SANTA FE › CóMO FUE EL PROCESO

Expediente Vigo

Vigo renunció a su cargo para jubilarse poco antes del triunfo electoral de Hermes Binner, el 2 de setiembre de 2007. Dos meses después, la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas un pedido de informes sobre la jubilación de Vigo ante las dudas que se plantearon por la edad del magistrado y si le correspondía acceder a una jubilación nacional que tiene un haber máximo de 4.300 pesos. La Cámara pidió también una copia del expediente jubilatorio, a instancias del entonces diputado Alfredo Cecchi.

"Suponemos que Vigo no tiene edad para jubilarse, que no llegaría a los 65 años. Y que además tendría que haber sido la Caja nacional la que debería haber otorgado la jubilación, según el régimen vigente", decía Cecchi.

El gran defensor de la jubilación de Vigo fue un funcionario de Obeid y ex director de la Caja de Jubilaciones de la provincia, Humberto Giorbergia, quien confirmó que el ex ministro de la Corte se jubiló con el tope máximo de 15.696 pesos por mes, que equivalía al 80 por ciento de lo cobraban sus colegas en actividad. Admitió que Vigo tenía 62 años le faltaban tres para jubilarse , pero había compensado su falta de edad con un exceso en los años de servicio. Y justificó que haya optado por el régimen santafesino y no por una jubilación nacional con un tope máximo de 4.300 pesos, a pesar de que tenía más de 30 años de aportes en la Nación y sólo 22 en la provincia. "Lo que quiero decir es que estas no son cosas especiales, son cosas normales de todos los días", decía Giorbergia.

El revuelo mediático se apagó, pero el trámite siguió. El 7 de febrero de 2008, el ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, pidió una opinión sobre el caso Vigo al secretario de Seguridad Social de la Nación, Walter Arrighi. La consulta omitió el nombre y apellido del magistrado, a quien se identificó "como un profesional de la abogacía que ha prestado servicio a lo largo de su carrera en distintas jurisdicciones y en consecuencia aportó a diferencias cajas previsionales".

El dictamen de Arrighi y otro del fiscal de Estado, Jorge Barraguirre, llevaron en marzo de este año, al ministro de Trabajo, Carlos Rodríguez, a remover de sus cargos a la directora de la Caja de Jubilaciones, Alicia Suñé y a la subdirectora Alicia Borlle, que venían de la gestión de Obeid. "No se pueden regalar 20.900 pesos mensuales", señaló Rodríguez.

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