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Domingo, 4 de diciembre de 2011

Se presume culpable

Cuando el pasado septiembre, Alabama ponía en vigencia la ley antiinmigratoria más estricta de todo Estados Unidos, el New York Times decía que el Estado debía sentirse avergonzado: mujeres embarazadas extranjeras temían ir al hospital; víctimas de crímenes tenían miedo de hacer denuncias; padres y madres, de enviar a sus hijos al colegio. “La idea es complicar la vida de personas sin papeles, haciendo que sea imposible que encuentren trabajo, alquilen un hogar o tengan acceso a los servicios del gobierno. En otras palabras, aislarlos, volverlos pobres, indefensos, sin educación”, proclamaba la publicación. Muchos se sumaron al reclamo. Así y todo, recién ahora el gobernador republicano Robert Bentley, gran defensor de la ley, estaría dispuesto a considerar revisarla.

¿Por qué? Pues, por el papelón que protagonizó Alabama dos semanas atrás, cuando Detlev Hager, un ejecutivo de la firma Mercedes Benz que estaba de visita en Estados Unidos, viajaba en un auto alquilado y la policía le pidió que se detuviera para un control de rutina. En el chequeo, el hombre de 46 años sólo contaba con una identificación alemana y no con el carnet de conducir y el papeleo restante que reclama la nueva ley. Meses antes, la falta le habría valido una multa pero, en las condiciones actuales y a pesar de que Hager insistía en que todos sus documentos estaban en su habitación de hotel, el oficial lo llevó a la cárcel sospechando que era inmigrante ilegal.

Afortunadamente, un amigo notificado llevó los papeles necesarios a la comisaría y el hombre quedó en libertad rápidamente. El mal, por supuesto, ya estaba hecho. En especial, si se considera que Merdeces Benz es una de las principales empleadoras del estado y que su decisión de instalar una planta de montaje en 1993 fue el puntapié inicial para una incipiente industria automotriz en Alabama. Para empeorar la situación, la empresa acababa de anunciar una inversión de más de 2 mil millones de dólares allí.

Ante el hecho, una nueva editorial del NYTimes no tardó en llegar: “¿Es ésa la manera de tratar a un visitante, en especial uno que representa a una compañía que sencillamente podría invertir en otro lugar? ¿Es ésa la manera de tratar a cualquiera?”. Pero, claro, es el tipo de situación desagradable que se desprende naturalmente de una legislación que le da ese tipo de poder a un policía, que implementa penas innecesarias o fuerza a que sus escuelas chequeen el estatus inmigratorio de sus pequeños alumnos y sus padres. ¿Persecución? Seguro. Ahora, el consejo de muchos estadounidenses es que ni siquiera revisen o simplifiquen la ley: es que sencillamente la tiren a la basura.

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