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Viernes, 1 de febrero de 2013

El corredor de la muerte

INTERNACIONALES Tenía 17 años, apenas empezaba a entender el idioma del país al que migró para trabajar como empleada doméstica y fue decapitada después de un juicio que tuvo poco de justo. Se llamaba Rizana Nafeek, había nacido en Sri Lanka y el suyo no es un caso aislado: es el extremo que delata la frágil situación de millones de mujeres que migran para trabajar como empleadas domésticas en Medio Oriente y cuya vida depende, según las leyes, solamente de quienes las emplean.

 Por Josefina Salomon

Rizana Nafeek era una niña que trabajaba cuidando niños. Como cientos de otras trabajadoras domésticas de países como Sri Lanka y Tailandia, Rizana, que entonces tenía 17 años, había viajado a Arabia Saudita en 2005 para trabajar en una casa particular, haciendo a la vez tareas de niñera y de limpieza.

Pero a dos semanas de su llegada fue acusada de la muerte de un bebé de cuatro meses que estaba a su cargo.

Rizana negó la acusación pero dos años más tarde, y tras un proceso muy cuestionado, la joven fue condenada a muerte y el 9 de enero de 2013, decapitada en una plaza pública.

Organizaciones de derechos humanos de cada rincón del planeta salieron, sin demora, a condenar la ejecución, y aseguraron que la historia de Rizana es sintomática del trato que reciben las trabajadoras domésticas, y en particular las migrantes, en Arabia Saudita.

Castigo medieval

La decapitación es una de las formas favoritas de ejecución de las autoridades de Arabia Saudita, aun cuando se trate de personas menores de edad.

Según organizaciones internacionales, el país ejecutó a más de 60 individuos en los últimos 12 meses, pero pocas historias tuvieron la notoriedad de la de Rizana.

Desde que una Corte local confirmó su sentencia a muerte, sus abogados, activistas de derechos humanos de todo el mundo y hasta representantes del gobierno de Sri Lanka intercedieron ante las autoridades sauditas para detener el castigo.

Entre las quejas que presentaron está el hecho de que Rizana habría confesado el crimen bajo presión de las autoridades (y que el bebé habría muerto a causa de un accidente cuando se habría atragantado al tomar la mamadera) y que al momento del arresto no se le había facilitado un traductor ni acceso a un abogado.

Lxs activistas, además, dicen que Rizana, que tenía 17 años cuando el crimen tuvo lugar, estaba protegida por la Convención Internacional de los Derechos del Niño de Naciones Unidas –que prohíbe, entre otras cosas, la ejecución de menores–. Arabia Saudita es parte de la convención, pero al mismo tiempo brinda libertad a sus jueces para que impongan sentencias a muerte contra menores y es uno de los tres países del mundo que aplica este castigo a personas que tenían menos de 18 años a la hora del crimen –de hecho, ha sentenciado a muerte a jóvenes de 13 años.

Según denunciaron los abogados de Rizana, la agencia que había facilitado los papeles de migración y conseguido un trabajo para la joven había falsificado sus documentos diciendo que tenía 23 años, cuando en realidad era menor de edad –lo que le hubiera evitado obtener un permiso de trabajo.

“Rizana era una niña cuando el bebé murió, no tenía un abogado que la defendiera ni un intérprete competente para traducir lo que ella estaba diciendo”, dijo Nisha Varia, investigadora sobre derechos de las mujeres de Human Rights Watch. “Arabia Saudita debería reconocer, tal como lo ha hecho el resto del mundo, que ningún niño o niña debería ser ejecutado.”

Doble discriminación

Mujeres como Rizana sufren discriminación por partida doble –como trabajadoras domésticas y como migrantes. Sufren lo peor de todos los mundos.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch dice que Arabia Saudita es uno de los peores países para estas mujeres y que los abusos contra ellas son práctica común.

En los últimos años, la cantidad de mujeres que migran para trabajar como empleadas domésticas ha crecido exponencialmente –y hoy alcanza unos 100 millones en todo el mundo, 1,5 millones en Arabia Saudita.

Las cifras son difíciles de confirmar ya que muchas trabajadoras migrantes viajan sin papeles y sus movimientos no quedan registrados en ningún lugar, pero se estima que en Sri Lanka, por ejemplo, entre el 50 y el 76 por ciento de migrantes son mujeres que viajan a países incluyendo Arabia Saudita, el Líbano y Hong Kong, entre otros, para trabajar en casas particulares.

El catálogo de abusos que enfrentan es extenso.

Conseguir visas de trabajo (en algunos casos, falsificando documentos de identidad para ocultar su verdadera edad), hacer el viaje hasta lo que, creen, es la “tierra prometida” y encontrar una casa donde trabajar, es solo el comienzo. Para muchas mujeres como Rizana, la verdadera pesadilla comienza cuando llegan a su “nuevo hogar”.

Allí, muchas son obligadas a trabajar días enteros, sin fines de semana, vacaciones o francos y con controles sobre dónde y cuándo y con quién pueden salir. La mayoría gana una fracción ínfima del sueldo mínimo y a veces el alojamiento es considerado sueldo. En los peores casos, son víctimas de abuso sexual, golpes y todo tipo de maltrato físico y psicológico.

En un informe publicado a principios de 2010, Human Rights Watch denunció que los abusos a los que se enfrentan las trabajadoras domésticas en países como Arabia Saudita se deben, en gran parte, al sistema de visado.

Según sus reglas migratorias, en Singapur, Malasia, Arabia Saudita, Jordania y Líbano, entre otros, las visas que se adjudican a las migrantes son dependientes del empleador –quien tiene el poder de pedir la repatriación de una trabajadora, decidir si puede cambiar de trabajo o salir del país, aun de vacaciones–. Esto, sumado a que, según leyes nacionales, el gobierno no puede enviar inspectores a casas particulares, aun en casos de denuncia de abusos.

Trabajadoras del mundo

Casi como si hubiera sido una broma macabra, el mismo 9 de enero, día en que el gobierno saudí decapitó a Rizana, la Organización Internacional del Trabajo publicó un nuevo informe que revelaba que solo un 10% de todas las trabajadoras domésticas –unas 5,3 millones de personas– estaban protegidas por leyes laborales.

Las autoridades de Arabia Saudita dicen que están discutiendo reformas legales para proteger a las trabajadoras domésticas que migran al país, pero todavía no es claro cuándo esas leyes se pondrán en práctica o si tendrán algún efecto.

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