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Viernes, 27 de julio de 2012

En tránsito

ENTREVISTA El 22 de julio pasado fue el Día del Trabajo Doméstico, denominación que oculta en el plano de las palabras a sus protagonistas y su lucha cotidiana por dejar de ser víctimas de un mercado laboral que no las tiene en cuenta. Mientras en el Senado sigue trabado el proyecto de ley que busca garantizar sus derechos básicos, Norma Sanchís y Corina Rodríguez Enríquez analizan el eslabón más débil del sector: las mujeres migrantes que llegan al país en busca de una vida mejor para ellas y sus familias.

 Por Elisabet Contrera

Como coordinadoras del proyecto “Mujeres Latinoamericanas en las Cadenas Globales de Cuidado”, de ONU Mujeres, elaboraron una investigación sobre el corredor migratorio Paraguay-Argentina, con el objetivo de indagar las estrategias de organización social del cuidado y el vínculo entre la trabajadora y los hogares empleadores. Norma Sanchís y Corina Rodríguez Enríquez cuentan que querían indagar qué les pasaba a estas mujeres como migrantes y trabajadoras, ya que abandonan sus países de origen y se emplean en otros como trabajadoras domésticas haciéndose cargo de las tareas del hogar y del cuidado de niños. Sus empleadoras son mujeres argentinas de nivel socioeconómico medio que se insertan en el mercado laboral y necesitan derivar el cuidado de sus hijos. Para ello, contratan a migrantes paraguayas, que su vez dejan a sus hijos al cuidado de otras mujeres de la familia. “Este proceso de cadenas de cuidado está atravesado por construcciones de género. Las mujeres migrantes sienten un mandato muy fuerte de sostener a sus hijos y necesitan cumplir con ese mandato aun a costa de mucho desgarro y sufrimiento. Esa decisión está sostenida a su vez por otras mujeres que se solidarizan con las migrantes. Se forman redes de ayuda tanto en Paraguay como aquí, les buscan alojamiento, les consiguen trabajo, les explican cómo moverse en la ciudad”, dice Sanchís.

¿Qué papel juegan los varones en este proceso?

C. R. E.: En general, son historias de mujeres solas. Muchas migran muy jóvenes y fueron madres durante su adolescencia. Hay otras que han padecido situaciones de violencia de género. La experiencia migratoria encierra la cuestión de desarraigo, de desgarro por la separación física del vínculo familiar, pero a su vez son mujeres que vienen de entornos opresivos en lo cultural y en los vínculos familiares y su migración tiene un componente de liberación. La figura del compañero está ausente en las experiencias que recorrimos y cuando no está ausente es un problema, porque se genera una disputa en relación con la patria potestad y la posibilidad de que la mujer pueda traer o no a sus hijos a la Argentina. Reunificar la familia siempre está presente como objetivo de corto o mediano plazo y la presencia de un padre complica ese escenario. También está ausente en las responsabilidades de cuidado en el caso de los hogares empleadores. El vínculo se establece entre la empleadora y la empleada. El varón no interviene en la toma de decisiones sobre el cuidado de los hijos. A lo sumo aparecen como el proveedor de dinero, pero toda la organización del cuidado recae sobre las mujeres.

En el caso de las migrantes, tienen múltiples responsabilidades: garantizar subsistencia, dejar a sus hijos, cuidar a otros, sumado a la culpa por no ejercer la maternidad...

N. S.: Para ellas es muy importante ejercer la maternidad a distancia. En ningún caso se despreocupan de sus hijos. Hay una permanente vinculación cotidiana a través de las nuevas tecnologías que permiten alternativas más económicas de comunicación. Aun a la distancia, toman decisiones de la vida de sus hijos. Allí aparecen disputas entre la madre y la cuidadora, hay una puja de poder sobre quién decide sobre la niña o niño y hay reclamos y demandas de parte de los pequeños. También hay fuertes relaciones de género en la relación con la empleadora. A veces tienen una relación de identidad porque las dos son madres, las dos tienen hijos que dejan a cargo de otras personas, las dos están trabajando, pero al mismo tiempo hay jerarquías y prioridades. Las necesidades de una son más atendidas que las de la otra. Estas cadenas de cuidado son injustas, con muchas alternativas para algunas y con menos posibilidades para otras.

Recién señalaron el deseo de las mujeres migrantes de reunificar la familia. ¿Es una meta que puede concretarse?

N. S.: Hay un esfuerzo económico impresionante de estas mujeres en busca de la reunificación. Lo pueden concretar aquí o en Paraguay. Pero se trata de arreglos inestables. Puede ser que la reunificación se realice en Argentina y de pronto se dan cuenta de que el arreglo no funciona, que no hay dinero suficiente, que los chicos no se adaptan, que la abuela que viene a cuidar a los chicos se quiere volver... El tema de la vivienda también influye. Es un problema serio para ellas. A veces viven en un cuartito prestado, otras alquilan o construyen su casa en un terreno sin papeles.

C. R. E.: Algo que influye en la posibilidad de reunificar es cómo organizar el cuidado de los chicos. En este sentido, otra cosa que atraviesa la cadena de cuidado tanto para las migrantes como para las empleadoras es la ausencia de servicios públicos de cuidado. Si traen a sus hijos desde Paraguay, sus tiempos y libertad de trabajar en forma remunerada se acotan. Es una variable determinante.

Frente a esta situación precaria, ¿las migrantes prefieren el trabajo con cama adentro?

N. S.: Ocupan los nichos del mercado de trabajo que muchas nativas o argentinas quieren evitar: los trabajos con mayor carga horaria, con la modalidad sin retiro y de cuidados intensos de personas enfermas o de casas con varios chicos. Trabajar con cama es algo buscado al principio, porque les garantiza una vivienda y un sueldo amplio, pero a medida que se van afirmando y, si tienen la posibilidad de traer a sus hijos, aspiran a conseguir otras modalidades de trabajo más descansadas, livianas, que les permitan tener una vida personal.

¿Cómo es el vínculo entre trabajadoras y empleadoras? Según la investigación, es una relación de confianza y afecto, pero a la vez con algunas actitudes discriminatorias.

C. R. E.: Se dan esas ambigüedades, es una relación de dependencia mutua, pero a la vez de jerarquías. Está claro que hay una empleadora y una trabajadora. Si bien la cuestión de que sea migrante no aparece como un tema a priori, en el discurso de los hogares empleadores aparecen algunos rasgos de racismo, algunas consideraciones estereotipadas de lo que es ser paraguaya.

A esto se suman las condiciones de trabajo precarias que afectan históricamente al sector. De acuerdo con la población entrevistada, hay empleadores que registraron a sus trabajadoras, pero a las que no se les respetan todos sus derechos. Por ejemplo, les pagan el aporte previsional y la obra social, pero no así el aguinaldo o las vacaciones. Hay situaciones inversas, en las cuales las empleadas no están registradas en la seguridad social, pero les garantizan ciertos beneficios.

¿O sea que las condiciones laborales dependen de la buena voluntad de la empleadora?

C. R. E.: Sí, depende de los propios vínculos, de las posibilidades económicas del hogar empleador, pero siempre son relaciones de jerarquía que también se expresan en el tipo de tareas que se solicitan. Se ve mucha multifuncionalidad. Todas hacen tareas de cuidado, pero también domésticas, de mantenimiento del hogar.

N. S.: El tipo de relación es tan especial que a veces está en el límite entre lo que es el mercado de trabajo, con reglas de intercambio y normativas y lo que es convivir dentro de una familia, con relaciones de parentesco, donde se intercambian otras cosas además del salario. El tener afecto, sentirse querida, puede ser una compensación para la trabajadora.

EQUIPARAR DERECHOS

Ya pasaron más de dos años del día en el que la presidenta Cristina Fernández envió al Congreso el proyecto de ley que crea el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para Personal de Casas Particulares. La iniciativa fue aprobada por unanimidad en Diputados y está trabada en Senado, donde existen resistencias de algunos sectores a que las trabajadoras domésticas tengan los mismos derechos que los demás. “Es un tema complicado. Hay legisladores que dicen que hay que seguir discutiendo y otros que proponen empezar a negociar y avanzar para tener una ley que deje atrás el decreto de 1956 que regula hoy el sector. La lógica es que puede ser perfectible, pero es mejor una ley con algún problema que no tener ley. A esto se suma la decisión de la OIT de adoptar un convenio que establece condiciones laborales mínimas para las trabajadoras del sector. En Argentina está pendiente la ratificación del convenio”, explica Sanchís.

C. R. E.: El convenio de la OIT es una instancia de presión adicional y de explicitación de la urgencia de sacar la ley. El desafío mayor será pensar mecanismos para que la ley sea efectiva. Falta creatividad para efectivizarlos, mucha militancia en el tema y generar un contexto que permita que la organización del cuidado sea más justa, que las mujeres que hoy derivan el cuidado tengan otras opciones y las que son trabajadoras domésticas pueden acceder a otros empleos.

¿Las trabajadoras tienen un sindicato que las apoye? ¿Son conscientes de los derechos denegados?

C. R. E.: Existe un sindicato de trabajadoras del sector, pero por las propias características de la actividad están atomizadas. La organización es deficiente. Creo que las trabajadoras y migrantes tienen más o menos conciencia de sus derechos, pero el paso de transformar eso en una demanda es todavía débil.

N. S.: Tienen mínima conciencia de derechos. Saben cuál es el salario mínimo, qué condiciones exigir, pero el nivel de organización es bajo. Si a las trabajadoras en general les cuesta más organizarse que a los hombres por todas las cargas extras, en este sector es más difícil porque viven lejos, tienen horarios amplios y situaciones de mucha precariedad.

A la hora de avanzar con la sanción del proyecto, ¿qué se podría negociar y qué no en ese camino?

N. S.: Todo lo que está bajo negociación son los gastos adicionales que tendría el empleador para cumplir con la ley. Están proponiendo implementar un régimen de subsidios estatal. Creo que en ese caso habría que armar una escala con segmentos poblacionales y ver cuáles necesitan subsidios y cuáles no.

C. R. E.: Creo que la variable de ajuste no debería ser esta ley ni los derechos de las trabajadoras. Si en efecto esta ley encarece el servicio doméstico remunerado, lo que tendría que haber es una oferta de servicios por parte del Estado.

¿Creen que es posible avanzar en estas políticas de generación de servicios públicos en los próximos cuatro años?

C. R. E.: Son procesos. Hace un tiempo se pensaba que discutir esta ley era imposible. Lo que hace falta es militancia en el tema. Es un buen contexto para hacerlo y hay un Estado que es garante de derechos.

N. S.: Debería avanzarse en esa línea en los próximos años, sería muy esperable que se encaren políticas claras. Hay que hacerse cargo de cuidar a la población dependiente. En Uruguay están comenzando a debatir un sistema nacional de cuidado. Debemos empezar a pensar en esa línea. Argentina es mucho más diversa y compleja, pero a la vez tiene más recursos. Es imprescindible un sistema nacional de cuidado en el que intervenga la comunidad, el sector privado, el Estado y que permita quitarles todo el peso de esa carga a las mujeres.

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Izq.: Norma Sanchis: Sociologa, especialista en politicas publicas con enfoque de genero en tematicas de trabajo, cuidado, derechos economicos y sociales, comercio internacional y migraciones. Es presidenta de la asociacion Lola Mora y coordinadora de la Red de Genero y Comercio, capitulo Latinoamericano. Der.: Corina Rodriguez Enriquez: Economista, magister en Politicas publicas y doctora en Ciencias Sociales. Investigadora del Conicet y del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Politicas Publicas (Ciepp) en Buenos Aires. Trabaja temas vinculados con mercado laboral, pobreza, distribucion del ingreso y economia del cuidado.
 
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