CIUDAD › TRAS LA POLéMICA POR LA CITACIóN DE FUNCIONARIOS PARA EXPLICAR LAS CONCESIONES

Un régimen de visitas al Concejo

Los concejales Sukerman y López quieren que, de manera obligatoria, los secretarios municipales acudan todos los meses al recinto a dar cuenta de la gestión. Proponen que los ediles, por mayoría absoluta, puedan interpelar al intendente.

 Por Luis Bastús

De las afiebradas reuniones, cálculos y tironeos que ocuparon casi toda la agenda del Concejo de los últimos días para ver cómo y a cuáles funcionarios citar para que expliquen los mecanismos de control sobre concesiones municipales, emergió una propuesta que levantará polémica. Los concejales Roberto Sukerman y Norma López presentaron un proyecto de ordenanza para establecer un régimen fijo de concurrencia obligatoria y periódica de secretarios del Ejecutivo al Concejo. Además, trasciende la ley orgánica de municipalidades al instalar con letra de ordenanza las figuras de citación e interpelación, incluso para el intendente. Y le asigna responsabilidad puntual a los secretarios de contestar los pedidos de informes.

Los ediles del Frente para la Victoria ingresaron su propuesta esta semana, luego de intensos debates que desembocaron en el llamado al Concejo a la secretaria de Producción, Eleonora Scagliotti, y al subsecretario de Seguridad Ciudadana, Luis Baita, y en la concurrencia voluntaria del secretario de Gobierno, Fernando Asegurado.

La iniciativa, de aprobarse en su versión original, impone la obligación a los secretarios del Ejecutivo de asistir al Concejo "en forma obligatoria y rotativa, mensualmente, durante el período ordinario de sesiones para informar sobre la marcha de cada Secretaría". Pretenden que cada responsable de área acuda al Palacio Vassallo por lo menos una vez al año, y de manera automática, sin tener que discutirlo. La comparecencia sería en el recinto deliberante, en la primera sesión ordinaria de cada mes.

"Queremos regular estas instancias porque no lo están y entonces, al discutir una citación parece que queremos sacar rédito político, cuando en realidad esto debería beneficiar la relación institucional entre el Ejecutivo y el Concejo", argumentó Sukerman.

El proyecto le impone también asistencia obligatoria y cada dos meses, al coordinador de Gabinete --actualmente es el radical Néstor Trigueros--, "para informar sobre la marcha del gobierno". Esta visita se daría en la segunda sesión ordinaria del mes que le corresponde asistir.

El planteo otorga facultades a las comisiones del Concejo para que puedan citar a secretarios y funcionarios "a comparecer para brindar informes y explicaciones sobre temas de su competencia". Para la instancia de interpelación -más grave- proponen que el cuerpo pueda requerir con ese carácter a los funcionarios y al intendente, y para ello será preciso el voto de la mayoría absoluta sobre todos los ediles que lo componen.

La propuesta de Sukerman y López también pone blanco sobre negro acerca de quién debe hacerse cargo de los pedidos de informes habituales que el Concejo eleva al Ejecutivo. "Los secretarios son responsables en el área de su competencia del cumplimiento de la ordenanza 7249, de acceso a la información pública", dice el texto.

"Es que no debería ser un drama cada vez que el Concejo quiere oír de primera mano explicaciones de un funcionario sobre tal o cual tema. Hoy la Intendencia está ninguneando lo que hace el Concejo. Si mandamos un pedido de informes, no lo contestan; si aprobamos una ordenanza, no se cumple o no se reglamenta", expuso la concejala López.

El proyecto del FpV se apoya en la experiencia de otros municipios que tienen mecanismos ya legitimados de citación regular de funcionarios: tal el caso de las cordobesas Río Cuarto y Villa María, Buenos Aires, y la Constitución Nacional que impone al jefe de Gabinete concurrir al Congreso al menos una vez por mes al Congreso. "No hace falta reformar la Constitución provincial y tener autonomía municipal para avanzar con estas cosas que mejoran la calidad democrática del gobierno", señalaron los autores de la propuesta. También firmaron su apoyo los ediles Héctor Cavallero y Fernanda Gigliani (PPS), Osvaldo Miatello (PJ) y María Eugenia Schmuck (UCR).

Acción y reacción. El telón de fondo de este proyecto, y la polémica que lo precedió, es la reacción de la Intendencia ante la ofensiva opositora sobre la capacidad de control municipal desde el accidente del International Park. La intendenta Mónica Fein dijo el miércoles: "No es bueno que el Concejo se transforme en la Justicia penal". Y añadió el viernes que en el palacio de Córdoba 501 "hay denunciadores seriales". No obstante, ratificó que tanto ella como sus colaboradores están dispuestos a "explicar todas las concesiones que quieran".

Sukerman se plantó en la posición asumida por el arco opositor. "Lo que pasa es que no quieren que las concesiones pasen por el Concejo. Y no digo que tengan que pasar los kiosquitos, pero sí las concesiones importantes, las que se otorgan por veinte años. Si hasta sería un reaseguro para el Ejecutivo mismo, al concesionar un espacio público con el aval del Concejo", razonó el edil del FpV.

Ayer, en una caminata de campaña, López y Héctor Cavallero contestaron a Fein y su lamentada "lluvia de denuncias" que arrecia desde el Concejo. "Lamentablemente, quienes hacen un uso electoralista de las serias irregularidades que presentan las concesiones, compras y contrataciones de la Municipalidad son los que deberían dar respuestas.

Hemos vivido situaciones lamentables solo por ejercer nuestro mandato popular que, entre otras cosas, establece que el Concejo es un órgano de contralor de las políticas aplicadas por el Ejecutivo", dijeron.

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El proyecto apunta a que el Ejecutivo comparezca en forma automática ante los ediles.
Imagen: Sebastián Granata
 
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