SANTA FE › PIDEN INDAGATORIA A LAS AUTORIDADES DEL SINDICATO DE VIALIDAD

Un negocio de 400 mil dólares

Dos sindicalistas y una escribana están acusados de falsificación ideológica de documento público y fraude en perjuicio de la administración pública, al realizar un negocio inmobiliario fraudulento en terrenos que Vialidad Nacional había donado al sindicato.

El fiscal federal N° 1 de Santa Fe, Walter Rodríguez, llamó ayer a indagatoria a las máximas autoridades del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional de Santa Fe. Se trata de Marcelo Bertolotti y Miguel Angel Vázquez, secretario general y secretario adjunto de la entidad gremial, acusados de haber falsificado documentos públicos para concretar un negocio inmobiliario en terrenos que Vialidad Nacional había donado al sindicato para que construyera una nueva sede social.

A Bertolotti y Vázquez, se suma la escribana pública Claudia María del Huerto Dechanzi. El trío había pergeñado un negocio inmobiliario que según cifras oficiales rondaría los 400 mil dólares.

Los terrenos en cuestión eran propiedad de la Dirección Nacional de Vialidad, luego de que fueran oportunamente expropiados para el ensanche de la Avenida Alem de la capital santafesina. Como los terrenos finalmente no fueron necesarios para la obra, y tras darle cause al pedido del sindicato de la cesión de tierras, el 5 de noviembre de 2012, Bertolotti y Vázquez rubricaron, junto con el Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad, Nelson Guillermo Periotti, el respectivo Convenio de Transferencia.

Los sindicalistas habían señalado que en esos terrenos donados proyectaban construir la sede social y además tener viviendas de paso para los agentes del interior de la provincia.

Sin embargo, el fiscal Rodríguez detalló que "Bertolotti y Vázquez pergeñaron un negocio inmobiliario que según cifras oficiales rondaría el valor de 400.000 dólares al momento de los hechos ﷓con complicidad cuanto menos de Dechanzi﷓ valiéndose originariamente de la suscripción de una escritura pública de donación en la que se introdujeron circunstancias falsas respecto al contenido del Convenio precedentemente invocado, a los fines de permitir el posterior despojo patrimonial de los terrenos en cuestión".

Estas falsificaciones, indicó el representante del Ministerio Público Fiscal "refieren a la posibilidad de destinar el terreno donado a la realización de 'figuras contractuales onerosas' y no sólo a la construcción de un inmueble". De esta manera, "Bertolotti y Vázquez lograron perfeccionar la transmisión fraudulenta de la propiedad (en punto a la posibilidad de destinar el inmueble a ulteriores negocios onerosos) con la intervención de la Escribana Pública Claudia Dechanzi, en cuya colaboración suscribieron la escritura pública de donación".

Rodríguez explicó que "Bertolotti, Vázquez y Dechanzi progresaron en la defraudación pergeñada, luego perfeccionada a través de la celebración de un contrato de permuta con la firma Benuzzi Inmobiliaria S.A., celebrado el 16 de julio de 2013, menos de cuarenta días después de la inscripción de la escritura de donación en el Registro General de la Propiedad Inmueble". Esto, agregó el fiscal federal, "actuaría como salvaguarda para el tercero adquirente ante una eventual revocación de la donación originaria que pudiera afectarlo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1855 del Código Civil entonces vigente, que rezaba 'cuando la donación ha sido de bienes inmuebles, y en el instrumento público están expresadas las cargas impuestas para el donante, la revocación de la donación anula las enajenaciones (...) consentidas por el donatario".

A cambio, precisó el fiscal federal, las autoridades del Sindicato aceptaron la transferencia de dos departamentos con cochera. Sin embargo, agregó, "según los resultados de las medidas probatorias realizadas, debe mencionarse que, al menos uno de los inmuebles recibidos en permuta ni siquiera fue destinado a una finalidad compatible con la sostenida a lo largo de la tramitación administrativa de la solicitud de donación (esto es, contar con viviendas de paso)".

En efecto, la investigación realizada por el representante del Ministerio Público pudo verificar que "el departamento no es utilizado por 'afiliados del interior', sino que fue ofrecido en alquiler junto con su cochera correspondiente, siendo habitado desde mediados del presente año por un hombre, quien según su propia declaración 'nunca trabajó en la Dirección Nacional de Vialidad, y por supuesto nunca estuvo afiliado al Sindicato'.

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El fiscal federal N° 1 de Santa Fe, Walter Rodríguez, a cargo de la investigación.
 
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