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Juicios

Ante la difusión de nuevas opiniones -constituyendo ya una fuerte presión sobre los estrados judiciales-, mediante influyentes medios de comunicación, a favor de exculpar a los condenados por crímenes de lesa humanidad y de terminar con los juicios en marcha, el Museo de la Memoria expresa en un comunicado su rechazo a tales iniciativas, que repercuten negativamente en la sociedad, dañando una de sus bases fundamentales la confianza en la justicia y en la democracia.

El diario La Nación del 7 de marzo de 2016 publica una nota de opinión del doctor Alberto Solanet titulada El camino hacia la concordia. En ella se explaya en justificaciones sobre las acciones del terrorismo de Estado, que él llama "guerra cruel" pidiendo el fin de los juicios por delitos de lesa humanidad, decisión que le exige a las nuevas autoridades para garantizar la paz social.

El Museo de la Memoria rechaza las expresiones de Solanet, reafirma lo dicho en anteriores comunicados en torno a que fue política pública en nuestro país, durante la dictadura, la desaparición forzada de personas, la aplicación sistemática de la tortura en centros clandestinos y "legales" de detención, el robo de bebés, el saqueo de bienes y la imposición de políticas de hambre y exclusión sin precedentes. Afirmamos que nuestra sociedad logró reconvertir esa vergonzante política pública en verdaderos procesos de verdad y justicia.

Tenemos el privilegio y el orgullo de ser el primer estado democrático del mundo en juzgar un genocidio dentro de sus fronteras y con los jueces naturales, hecho inédito para el derecho internacional. No se crearon tribunales especiales ni procedimientos ad hoc. Nuestros juicios multiplicados a lo largo y ancho del país son estudiados a nivel global. La calidad de estos juicios es reconocida mundialmente. Es un logro que pertenece al pueblo argentino. Los procesos impecables, el respeto irrestricto del derecho de defensa en juicio y aun los absueltos luego de los mismos, abonan esta afirmación.

La verdad y la justicia son patrimonio del pueblo argentino, como lo dijera el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, y forman parte del "contrato social de los argentinos".

La Corte Interamericana de DDHH, en el año 1992, ordenó al Estado Argentino investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y reparar a sus víctimas. En cumplimiento de esa premisa, estamos en condiciones de afirmar que la justicia no es negociable.

Museo de la Memoria

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