.

La legisladora provincial Cruz, que preside la Comisión de Políticas Sociales de la Cámara de Diputados bonaerense, resaltó: “Buscamos propiciar la igualdad de oportunidades para todos los habitantes de la provincia y generar condiciones para la reinserción social de las mujeres que sufren esta problemática”.

La idea es que el cinco por ciento de las viviendas construidas (en los planes estatales nacionales y provinciales), en el territorio bonaerense, sean adjudicadas a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, según los alcances de la ley 12.569 de violencia familiar, que constaten su situación a través de una denuncia policial o judicial o su atención en entes estatales o especializados en violencia doméstica.

“El derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo son derechos fundamentales e inalienables del ser humano que debemos alentar en todas sus formas”, resalta Cruz. Ahora, el proyecto fue girado a la Cámara de Senadores. Esperemos que del dicho al hecho no haya mucho trecho. Mejor, un techo.