OPINIóN

Porque un Estado de Derecho nunca puede admitir la impunidad

 Por Ana Maria Figueroa*

Resulta necesario hacer un balance del primer juicio sobre lesa humanidad, después de más de cuatro meses de debates en la Ciudad de Rosario. Nadie duda hoy, que éste es el primer juicio más importante de la historia de nuestra sociedad, que su decisorio será esencial no sólo para las víctimas, sino para dejar establecido que un Estado de Derecho no admite la impunidad, porque cuando sucede siempre será sancionada.

Debe destacarse que el juicio, investigación de los hechos que sucedieron durante la dictadura militar, fue posible en gran medida por la persistencia de los actores ubicados en la "vereda" y en el público de los Tribunales Federales de calle Oroño. Compuesto por un colectivo de víctimas, familiares, ONG de DH, ciudadanos comprometidos con la democracia y los derechos humanos, que formaron parte activa de todo este proceso y fueron poniendo de relieve las singularidades de este juicio, donde como colectivo, comparten unos y otros desde las tristezas, recuerdos, hasta las preocupaciones de cómo están física y afectivamente cada uno de ellos y el compromiso por la verdad y la justicia.

Las abogadas que representamos a las querellas, que estamos "adentro" en el debate, también fuimos conviviendo e intercambiando opiniones y saberes, dando lo mejor de cada uno para que cuando se dicte el fallo, hayamos podido estar a la altura de lo que la historia espera de nosotros y acorde a los precedentes de la Corte Suprema de Justicia y las políticas sobre derechos humanos que se vienen desarrollando en el país, con riguroso respeto a lo más avanzado del derecho internacional en la materia.

El Tribunal Oral Nº 1 que tiene a su cargo la dirección del juicio, también fue actuando y decidiendo en función del rol histórico que le cabe cumplir, se fue dando paso a mayor flexibilidad porque se comprendió la carga dramática histórica y social que tenían en sus manos. Creo que nunca los jueces habían escuchado tantas violaciones a los derechos humanos juntas en el desarrollo de un juicio, tantos testimonios con absoluta dignidad de las víctimas y familiares, que muchas veces traía un silencio absoluto en la sala y otras terminaba con un cerrado aplauso desde el público en reconocimiento y solidaridad a esos ciudadanos anónimos que sufrieron torturas que los marcaron para siempre, sólo por ser una dirigente docente con compromiso social, o una enfermera que llevaba la carta de Rodolfo Walsh en su cartera, o un ciudadano que pensaba distinto, o por tener un accionar cristiano a favor de los más vulnerables.

Se ha reunido una gran cantidad de pruebas sobre los delitos perpetrados de desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, torturas, privaciones ilegítimas de la libertad, producidas desde la cúpula del Segundo Cuerpo de Ejército, dentro de un plan sistemático y con la participación de las demás fuerzas de seguridad, en los centros clandestinos de detención -CCD "Quinta de Funes, Escuela Magnasco, La Intermedia, La Calamita y Fábrica Militar de Armas", que funcionaron en la ciudad de Rosario y su zona, estando programado a partir del 2 de febrero de 2010 los alegatos de las querellas, fiscalía, defensores y con total respeto al debido proceso, se culminará con la sentencia del Tribunal.

Todos hemos aprendido, pero lo que es necesario recordar e insistir que una sociedad tiene la obligación jurídica y ética de investigar, permitir el acceso a la justicia de las víctimas sin demoras, poner a disposición el aparato jurisdiccional del Estado para llegar a la verdad, para que ningún crimen de lesa humanidad pueda quedar impune. Es una exigencia constitucional y convencional, pero además es la única manera en que las sociedades vamos a poder seguir avanzando si pretendemos pertenecer al mundo civilizado.

La experiencia de Argentina en la materia es un ejemplo para el resto del mundo, fue durísimo deconstruir la impunidad que se instaló desde la recuperación de la democracia con la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final, los decretos de indultos ; por eso la decisión con los fallos de la Corte Suprema -Casos Simón y Mazzeo y la sanción de leyes que colocan la supremacía constitucional donde siempre debió estar, permitió jurídica y éticamente asumir las obligaciones internacionales del respeto a los tratados sobre derechos humanos y continuar con el enjuiciamiento de los juicios de lesa humanidad.

Las alquimias jurídicas y políticas de leyes de impunidad -indultos, obediencias debidas, desincriminación de crímenes de Estado , sólo postergaron los enjuiciamientos, pero ha demostrado una vez más que dicha impunidad no oculta los crímenes, sino los agiganta, configurando un legicidio intolerable, por eso debemos estar alerta cuando voceros de la derecha que gobierna distritos relevantes del país, pretenden mediatizar la idea de que es posible llamar a un plesbiscito para instalar nuevamente la impunidad de los crímenes de lesa humanidad y paradojalmente declaman que están preocupados por la seguridad. En un Estado Constitucional de Derecho la impunidad siempre debe ser erradicada, la de ayer y la de hoy, pero no será posible abordar los delitos del presente, si dejamos los crímenes de lesa humanidad en el olvido. Memoria, Verdad, Justicia y Reparación es el único camino

*Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales- UNL. Doctora en Derecho UNR. Abogada por la querella Secretaría de Derechos Humanos y de particulares.

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