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Jueves, 16 de abril de 2015

CIUDAD › LOS PADRES DE PAULA PERASSI DENUNCIARON AL JUEZ TUTAU

Un magistrado muy comedido

Los abogados de la familia de la mujer desaparecida fueron a la Corte Suprema por las "irregularidades" del funcionario, que debe resolver sobre nueve detenciones y en cambio, corrió traslado a la defensa con detalle de las pruebas por producir.

 Por Lorena Panzerini

Los padres de Paula Perassi, querellantes en la causa que investiga la desaparición de su hija, denunciaron ante la Corte Suprema al juez penal de San Lorenzo, Juan José Tutau, por "irregularidades". La presentación llegó a menos de una semana de que los fiscales Ramón Moscetta y Donato Trotta pidieran la detención de nueve sospechosos (cinco son policías); y 24 horas después de que el magistrado a cargo corriera traslado de ese escrito de la defensa de los acusados en el mismo, donde aún "había prueba que restaba producir", según se quejó Adrián Ruiz, abogado de la familia Perassi. El letrado consideró "frustradas" esas medidas pendientes, habló de "orgía garantista" y de "desbaratamiento de pruebas futuras". Además, dijo no entender el por qué del accionar del juez, que anteayer le pidió a la familia de Paula una semana para resolver los pedidos de detención. La queja radica en que debió tomar decisiones antes de poner al tanto de la acusación a los abogados defensores. Evalúan llevar la denuncia a las Comisiones de Asuntos Constitucionales de las Cámaras Legislativas.

Las novedades en la causa que investiga la desaparición de la mujer de 34 años, que falta de su hogar desde septiembre de 2011, comenzaron a llegar la semana pasada, cuando los fiscales a cargo presentaron un escrito ante el juez en el que pidieron las detenciones de nueve sospechosos, ente ellos altos jefes policiales y oficiales de la jefatura de San Lorenzo. Se trata de una acusación contra Gabriel Strumia, y su empleado Antonio Díaz, quienes ya fueron apresados en la causa y recuperaron la libertad al poco tiempo. También están acusadas la esposa de Strumia, Roxana Michl, y una mujer señalada como la partera que interrumpió el embarazo de la joven. Los policías eran jefes de Unidades Especiales de la URXVII, comisario principal Jorge Krenz, y de la Agrupación Cuerpos, comisario inspector, Daniel Puyol; y los oficiales María José Galtelli, Ramón Godoy y Aldo Gómez, todos a cargo de la pesquisa.

Ante la falta de respuestas del magistrado a esa solicitud, los padres de Paula, Alberto y Alicia, se encadenaron anteayer en los Tribunales de San Lorenzo. Sin embargo, la única respuesta que recibieron fue un pedido de "paciencia". El juez les solicitó que le den hasta la semana que viene para tomar una decisión, ya que había corrido traslado del escrito de la fiscalía a abogados defensores que se presentaron por las personas acusadas, con la idea de que contesten las acusaciones.

Para los abogados querellantes Ruiz y José Ferrara, esa notificación cayó como "baldazo de agua fría"; y frente a ello, ayer hicieron una presentación contra el magistrado sanlorencino. "Lo lógico sería que ahora la Corte inicie una investigación", dijo Ruiz a este diario.

Consideraron que el juez "facilita a la defensa y a abogados que ni siquiera comparecieron en el expediente --que oficialmente no están en la causa--, haciéndoles conocer la actividad fiscal. El gran problema que fuimos apreciando es que el juez podría haber decretado el secreto de sumario", dijo el querellante; y se quejó de que tampoco se mantuvo en reserva a las personas que restan declarar. "Es el abc de una investigación", lamentó.

El 18 de septiembre de 2011, Paula estaba embarazada y tenía dos hijos pequeños. Su padre, Alberto, denunció desde el primer momento la complicidad policial en la causa. Además, luego de tres años en los que la causa estuvo en manos del juez Eduardo Filocco, se quejó de que ese magistrado "no hizo nada"; y ayer firmó la denuncia contra Tutau, frente al accionar "irregular" de éste. "El juez podría haber ponderado principios como el debido proceso, derecho de defensa, entre otros; pero optó por esta forma que no garantiza la justicia", se quejó Ruiz.

De la presentación tomó conocimiento además el procurador Jorge Barraguirre, como jefe de los fiscales que habían presentado la acusación contra las nueve personas sospechadas en la causa caratulada como "privación ilegítima de la libertad, seguida de aborto contra voluntad de la víctima y posterior muerte". La teoría de la fiscalía es que la mujer fue obligada a someterse a un aborto.

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Tutau pidió a los Perassi una semana de plazo para detener a los acusados del crimen.
 
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