Desde Santa Fe

El Ministerio Público se opuso esta semana a un intento de sacar del fuero federal la causa que investiga al ex jefe de Policía de Santa Fe, Hugo Tognoli, por "encubrimiento agravado" al narco Daniel "Tuerto" Mendoza y la "extorsión" a su denunciante, Norma Castaño, y mandarla de nuevo a la justicia santafesina, donde ya estuvo cajoneada durante meses. El planteo fue hecho por la defensora oficial Judith Didier, que patrocina a Mendoza, pero también por el abogado de Tognoli, Carlos Edwars; la primera, para que el juez federal N° 2, Francisco Miño desguace el expediente y derive a la justicia ordinaria las "coacciones" a Castaño y, el segundo para toda la investigación pase a los Tribunales provinciales, incluso el "encubrimiento calificado" que pesa sobre su cliente. El fiscal federal Walter Rodríguez solicitó al juez Miño que rechace la pretensión defensiva y ratifique su competencia porque la "coacción" a Castaño "es inescindible" del "encubrimiento" a Mendoza para ayudarlo a "eludir" las investigaciones sobre "comercialización de drogas".

El incidente revela una estrategia común de ambas defensas, que no es ilegal, pero también deja a la vista que Tognoli prefiere no afrontar el proceso en la justicia federal y llevarlo a los Tribunales de la provincia, donde no existe el juicio oral y público y el debate es escrito y secreto. Las denuncias de Castaño contra Tognoli ya estuvieron radicadas en la justicia santafesina, donde durmieron varios meses hasta que pasaron al despacho del juez Miño.

En la causa están imputados otros dos policías de confianza de Tognoli que operaban en Drogas Peligrosas: el comisario José Luis Baella y Mauricio Otaduy.

A principios de abril, Miño procesó a Tognoli por "encubrimiento agravado" a Mendoza, "partícipe necesario del delito de coacción" a Castaño, e "incumplimiento de los deberes de funcionario público", los mismos cargos que pesan sobre Baella y calificó a Mendoza y a Otaduy como "autor" y "partícipe necesario" en las coacciones a Castaño. Los únicos presos son Tognoli -por otra causa que instruye el juez federal de Rosario, Carlos Vera Barros- y Mendoza, también por una segunda investigación en la que cayó con 13,6 kilos de cocaína en su poder y una cocina de estupefacientes, en Colastiné.

A mediados de mayo, Miño elevó a juicio oral a Baella, que es probable que sea juzgado junto con Mendoza y un contacto de éste, Fernando Torres, detenido con casi dos kilos de cocaína que transportaba en un remís, después de pasar por la casa del "Tuerto".

Pero ahora, la defensora de Mendoza planteó la incompetencia del juez Miño para entender en las "coacciones" a Castaño y solicitó que el expediente vuelva a la justicia provincial, donde ya estuvo. Y lo mismo hizo el abogado de Tognoli, al sostener que "la maniobra afectó a una víctima en particular (la líder de Madres Solidarias) y a la Administración Pública provincial, pero no nacional".

El fiscal Rodríguez pidió al juez Miño que rechace "la pretensión de incompetencia" que planteó Didier porque carece de argumentos. Es más, sugirió que hubo una pifia. "Pues el pedido se realizó sobre la base de que Mendoza no pertenece a una 'empresa delictiva', mención que corresponde" a la causa radicada ante el juez Vera Barros, en Rosario y "por lo tanto, ajena" a la que se investiga en Santa Fe, agregó.

Ya al resolver la situación procesal de Tognoli y compañía, el doctor Miño sostuvo que la "coacción" a Castaño "es inescindible" del "encubrimiento" a Mendoza para ayudarlo a "eludir" las investigaciones sobre "comercialización de estupefacientes" en dos oportunidades, entre el 3 de marzo y el 25 de agosto de 2011 y luego, el 3 de marzo de 2012, recordó el fiscal. "Está probado que Mendoza materializó las coacciones que se le imputan y no en solitario sino con la intervención" de Baella, Otaduy y Tognoli para "obligar" a Castaño a "desdecirse de sus denuncias" contra el ex jefe de la Policía de la provincia.

El hecho ocurrió el 3 de marzo de 2011, cuando se montó un simulacro de seguimiento de Baella a Mendoza hasta la casa de Castaño, donde Otaduy -que es vecino de Norma- filmó el encuentro en la vereda. El video fue subido luego a Youtube ("Madre del dolor transa con narco"). "La maniobra fue concebida por Tognoli, ejecutada por Baella y Otaduy, para lograr que Castaño se retractara de las denuncias que pesaban en su contra", dijo el juez Miño, en el procesamiento de Tognoliy compañía, el 3 de abril último.

"Es ostensible la íntima vinculación entre las distintas conductas que componen en esta causa un mismo accionar delictivo" y "no puede soslayarse" que el primer beneficiado de las "coacciones" de Mendoza a Castaño era Tognoli, pero también "en forma indirecta" el propio Mendoza que tenía "cierta cobertura policial en el desarrollo de la actividad ilícita que llevaba a cabo".

"En consecuencia, la conducta reprochada" a Tognoli, Baella, Otaduy y Mendoza "afectó intereses federales, es decir, la actuación" del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, ambos de la Nación. "Los argumentos expuestos responden también al defensor de Tognoli, quien erróneamente afirma que la maniobra delictiva investigada afectó a una víctima en particular (Castaño) y a la Administración Pública Provincial, pero no nacional", concluyó el fiscal Rodríguez.