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Días atrás, representantes de la Asociación Civil Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad fuimos recibidos por legisladores de la Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca de la Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe, con el propósito de dialogar sobre el proyecto de ley para prohibir los Cotos de Caza y el Turismo Cinegético en el territorio provincial que es impulsado por la asociación.

En primer lugar, invitado por Capibara especialmente al encuentro, hizo uso de la palabra Alejandro Giraudo, Doctor en Biología, de reconocida trayectoria en nuestra región y en el país, quien explicó de manera precisa y contundente las razones por las que es necesaria la prohibición de los cotos de caza y del turismo cinegético en la Provincia, destacando que se trata de la segunda causa más importante vinculada a la extinción masiva de especies en el grave contexto de defaunación que atraviesa el planeta. A ello agregó argumentos validados por estudios científicos realizados en parte de la Provincia de Santa Fe, especialmente la zona de San Javier, en los que se demuestra el enorme peligro que se genera por el uso indiscriminado de descargas de plomo provenientes de las armas de fuego que se utilizan en este tipo de actividades, lo que produce contaminación en el agua y en los mismos animales que consumen las municiones que quedan esparcidas en el territorio, a lo que se suma la contaminación de alimentos.

Maria Valeria Berros y Rafael Colombo, ambos abogados de Capibara, expusieron los argumentos jurídicos y, en particular, constitucionales por los que es necesario regular este tema. El marco normativo de rango constitucional es elocuente y categórico. Los cotos de caza y el turismo cinegético son actividades manifiestamente ilegales que no solo amenazan la preservación de la biodiversidad sino que además comprometen la salud humana. Cazadores extranjeros y del resto del país llegan todas las semanas a Santa Fe para destruir nuestros recursos naturales mediante descargas de plomo en razón de una legislación local que no aparece en sintonía con el mandato constitucional ambiental y gracias a una serie de funcionarios de turno que permiten e incluso lo autorizan desde hace décadas, incurriendo de ese modo en concretas situaciones de responsabilidad civil y penal.

Asociación Civil Capibara. Naturaleza, Derecho y Sociedad

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